Valoración de la PAH de las medidas del Gobierno
12 de enero de 2023
El enorme trabajo que se realiza desde la PAH por impedir desahucios y ampliar el derecho a la vivienda de miles de personas tiene sus frutos. Sobre todo dos: las medidas que amplían la moratoria de alquileres hasta el 31 de diciembre de 2024 (modificando los artículos 1 y 1.bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo) y el compromiso de la suspensión de los desahucios provocados por ejecuciones hipotecarias hasta 2008. La aprobación de 2.000 millones de euros para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación, para incrementar o mejorar el parque de vivienda en alquiler social o a precios asequibles, exige una valoración aparte.
Que más de diez mil familias cada año no hayan tenido que abandonar su vivienda por procedimientos de alquileres gracias a esta moratoria, es un logro y una alegría inmensa; como también que mantengan la posesión de la vivienda muchos miles (27.800 hasta diciembre de 2017 -estamos pendientes de los datos actuales solicitados por transparencia al Gobierno-), a las que se va a prolongar la moratoria hipotecaria hasta 2028. Pero esta valoración coyuntural, como mal menor…, ¿por qué?
Porque quedarnos ahí sería un triunfalismo imperdonable; a pesar de lo dicho, en la PAH sabemos que todos los días hay muchas vidas en juego a quienes no se aplican estas medidas: según el CGPJ, en estos tres últimos años ha habido 77.671 desahucios por impago de alquileres y 25.527 por ejecuciones hipotecarias y, aunque no todos son de familias vulnerables sin alternativa, una grandísima mayoría sí lo son. Por eso, la PAH solicitamos el día 22 de diciembre a la ministra de Vivienda que se mejorara la normativa de alquileres y que recogiera a todas las familias sin alternativa habitacional. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda y no se puede aceptar que se exijan unos requisitos muy restringidos (tres veces IPREM en toda la unidad familiar, o que solo se pueden acoger tres supuestos en caso de desahucio por ocupación -persona dependiente, violencia de género o menores-); que se deje demasiado abierta la decisión de paralizar o no el desahucio en manos de la judicatura, que niega a veces la evidencia, o se impongan límites temporales al mismo. Por lo tanto, seguiremos luchando hasta que todas las personas puedan disfrutarlo.
Respecto a la suspensión de desahucios a personas vulnerables por procedimientos de ejecución hipotecaria, hemos de avanzar también para que no queden excluidos quienes puedan perder la vivienda por otras situaciones, como avalar un proyecto económico.
LA PAH solo estaremos contentas cuando se adopten medidas valientes, amplias y se apliquen de manera estructural: se mantengan hasta que haya vivienda pública, para que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Así se lo hicimos saber el pasado 22 de diciembre a la ministra.
En definitiva, el derecho a la vivienda necesita medidas valientes y contundentes, porque hay muchos factores que lo están lastrando: la necesidad del alquiler social obligatorio; la limitación de los precios de los alquileres; el control del euríbor y mecanismos económicos para que no aumente la emergencia habitacional; el urgentísimo Plan de Choque para aumentar el parque público con la puesta a disposición de las administraciones de viviendas vacías de la banca rescatada y fondos de inversión y socimis; las viviendas de la Sareb e incremento presupuestario para el aquí y ahora; la aplicación de la Ley Vivienda en todas las comunidades autónomas que garantice trato igual para todas las persones y la adopción de medidas que desde las Naciones Unidas y desde la propuesta de la PAH y otros movimientos sociales ya llevamos años exigiendo al Gobierno del Estado para que sea un estado social y de derecho.
La lucha de la PAH exige y valora cada paso, porque es decisivo para cada persona, pero seguiremos luchando para que el derecho a la vivienda se consiga para todas las personas.
¡Porque hay vidas en juego!
¡Sí se puede!