La reacción del Gobierno al voto en contra de la derecha a mantener el escudo social, ha sido no hacer nada y no llevar plan B ni alternativa alguna al Consejo Ministros de hoy
Si la semana pasada decaía por segunda vez en este año el “escudo social”, como consecuencia del servilismo de PP, Vox y Junts a los intereses de fondos, banca y grandes tenedores de vivienda, posicionándose claramente en contra de personas y familias vulnerables, esta semana no hay plan B. Hoy en el consejo de ministros, ha sido el Gobierno el que no ha movido ficha por el temor a una nueva derrota parlamentaria. Priorizar cálculos electorales por encima de la gente es uno de los motivos que no ha traído a esta alarma social crónica.
Es bueno recordar que esta medida de protección tan insuficiente (sólo protege a 1 de cada 4 desahucios) como necesaria para el resto, se aprobó por primera vez en 2020, cuando ya se había superado el millón de desahucios provocados por la anterior crisis, pero no vino motivado por esta causa, sino por la pandemia. Desde entonces se ha venido renovando, provocando cada final de año, un sufrimiento añadido a las familias vulnerables por la incertidumbre de la renovación.
Desde el principio, la PAH hemos venido denunciando el incumplimiento de los compromisos internacionales del estado en materia de Derechos Humanos en relación con la vivienda, así como el incumplimiento sistemático de las recomendaciones del Comité DESC de Naciones Unidas en cada nueva condena a España por vulnerar el Derecho a la Vivienda. Hemos venido exigiendo medidas estructurales que impidieran los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional sin que se nos haya escuchado.
Ya el pasado año, se produjo un primer rechazo a esta medida por parte de los mismos PP, Vox y Junts, más preocupados por los intereses financieros y especuladores que por los de la mayoría social, y este año ya van dos. Esta servidumbre, unida a la inacción del Gobierno esta semana, está provocando un vacío legal que no paramos de notar en nuestras asambleas: No paran de entrarnos nuevos avisos de desahucio que carecen de protección.
El Gobierno debiera ser consciente de que el número de desahucios, con escudo desde 2020 hasta el tercer trimestre de 2025 ha ascendido a 182.604 en datos del CGPJ. Sin escudo habrían superado los 200.000. También de que se vienen encima alrededor de 600.000 finalizaciones de contratos de alquiler renovados o suscritos en 2020, y que si sus renovaciones se imponen en los precios actuales (alrededor de un 40% más de renta) la cascada de desahucios sólo se verá frenada por la capacidad de actuación de los juzgados.
Ante esta coyuntura, tan negra como injusta y cierta, la PAH exigimos del Gobierno:
- La urgente aprobación de un nuevo decreto que tape el agujero legal abierto con la negativa de los servidores de los buitres y construya una mayoría suficiente para que pueda ser validada, sin empeorar la ya corta protección, así como sensibilidad social a PP, Vox y Junts, responsables de la ola que han provocado.
- Que empiece a trabajar urgentemente en la aprobación y puesta en marcha de medidas estructurales de protección a vulnerables, que, no debemos de olvidar, son también de cumplimiento de los artículos 96.1, 10.2 y 47 de la Constitución, que hasta el momento son ignorados.
Recordemos que la vivienda es la principal preocupaciones de la ciudadanía en general, que no basta con hacer política de titulares, hay que caminar hacía una transformación real, que garantice el derecho a la vivienda para todas, acabando con la especulación, eliminando la acaparación y apostando por un escudo universal y público.
Si no tienen un plan B, ¡nosotras si!