El Parlamento Europeo ha aprobado el informe de recomendaciones sobre la crisis de la vivienda que propone basicamente seguir cuidando el mercado en lugar de intervenirlo
Si ya vanzamos nuestro posicionamiento frente al Plan Europeo de Vivienda Asequible, desde la PAH queremos pronunciarnos ante la aprobación, el 9 de febrero, por parte del Parlamento Europeo del informe de recomendaciones sobre la crisis de la vivienda elaborado por la comisión especial HOUS. Este informe llega tras meses de audiencias, consultas con distintos actores sociales y negociaciones políticas entre los grupos parlamentarios.
El informe parte de un diagnóstico ampliamente compartido: el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en uno de los principales problemas sociales para millones de personas en toda la Unión Europea. Sin embargo, las soluciones que propone el texto se centran principalmente en aumentar la oferta de vivienda mediante la reducción de trámites administrativos, la aceleración de los permisos de construcción y la creación de incentivos fiscales que favorezcan el acceso a la vivienda y al alquiler.
El informe también plantea reforzar la “seguridad jurídica” para atraer inversión privada al sector inmobiliario y movilizar capital para el desarrollo de nuevas viviendas. Asimismo, incluye referencias a la eficiencia energética del parque residencial, a la lucha contra la pobreza energética y a la necesidad de aumentar la inversión pública en vivienda social y asequible.
El texto impulsado por el eurodiputado Borja Giménez Larraz, del Partido Popular Europeo, pretende reforzar la propiedad privada, garantizar seguridad jurídica para los inversores y respetar la diversidad de los sistemas de vivienda existentes en los distintos Estados miembros.
Desde la PAH consideramos que, a pesar de algunos cambios introducidos durante las negociaciones, la orientación general del informe sigue apostando por una lógica claramente basada en el mercado. Se mantiene la idea de que el aumento de la oferta y la atracción de inversión privada serán suficientes para resolver la crisis de la vivienda, una premisa que la experiencia reciente en muchas ciudades europeas demuestra que es claramente insuficiente.
Principales problemas del informe
En nuestra opinión, el texto presenta varios problemas de fondo que dificultan avanzar hacia una verdadera garantía del derecho a la vivienda en Europa.
1. Prioriza a los inversores por encima de las inquilinas
El informe promueve la inversión privada en vivienda sin establecer salvaguardias vinculantes contra beneficios excesivos o prácticas especulativas. No plantea mecanismos claros para frenar la subida de los alquileres ni para abordar el problema de las viviendas vacías vinculadas a la especulación inmobiliaria.
Tampoco incorpora medidas que permitan excluir la inversión en vivienda pública y social de los marcos fiscales restrictivos que limitan la capacidad de los Estados para ampliar su parque público. Al mismo tiempo, las referencias a la protección de las inquilinas, la regulación de los alquileres de corta duración y el refuerzo de la vivienda social aparecen formuladas de manera débil y no vinculante.
2. Impulsa la desregulación en lugar de fortalecer la vivienda pública
El informe propone la creación de un “Paquete de Simplificación de la Vivienda” destinado a reducir requisitos regulatorios y acelerar los permisos de construcción. Este planteamiento incluye revisar legislación europea considerada “gravosa” para el sector de la construcción.
Nos preocupa que esta orientación pueda acabar debilitando normas importantes, incluidas aquellas relacionadas con la protección ambiental, la eficiencia energética o la planificación urbana responsable, sin garantizar al mismo tiempo que el aumento de la construcción se traduzca en vivienda realmente asequible.
3. Refuerza los derechos de propiedad mientras criminaliza la pobreza residencial
El documento dedica un tratamiento firme y detallado a la protección de los derechos de propiedad privada y a la lucha contra la ocupación ilegal. Entre otras cuestiones, plantea acelerar los procedimientos de desalojo y propone incluso la creación de un registro europeo de ocupaciones ilegales.
Desde la PAH denunciamos que este enfoque desplaza el debate hacia marcos securitarios y de criminalización de la pobreza, en lugar de abordar las causas estructurales que llevan a muchas personas a situaciones de exclusión residencial.
Durante el proceso de negociación se introdujeron algunos matices gracias a la presión de grupos progresistas y de organizaciones sociales, especialmente en lo relativo a la inversión pública, la vivienda social y la lucha contra la pobreza energética. Sin embargo, estos elementos no cambian la lógica central del informe.
Sin embargo, el proceso aún no ha terminado. La votación en el pleno del Parlamento Europeo prevista para este mes de marzo será un momento clave. Todavía pueden presentarse enmiendas y la presión política durante los próximos días será determinante.
La sociedad civil debe hacerse oír
Desde la PAH creemos que es fundamental demostrar que la sociedad civil europea, los movimientos de inquilinos y las organizaciones de base están vigilando este proceso. La crisis de la vivienda exige un cambio de rumbo que sitúe el derecho a la vivienda por encima de los intereses del mercado inmobiliario.
Europa necesita políticas que amplíen de forma estructural el parque público y social de vivienda, regulen los mercados del alquiler, frenen la especulación y garanticen que la vivienda sea tratada como lo que es: un derecho fundamental y no un activo financiero.
Por ello, llamamos a reforzar la movilización social y la presión política en toda Europa para exigir políticas de vivienda que garanticen, de forma efectiva, una vivienda digna y asequible para todas las personas.
Valoramos positivamente que la vivienda se consolide como una prioridad política en la agenda europea. No obstante, el verdadero reto será transformar estas recomendaciones en políticas vinculantes que sitúen el derecho a la vivienda por encima de los intereses del mercado inmobiliario y que permitan garantizar una vivienda digna, estable y asequible para todas las personas en Europa.
