Porlapah
#HousingEmergencySpain Publicación de la versión inglesa del Informe sobre Emergencia Habitacional en España
Hoy publicamos la traducción al inglés de la publicación “Emergencia Habitacional en el Estado Español. La crisis de las ejecuciones y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos”, elaborada por el Observatori DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Esta traducción se debe al interés demostrado tanto por parte de medios de comunicación Internacionales, como de las distintas redes europeas e Internacionales o las que participamos.
En este informe analizamos el resultado de las 11.561 encuestas realizadas a persones afectadas que han contactado con la PAH durante los últimos dos años, y es el primer informe estatal que recoge datos de cómo afectan las ejecuciones hipotecarias a la salud, o cuáles son las entidades que más ejecutan. Entre otros aspectos el Informe muestra cómo una vez llevado a cabo el proceso de reestructuración bancaria las entidades que más desahucian son Bankia (20%), BBVA (15%), Caixa Bank (15%) y Santander (14%). Al mismo tiempo, el Informe nos permitió evidenciar por un lado, que el 60% de los hogares afectados están integrados por menores de edad, los cuáles padecen en primera persona los impactos de la problemática.
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Carmen se queda: la ciudadanía vuelve a ir por delante de las instituciones defendiendo y construyendo el derecho a la vivienda
El desahucio de Carmen genera una ola de solidaridad y vuelve a dejar en evidencia el fracaso de la política de vivienda del PPSOE
Exigimos una reunión con el Ministerio de Economía y la directora de la SAREB para abordar la cesión de viviendas para hacer frente a la emergencia habitacional
El drama de los desahucios no se ha frenado desde que comenzó la crisis. Año tras año, los datos oficiales nos sorprenden con cifras escalofriantes que confirman el fracaso de las políticas en materia de vivienda de todos los gobiernos de los últimos años. Solo en el primer semestre de este año, 26.500 familias han perdido sus hogares, más de 346.000 desde el 2008, todas estas familias tienen caras, nombres y son casos como el de Carmen, la vecina de 85 años desahuciada en Vallekas el pasado día 21.
A pesar del enorme consenso social sobre lo injusto que son estos desahucios, incluso el consenso legal en diversos tribunales europeos de que el sistema hipotecario español es una trampa para las personas hipotecadas, nuestros gobernantes siguen mirando para otro lado ante los cientos de desahucios que se producen a diario. A los resultados ínfimos de la moratoria del PP contra los deshaucios, se suma la inexistencia de un parque público de vivienda para atender a las miles de famílias desahuciadas.
Porlapah
Recta final para la recogida de datos a través de la #EncuestaPAH
El próximo miércoles, 19 de noviembre, terminará el plazo para la recogida de respuestas a la #EncuestaPAH.
Esta encuesta, elaborada por la PAH junto con el Observatorio DESC, es fruto a la necesidad de tener datos cualitativos y dar luz al impacto de procedimiento de ejecuciones hipotecarias. En la encuesta se recogen datos socio-demográficos, de la vivienda, la situación habitacional, la alimentación, necesidades básicas, socio-económicos, y haciendo especial énfasis en el tema de la infancia y la salud.
El período de recogida de datos se inició el pasado mes de septiembre y hasta el día de hoy ya se han conseguido cientos de respuestas. No obstante, necesitamos aumentar las respuestas de aquellas províncias de Cataluña menos representadas en los datos obtenidos, como Tarragona, Lleida y Girona.
Por esta razón, prolongamos el període de recogida hasta mediados de la próxima semana.
Con la falta de datos, el gobierno pretende invisibilizar la situación de emergencia habitacional que sufre la ciudadanía. Una vez más, es la propia ciudadanía organizada la que va un paso por delante de las instituciones obteniendo datos de calidad para sacar a la luz el drama de los desahucios.
¡Animaros a participar!
Podéis participar de la encuesta en este enlace.
Porlapah
Nuevos documentos útiles para solicitar la devolución de la plusvalía o el IRPF
Una de las expresiones más duras de la connivencia del gobierno español con la emergencia habitacional son las consecuencias fiscales de los desahucios y las daciones en pago.
Hasta el pasado 5 de julio de 2014 ambos hechos podían daban lugar a la obligación de pagar cantidades substanciosas en concepto de IRPF y Plusvalía. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hemos denunciado esta injusticia tributaria en numerosas ocasiones.
En diciembre de 2012 iniciamos una campaña de mociones a través de la cual miles de ayuntamientos acordaron la subvención o suspensión cautelar del cobro de la plusvalía e instaron al gobierno central a modificar la normativa tributaria, tomando partido a favor de la población.
Finalmente el gobierno decidió acabar con este abuso a través del Real Decreto-ley 8/2014, estableciendo una exención con efectos retroactivos en el pago de la plusvalía. Parece que la incansable presión de la ciudadanía organizada y, quizás, unas cercanas elecciones generales, dieron sus frutos y el gobierno se vio forzado a rectificar su posición, demostrando una vez más que “sí se puede”.
Nueva victoria y precedente importantísimo de la Obra Social de la PAH en Manresa
Nueva victoria y precedente importantísimo de la Obra Social de la PAH en Manresa
El mismo día, la PAH ocupa el Barcelona MeetingPoint y fuerza una reunión con la SAREB
La Obra Social de la PAH en Manresa: Sí Se Puede
Tras meses de negociaciones, la PAH fuerza a Caixa Banc a aceptar un alquiler social para las cinco familias que viven en un bloque recuperado por la Obra social la PAH en Manresa. Las familias serán realojadas en viviendas de Caixa Banc, y además, gracias a la presión de la PAH, el edificio pasará formar parte del Fondo Municipal del Vivienda, aumentando así la vivienda pública social de la ciudad de Manresa.
Una nueva victoria de la PAH que se conocía ayer, mientras en Barcelona la PAH bloqueaba el Barcelona Meeting Point (BMP), una de las ferias inmobiliarias más importantes del país.
A día de hoy, el ejemplo de Manresa muestra cómo la PAH es quien está obligando a las entidades bancarias a poner sus viviendas a disposición de las personas. Tras meses de negociaciones estancadas entre Caixa Banc y la PAHC Bages, y que Caixa Banc denunciara a las familias que viven en el bloque en el juzgado, la PAHC Bages consiguió desbloquear las negociaciones y obligar a la entidad a adoptar un acuerdo con tres puntos:
- Realojo de las cinco familias en viviendas de Caixa Banc en régimen de alquiler social
- La cesión del edificio recuperado por la PAHC Bages en el marco de la Obra Social la PAH al fondo municipal de viviendas de la ciudad de Manresa (una ciudad con un parque de vivienda, del cual el 24% están vacías). Gracias a la PAH, Caixa Banc se ocupará de la rehabilitación de las viviendas.
- La retirada de la denuncia y la clausura del proceso penal
La cesión del edificio de vivienda para alquiler social es un precedente importantísimo para la campaña Obra Social de la PAH: el banco, frente a la presión social, se ve obligado a reconocer que es responsable del problema y mueve ficha para subsanarlo. Esta victoria se suma a la que consiguió en mayo la PAH Terrassa, forzando a CaixaCatalunya a realojar a las 11 que vivían en un bloque recuperado propiedad de esa entidad rescatada.
Comunicado de la PAHC Manresa para descarga
la PAH bloquea el Barcelona Meeting Point: ¡son nuestras casas!
Mientras la PAH defiende el derecho a la vivienda de las familias, como en Manresa, sigue habiendo actores (la SAREB, los bancos, el Gobierno central etc.) que se aferran a un modelo fallido, el de la burbuja inmobiliaria, que la mayoría de la población rechaza a la vista de sus horribles consecuencias sociales (ejecuciones hipotecarias, desahucios, sufrimiento…).
La irrupción de la PAH en el salón inmobiliario (BMP) transmitió el mensaje de que estamos sufriendo una verdadera emergencia habitacional, y a los inversores internacionales, que las viviendas que les ofrecen para hacer negocio las necesita con urgencia la gente, y que las vamos a reclamar.
La Obra Social de la PAH: autotutela de derechos fundamentales. El caso del Bloc Salt
El ejemplo de Manresa o la acción de denuncia en el salón Meeting Point ponen de relieve una vez más que la PAH está haciendo el trabajo que no hacen las administraciones, y que es la presión social y la movilización ciudadana la que está dando respuesta a la vulneración sistemática de derechos humanos. Una vulneración de la que también alertó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso del Bloc Salt, instando a las administraciones públicas a intervenir en los casos en los que los derechos fundamentales de las personas no sean garantizados. Un toque de atención frente al cual la Generalitat se ha visto obligada a reaccionar rápidamente y sobre el cual ayer mismo tuvo que dar explicaciones al alto tribunal. El TEDH se pronunciará el próximo día 29 en base a la documentacion presentada por las administraciones catalanas y españolas.
Reunión con la SAREB después de bloquear durante todo el día el Barcelona Meeting Point
Después de bloquear pacíficamente durante todo el día de ayer el Barcelona Meeting Point, la PAH consiguió sentar en una mesa a la SAREB y la Generalitat para abordar dos cuestiones urgentes:
- La necesidad de que el parque de vivienda de la SAREB pase a formar parte de un parque público de alquiler social.
- Abordar la cuestión del Bloc Salt a la espera de la resolucion del TEDH el próximo martes 29, exigiendo asunción de responsabilidades por parte de la SAREB.
Después de esta primera reunión con la SAREB y en presencia de Carles Sala, secretario General d’Habitatge, se adoptaron los siguientes compromisos:
- Por primera vez, conseguimos sentar a la SAREB frente a la PAH, y su director de activos inmobiliarios, Juan Barba, aceptó estudiar su parque de vivienda con el objetivo de poder aumentar el destinado a alquiler.
- En el caso de Salt, la Generalitat se compromete a buscar una solución implicando a la SAREB en ésta e informar a la PAH en la semana próxima.
Con la ocupación del salón BMP de ayer la PAH lanza un mensaje claro a los inversores internacionales y a la SAREB: no vamos a permitir que se malvenda el patrominio de todos para lucro de pocos, cuando lo necesitamos para dar respuesta a la emergencia habitacional. La gravedad de la situación no nos lo permite. Frente a una realidad tan obvia como que hay miles de familias sin vivienda, sin posibilidad de acceder a una, y millones de viviendas vacías, la diatriba es de sentido común.
La PAH continuará autotutelando derechos, recuperando viviendas y devolviéndoles su función social. Es una obligación democrática y urgente. El caso de Manresa es una muestra de que la movilización ciudadana consigue lo que las administraciones, con todos sus recursos, dicen que «no es posible», por lo tanto es solo una cuestión de voluntad política. Porque en la PAH sabemos que Sí Se Puede.
¡Si se quiere, se puede! Las viviendas del banco malo para las personas.
SAREB vs Bloc Salt: dos modelos contrapuestos y una oportunidad para el derecho a la vivienda
SAREB vs Bloc Salt / manifiesto / català / manifest / adhesiones / cartel
El caso del Bloc Salt y la SAREB: una oportunidad para el derecho a la vivienda.
Después de realojar a más de 700 personas, la Obra Social de la PAH vive su primer gran pulso con la SAREB. La jueza de la Audiencia Provincial de Girona ha accedido a la petición de la SAREB de desalojar el Bloc Salt de Girona. En el bloc viven 43 personas (21 de ellas menores) desde marzo de 2013, después de que llevara más de tres años vacío.
Esta fecha de desalojo visualizará un gran choque de dos modelos contrapuestos. Como dos icebergs que colisionan: el modelo del Gobierno «El Banco del Terror» (SAREB), y el modelo de la gente «La autotutela de derechos» (La Obra Social de la PAH).
Modelo 1. El Banco del Terror
La SAREB cuenta con un 45% de capital público, aglutina a las entidades nacionalizadas , y tiene como función de «sanear el sistema bancario» y el objetivo legal y legalizado de «enajenar activos procedentes de las entidades nacionalizadas»
Hablando en plata, su objetivo es malvender el patrimonio público, de las entidades rescatadas con dinero público, de todos. Y venderlo, en muchos casos a fondos buitres.
Nada más alejado de la garantía de derechos fundamentales. Más teniendo en cuenta que este patrimonio no es un bien cualquiera: sino uno de primera necesidad, sobre todo, cuando estamos en situación de clara emergencia habitacional.
Una «imposición» del MOU la Troika y el FROB, avalada, respaldada y fomentada por el RD 1559/2012, del Gobierno central, y la pasividad y connivencia de las administraciones locales.
Legislar a base de reales decretos, contra la voluntad ciudadana, para perpetuar los privilegios de las entidades financieras y vulnerando derechos. Modelo 1.
Modelo 2. Autotutela de derechos frente al vacío gubernamental
La PAH, la ciudadanía organizada, ha paralizado más de 750 desahucios, realojado a más de 700 personas, y obligado a las entidades financieras a firmar miles de daciones en pago. Frente a la emergencia habitacional, la práctica de movilizazión y la desobediencia civil ha conseguido hacer mucho más que cualquier administración pública. Desde la autoorganización, el apoyo mutuo y la solidaridad.
Es el caso del Bloc Salt: tres años vacío, 15 viviendas, propiedad de Banco Mare Nostrum, y posteriormente del SAREB.
La situación de emergencia habitacional es insostenible e innegable, la acumulación de vivienda vacía también. Y la lógica (de la mayoría) aplastante: si la gente se queda sin casa, si los bancos rescatados con dinero público acumulan viviendas vacías, es una obligación retornarle a esas viviendas la función social. Desde hace seis meses 43 personas habitan en el Bloc Salt, autotutelando su derecho a la vivienda, fomentando la soberanía alimentaria, organizando la vida cotidiana. Una lucha de David contra Goliat. Arrebatándole a la SAREB lo que nos pertenece, a todos.
Esta autotutela de derechos desde la desobediencia civil muestra de nuevo que Sí Se Puede.
El desalojo del Bloc Salt es un desafío de una banca rescatada (más de 40.000 millones de €uros públicos y unos activos -viviendas- que suman 50.499 millones) y de las administraciones públicas que le hacen el juego.
En este pulso, las personas que nos autorescatamos, desde abajo, vamos a dejar claro que si la SAREB es nuestra, sus casas también. El bloc Salt es nuestro.
La amenaza de desalojo al bloc Salt es una oportunidad para obligar a la SAREB y a sus cómplices políticos a convertir las viviendas en manos de la banca en un parque público de vivienda. El siguiente paso.
El día 16 de octubre es la fecha de desalojo dictada por la Audiencia Provincial. El día 15 te esperamos en Salt (Girona), a partir de hoy el bloc Salt será en bloc del Terror para la SAREB. Los derechos se conquistan a través de las luchas, y evitar el desalojo del bloc Salt es una victoria necesaria en la conquista cotidiana derecho a la vivienda.
A Salt a defender el derecho a la vivienda.
[SAREB vs Bloc Salt: dos modelos contrapuestos y una oportunidad para el derecho a la vivienda]
Hoy en día resulta innegable que quienes se han beneficiado de la estafa hipotecaria son los que no están pagando las consecuencias. Desde hace más de cuatro años, la PAH no solo ha acumulado victorias, sino que ha sido un actor clave a la hora de determinar el debate sobre el derecho a la vivienda. También sobre la falta de mecanismos de control democrático sobre las entidades financieras.
Frente a unas entidades bancarias recatadas con más de 40.000 Millones de €uros públicos, desde la PAH hemos rescatado a las personas, no a los bancos.
Y con la orden de desalojo del bloc Salt dictada para el 16 de octubre se contraponen dos modelos: «rescate bancario» vs «rescatemos personas y no bancos». Frente a la obra anti-social de los bancos y el incumplimiento de la función social de la vivienda, la obra social PAH, la de los que han sido desahuciados.
El bloc Salt fue recuperado en marzo de 2013, después de llevar tres años vacíos, propiedad del Banco Mare Nostrum, pasó posteriormente a formar parte de los «activos» del Banco Malo, SAREB.
Actualmente viven 43 personas en el bloque (21 de ellas, menores), personas que han agotado todas las vías para acceder a una vivienda y que no han encontrado respuesta en las deficientes políticas públicas de vivienda. 43 personas en una Obra Social de la PAH que ha contado con la solidaridad y el apoyo de cientos de colectivos, agrupaciones, asociaciones de la provincia de Girona.
El bloc Salt, de nuevo, pone de relieve la necesidad de que la vivienda recupere su función social, de que sea un derecho y no un privilegio en manos de bancos malos y fondos buitres. Desde el bloque, se ha intentado negociar con el SAREB un alquler social para las personas que lo habitan, instando también al Ayuntamiento de Girona y de Salt a interceder en la negociación. La SAREB ha respondido solicitando la orden de desalojo del bloque.
El desalojo del bloc Salt supondría dejar de nuevo en la calle a 43 personas en un territorio en el que se acumulan las viviendas vacías. Y supone también mucho más: dejar en manos de las entidades financieras la capacidad de vender nuestros derechos al mejor postor para perpetuar sus privilegios.
Resulta inadmisible que se produzca el desalojo del Bloc Salt, menos cuando no se cuenta con alternativas habitacionales para las personas que lo habitan. Pero es también una cuestión de democracia evitar el desalojo del bloc Salt y otorgarle su función social. Una banca nacionalizada no puede, en cualquier sistema que se considere mínimamente democrático, vulnerar sistemáticamente derechos fundamentales a cambio de sacar un beneficio económico para un reducido número de personas.
Así pues hacemos un llamamiento a defender el bloc Salt, a posicionarse a favor del derecho a la vivienda. Y exigimos:
- A la SAREB a retirar la denuncia y negociar un alquiler social
- A las administraciones locales a implementar mecanismos para obligar a las entidades financieras a darle una función social a las viviendas vacías que acumulan y presionar a la SAREB para que el caso del Bloc Salt (Girona) sea el primero.
- A la administración autonómica a desobedecer la orden judicial e instar a la SAREB a retirar la denuncia y obligar a las entidades financieras a darle una función social a las viviendas vacías que acumulan
- Y al gobierno central a retirar el RD 1559/2012 y llevar a cabo todos los pasos necesarios para que la vivienda vacía en manos de la banca y el SAREB pase a formar parte de un parque de vivienda público.
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Puedes adherirte a este manifiesto enviando un mail a obrasocialpah@gmail.com (pon en el asunto «adhesión»)
El cas del Bloc de Salt i la SAREB: Dos models contraposats i una oportunitat pel dret a la vivenda
Un cop reallotjades més de 700 persones, l’Obra Social de la PAH viu el seu primer gran pols amb la SAREB. La Jutgessa de l’Audiència Provincial de Girona ha accedit a la petició de desallotjament del Bloc de Salt de Girona formulada per la SAREB. Bloc que es trobava buit des de feia tres anys i en el que des del mes de març de 2013 hi viuen 43 persones (21 d’elles menors).
La data de desallotjament visualitzarà el xoc de dos models contraposats, com dos iceberts que col-lisionen; d’una banda el model del Govern «El Banc del Terror» (SAREB), i el model de la gent «L’autotutela de drets» (L’Obra Social de la PAH).
Model 1. El Banc del Terror
La SAREB compta amb un 45% de capital públic, aglutina a les entitats nacionalitzades, i té com a funció (malgrat sembli mentida, legal) de «sanejar el sistema bancari» i l'»alienació d’actius procedents de les entitats nacionalitzades«.
Parlant clar, el seu objectiu és malvendre el patrimoni públic de les entitats rescatades amb diner públic, és a dir, de tots. I vendre’l, en molts casos a fons rapinyaires.
Tot plegat queda molt allunyat de la garantia dels drets fonamentals. I sobretot tenint en compte que aquest patrimoni no és qualsevol cosa: sinó un bé de primera necessitat i especialment quan ens trobem en una situació de clara emergència habitacional.
Una «imposició» de la Troika i el FROB, avalada, recolzada i fonamentada pel RD 1559/2012, del Govern estatal i la passivitat i connivència de les administracions autonòmiques i locals.
Legislar a base de reials decrets, contra la voluntat ciutadana, per perpetuar els privilegis de les entitats financeres i vulnerant drets fonamentals: Aquest és el Model 1.
Model 2. Autotutela de drets davant el buit governamental.
La PAH, la ciutadania organitzada, ja ha paralitzat més de 750 desnonaments, ha reallotjat més de 700 persones i obligat les entitats financeres a signar milers de dacions en pagament. Davant l’emergencia habitacional, la pràctica de la desobediència civil ha aconseguit fer molt més que qualsevol administració pública. Des de l’autoorganització, el recolzament mutu i la solidaritat.
És el cas del Bloc de Salt: tres anys buit, 15 vivendes, propietat del Banc Mare Nostrum i actualment del SAREB.
La situació d’emergència habitacional és insostenible i innegable, l’acumulació de vivenda buida, també. I la lògica (de la majoria) aplastant; si la gent és expulsada de casa seva, si els bans rescatats amb diner públic acumulen vivendes buides, és una obligació retornar a les vivendes la seva funció social. Des de fa sis mesos 43 persones habiten el Bloc de Salt, autotutelant el seu dret a la vivenda, fonamentant la sobirania alimentària, organitzant la vida quotidiana. Una lluita de David contra Goliat. Arrebatant-li a la SAREB el que ens pertany a totes.
Aquesta autotutela de drets des de la desobediència civil mostra de nou que Sí que podem.
El desallotjament del Bloc de Salt és un desafiament d’una banca rescatada (més de 40.000M d’Euros públics i els actius -vivendes- que sumen 50.499M) i de les administracions públiques que li segueixen el joc.
En aquest pols, les persones que autorescatem, des d’abaix, deixarem clar que si la SAREB és nostra, les seves cases també.
És una oportunitat per obligar la SAREB i els seus còmplices polítics a convertir el parc de vivendes en mans de la banca en un parc de vivenda pública. El següent pas.
El dia 16 d’octubre és la data de desallotjament dictada per l’Audiència Provincial. El dia 15 t’esperem a Salt (Girona), a partir d’avui el bloc de Salt serà el bloc del Terror per la SAREB.
Els drets es conquereixen a través de les lluites, i evitar el desallotjament del bloc de Salt és una victòria necessària en la conquesta quotidiana del dret a la vivenda.
A Salt, a defensar el dret a la vivenda!
[El cas del Bloc de Salt i la SAREB: Dos models contraposats i una oportunitat pel dret a la vivenda]
Avui en dia resulta innegable que aquells que s’han beneficiat de l’estafa hipotecària són els que no estan pagant-ne les conseqüències. Des de fa més de quatre anys, la PAH no només ha acumulat victòries, sinó que ha estat un actor clau a l’hora de determinar el debat sobre el dret a la vivenda. També sobre la falta de mecanismes de control democràtic sobre les entitats financeres.
Enfront unes entitats bancàries rescatades amb més de 40.000M d’Euros públics, la PAH ha rescatat persones, no bancs. I amb l’ordre de desallotjament del bloc de Salt dictada pel dia 16 d’octubre es contraposen dos models; «rescat bancari» vs «rescat de persones». Davant l’obra antisocial dels bancs i l’incompliment de la funció social de la vivenda; l’obra social de la PAH dels que han estat desnonats.
El bloc de Salt fou recuperat el març de 2013, després de dur tres anys buit, propietat del Banc Mare Nostrum, va passar posteriorment a formar part dels «actius» del Banc dolent, el SAREB.
Actualment al bloc hi viuen 43 persones (21 d’elles menors), persones que han esgotat totes les vies per accedir a una vivenda i que no han trobat resposta en les deficients polítiques públiques de vivenda. 43 persones en una Obra Social de la PAH que ha comptat amb la solidaritat i el recolzament de centenars de col-lectius, agrupacions i associacions de la província de Girona.
El bloc de Salt, de nou, posa de relleu la necessitat que la vivenda recuperi la seva funció social, que sigui un dret i no un privilegi en mans de bancs dolents i fons depredadors. Des del mateix bloc, s’ha intentat negociar amb el SAREB un lloguer social per les persones que hi viuen, instant també l’Ajuntament de Girona i Salt a intercedir en la negociació. La SAREB ha respost sol-licitant l’ordre de desallotjament del bloc.
El desallotjament del bloc de Salt suposaria deixar de nou al carrer a 43 persones en un territori en el que s’acumulen vivendes buides. I suposa també molt més; deixar en mans de les entitats financeres la capacitat de vendre els nostres drets al millor postor per tal de perpetuar els seus privilegis.
Resulta inadmissible que es produeixi el desallotjament del Bloc de Salt, sobretot tenint en compte que no disposem d’alternatives habitacionals per les persones que hi viuen. Però és també una qüestió de democràcia evitar el desallotjament del Bloc de Salt i atorgar-li una funció social. Una banca nacionalitzada no pot, en qualsevol sistema que es consideri mínimament democràtic, vulnerar sistemàticament drets fonamentals a canvi de l’obtenció d’un benefici econòmic per un nombre reduït de persones.
Així doncs, fem una crida a defensar el Bloc de Salt, a posicionar-se a favor del dret de la vivenda, I per tant demanem;
- A la SAREB; La retirada de la denúncia i la negociació d’un lloguer social.
- A les administracions locals; implementar mecanismes per obligar a les entitats financeres a donar una funció social a les vivendes buides que acumulen i pressionar a la SAREB per tal que així sigui a Girona.
- A l’administració autonòmica a desobeir l’ordre judicial i instar a la SAREB a retirar la denúncia i obligar les entitats financeres a donar una funció social a les vivendes buides que acumulen.
- Al govern estatal a retirar el RD 1559/2012 i dur a terme tots els passos necessaris per tal que la vivenda buida en mans de la banda i la SAREB passi a formar part d’un parc públic de vivenda públic.
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
Pots adherir-te al manifest enviant un mail a obrasocialpah@gmail.com (posa «adhesió» a l’assumpte)
Adhesiones colectivas
Grup Parlamentari CUP- AE
Grup Parlamentari ICV- EUiA
Grup Parlamentari ERC
Asociación Cultural el Raval
AEiG Santa Maria de Vista Alegre
Associació d’Educació Popular
Solidaritat amb Nicaragua
Associació de Naturalistes de Girona
Assemblea Popular de Girona
Associació de Veïns del Barri de Sant Narcís
Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona
Ateneu 24 de Juny
Ateneu Republicà Català
Justicia i Pau Girona
Casal Independentista El Forn
Comissions Obreres
Col·lectiu de Dones en l’Església per la paritat
Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme
Coordinadora Obrera Sindical
eldimoni.com [periòdic-e]
Escola d’Adults de Girona
Fundació Ser.Gi
Iaioflautes Girona
Intersindical Alternativa de Catalunya
Mancomunitat de Santa Eugènia i Can Gibert
Mesa d’Entitats per la Participació
Nucli Paulo Freire de la UdG
Moviment Popular de Sabadell
Serveis Informatius Populars de Sabadell
Seminari d’Economia Crítica Taifa
Revolta Global
Unió General de Treballadors
Acció dels Cristians per l’Abolició de la tortura
Lluita Internacionalista de Girona
Secció Sindical de Girona de CGT-CAT Administració General de l’Estat
Veïns de la Plaça Europa
Independents per Salt
Assemblea de Joves de Caldes
L’Aurora-POR (organització marxista)
Adhesiones individuales
Manuel Delgado
Iñaki Rivera
Joan Manel Tresserras
Xavier Montanyà
Marc Recha
Joan Subirats
Andreu Solsona (exjoglar)
Rita Marzoa
Rosa María Barber Aromir
Puri Obregón
Francesc Martínez López
Alberto Herbera López
Oriol Romaní i Alfonso
Herrero Canela
María Digna Reyes
Soledad Pérez Pendón
Stop Desafiuzamentos
Sallas Puigllivol Joan Carles
Engracia Casellas Teixidor
Dacil Mujica
Petra Fragoso
Paco Cánovas
Anna Gabriel
Mónica Clua Losada
Irene Cabrejas
Ger Entitat
Cecilia C. Pellico Llera
Ángel García Uyarra
Sergio Linares Martin
Eduardo Serrano
Mariel Matías
Sebastián Arroyo
María Ángeles
Adán Gis tau
Raúl García Barroso
Walter Gonzales
Neus López Rodríguez
Daniel Parra Núñez
Tere Peris
Oliver Martínez
Gabriel Palomero
María José Segura Martínez
Carlos Fonseca Amador
Aprobación de la Ley sobre la función social de la vivienda en Andalucía con las aportaciones de la PAH
Aprobación de la Ley sobre la función social de la vivienda en Andalucía con las aportaciones de la PAH. La ley recoge de nuevo la expropiación temporal del uso de la vivienda a los bancos en casos en los que haya riesgo de exclusión social ampliado a avalistas y autónomos.
Se acaba de aprobar en el Parlamento Andaluz la Ley de la Función Social de la Vivienda con medidas solicitadas en su momento por este colectivo, y ahora con nuevas aportaciones de la PAH. Esta norma recoge las medidas del Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda que se aprobó en Abril, recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional (TC), y como novedad aprueba entre otras, nuestra alegación de ampliación de la cobertura a los avalistas.
En Abril de 2012 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a través de la PAH de Málaga solicitó una medida valiente a Izquierda Unida (IU) para promover una norma que apoyara a las familias ante sus dificultades de vivienda dentro del marco autonómico con la expropiación de la cesión de uso de vivienda en casos de desahucios.
Desde entonces el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Vivienda, ha legislado primero con el Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda de Abril llamado “antidesahucios” recogiendo dicha medida y haciendo hincapié por primera vez en el derecho constitucional a una vivienda al decretar la función social de la propiedad. Posteriormente, en el mes de junio, el Parlamento Andaluz nos invitó formalmente a comparecer para intervenir de nuevo institucionalmente en la tramitación de esta nueva Ley.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se congratula de que se haya desarrollado una Ley que mejora la situación de los ciudadanos hipotecados en proceso de desahucio, que favorece el uso habitacional del parque de viviendas si son objeto de especulación por parte de Bancos y otras corporaciones dando un paso adelante para considerar que la vivienda tiene una función social y es un derecho más allá de una propiedad.
Es de nuestro interés hacer saber a la ciudadanía de la importancia de esta Ley para hacer valer el Derecho a la Vivienda, e instamos al Gobierno andaluz a que configure las consejerías afectadas dotándolas de los recursos necesarios para que se desarrolle sólidamente. Esperamos que este instrumento legislativo ayude a paliar las dificultades de vivienda de los andaluces, que se acrecientan por el abuso durante todos estos años por parte de las entidades financieras. Estos abusos nos impiden el desarrollo como individuos y como sociedad.
Esta Ley es una demostración de que ¡Sí Se Puede!. Es una intervención institucional de las personas desde abajo autoorganizadas. Esperamos que sirva como precedente para que el resto de autonomías vayan más allá.
En estos momentos diferentes comunidades autónomas como Navarra o Canarias están también legislando en esta dirección, y otras están en preparación.
No obstante, también queremos resaltar cómo esta ley deja fuera a las miles de familias. Actualmente en Andalucía hay muchas familias que están realojándose en viviendas vacías y que siguen al margen de la ley sufriendo más allá de la falta de vivienda y la persecución judicial ante una vulneración sistemática de los derechos humanos. A pesar de que el Estado no cumple con la prerrogativas constitucionales de garantizar vivienda a su ciudadanos y de la existencia de un parque de viviendas en el mercado especulativo de la propiedad, (una situación inadmisible tratándose además de viviendas de bancos rescatados con dinero público), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca si trabaja día a día por garantizar este derecho.
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Nuevo informe sobre ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda con datos inéditos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
AVANCE: Nuevo informe con datos sobre ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda con datos inéditos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
El Observatori DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentarán en septiembre un exahustivo informe con datos sobre el estado de la cuestión en materia de ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda en el Estado Español.
Una de las principales novedades de este informe es que mostrará nuevos datos sobre la problemática a partir de 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH en los últimos dos años. La muestra es interesante, no sólo por el considerable número de encuestas, sino también por la información sociodemográfica y de vulnerabilidad social que da de las personas afectadas. Además, también ofrecerá datos del comportamiento de las entidades financieras; unos datos que a día de hoy, ni los mismos bancos, ni las administraciones han querido facilitar.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatori DESC fueron de las primeras entidades que, ya en 2009, alertaron de la gravedad de la problemática y desde entonces han denunciado reiteradamente la falta de unos datos oficiales que pemitan entender la dimensión de la vulneración de los derechos fundamentales que supone el marco normativo actual en materia habitacional. Así mismo, este déficit de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades han hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos con la máxima precisión posible a partir de las personas afectadas que han contactado a la PAH en algún momento.
Sobre el ámbito geográfico, la encuesta se ha realizado a través de internet, en castellano y estaba dirigida a todo el Estado. La mayoría de respuestas son, por orden, de personas que residen en Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, y Andalucía. Esta proporción se corresponde de manera aproximada con los datos del Poder Judicial, los cuales indican que estas mismas comunidades son las más afectadas. Así, el dato geográfico, junto con el número de encuestas realizadas, confirman el valor de interés estadístico de la encuesta.
A la espera del informe completo que se publicará en septiembre, avanzamos en esta nota algunos datos de su interés:
- 1. Del total de personas afectadas, a un 60,8% aun le queda entre el 80% y el 100% por pagar, y a casi un 20% les queda entre el 60% y el 80%. Este dato corrobora que, si no se aprueba la dación en pago con efectos retroactivos, la mayoría de personas afectadas se verán abocadas a mantener una deuda perpétua en caso de sufrir una ejecución hipotecaria.
- 2. Un 35,6% declara tener avales, de los cuales, la mayoría, un 65,3% son familiares directos (padres o hijos). Así pues, de encontrarse en una situación de ejecución hipotecaria, en una tercera parte de los casos, sería más de un hogar el que estaría en juego.
- 3. La gran mayoría de las personas afectadas, un 83%, afirma no tener otra vivienda, ni de propiedad, ni de alquiler, en la que alojarse en caso de desahucio.
- 4. En el 70% de los casos, el motivo de impago de la hipoteca es el paro. El resto está relacionado con el aumento de la cuota hipotecaria, la suma de otras deudas o la separación por divorcio.
- 5. Perfil de las personas afectadas I: el 82% son nacidas en el Estado Español. Entre las personas nacidas en otros países, la comunidad más afectada es la ecuatoriana con un 4%. El nivel educativo es elevado: el 59% tienen estudios secundarios o de formación profesional, y un 24% cuentan con estudios universitarios. Estos datos por sí solos ya desmienten la imagen que se ha querido dar en ocasiones de que este es un problema de “personas inmigrantes e ignorantes”. Los datos muestran todo lo contrario.
- 6. Perfil II: La mayoría de hogares afectados, el 61,1%, se componen de tres o más miembros. Cerca de un 75% de los hogares tienen al menos un menor de 18 años. Un 31,6% de los hogares tienen una o dos personas mayores de 65 años.
- 7. Perfil III: Un 19,2% se encuentra en paro con una prestación, mientras que un 25,7% de las personas afectadas están en una situación de máxima vulnerabilidad al no disponer de trabajo o no cobrar la prestación del paro. En conjunto predomina la situación de precariedad laboral, y solo un 22,5% tienen trabajo con contrato indefinido.
- 8. Para 1/3 de las personas afectadas en algún momento la cuota de la hipoteca ha supuesto el total de los ingresos familiares. Para más del 40% supone más del 60% de los ingresos. Estos porcentajes están muy alejados de las recomendaciones de Naciones Unidas, las cuales indican que el gasto de la vivienda nunca debería superar, como máximo, un 30% de los ingresos. Y lo que es más grave: implican que el pago de la vivienda compromete el acceso a otras necesidades básicas.
- 9. Impactos en la salud y necesidades básicas: un 77% de las personas afectadas afirma haber sufrido un nivel de ansiedad alto. Sobre otras necesidades comprometidas, la mayor dificultad se concentra en el pago de la ropa (70%), los suministros del hogar (65%) y los alimentos (45%).
- 10. Comportamiento de las entidades financieras I: las personas afectadas se concentran entre el grupo BBVA, con un 15,9%; Bankia, con un 15,2%; Santander (+UCI), con un 14,2%; Caixa Bank, con un 13,8%; Catalunya Caixa, con un 9,8%. Cabe destacar que Bankia y Catalunya Caixa son entitadades rescatadas y nacionalizadas con dinero público. Destacar también que oficialmente se ha querido presentar a BBVA y a Santander como entidades ejemplares, y, en cambio, entre las personas afectadas de la PAH, lideran las hipotecas con problemas de pago, así como las ejecuciones hipotecarias.
- 11. Comportamiento de los entitadades financieras II: el 84% de las personas encuestadas intentaron negociar con el banco para encontrar una solución, y el 93,1% considera negativo el resultado de ese intento. En general, un 92% se considera insatisfecho/a con el trato recibido.
- 12. Objectivos de las personas afectadas: a la pregunta “¿qué espera conseguir con la movilización de la PAH?”, un 75% ha respondido la dación en pago, un 50,4% el alquiler social, un 43,9% una renegociación, un 33,8% la condonación, y un 16% “otros”.
Estos son sólo algunos de los datos del informe que se presentará este próximo septiembre. Como se puede ver, los datos son alarmantes: la grave vulneración del derecho a al vivienda que se produce desde hace hace años en el Estado Español está provocando la vulneración de otros derechos fundamentales, como son la salud, la alimentación o los derechos de los niños.
Por eso, el informe final se acompañará de un análisis del marco normativo, con especial atención en las novedades legislativas de los últimos meses, así como de unas recomendaciones finales para reorientar las políticas públicas de cara a parar los desahucios y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Dos procedimientos declarados nulos gracias al escrito de la PAH
Se declara la nulidad del procedimiento porque la vivienda es un derecho fundamental
La Ley 1/2013 de 14 de mayo del Partido Popular dictada supuestamente para reforzar la protección a los deudores hipotecarios fija el plazo de un mes para que las personas afectadas por la hipoteca con procedimiento judicial iniciado en el que no se haya producido el lanzamiento puedan alegar cláusulas abusivas ante los tribunales. Con ese plazo perentorio que finaliza el próximo 17 de junio se produce además de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva una nueva vulneración de los derechos humanos.
La Ley 1/2013 aprobada por el gobierno desoye el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el caso Aziz áun sabiendo que la misma es de obligado cumplimiento para el estado español y para todos los operadores jurídicos. El PP sigue ignorando las demandas de mínimos de la PAH contenidas en la ILP y las órdenes recibidas de Europa en la sentencia Aziz y ha dictado esta ley siguiendo los mandatos de la banca. A pesar de su ignominia, tenemos una buena noticia: uno de los operadores jurídicos, el Juzgado de Primera Instancia número 50 de los de Barcelona ha dictado dos Autos por los que decreta la improcedencia de dos demandas de ejecución hipotecaria presentadas por Catalunya Banc y declara la nulidad sobrevenida de los procesos y su archivo.
Estos Auto, pioneros en Barcelona, fundamentan sus argumentaciones en una idea: la vivienda es un derecho fundamental. El juzgador decreta que los jueces nacionales están vinculados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en base a ésta aprecia la nulidad sobrevenida de los procedimientos por cuanto los contratos de préstamo hipotecario contienen cláusulas abusivas. Apela, pues, a la innegable aplicación tanto de la normativa española como de la europea.
En los préstamos hipotecarios ejecutados en lo dos procedimientos se incluía una cláusula de vencimiento anticipado por la que se podía dar por vencido el préstamo por el impago de una sola cuota o el impago de la prima del seguro. El juez considera que la sola existencia de esta cláusula es el primer argumento para declarar improcedentes las ejecuciones y sus archivos por nulidad sobrevenida y ello porque así lo estableció la STJUE de 14 de mayo y así lo establece el artículo 693 incluido en la nueva Ley 1/2013.
En uno de los autos establece que, además, la ejecutante de la hipoteca –Catalunya Banc- no es la titular registral de la misma: Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa y al no haberse producido la inscripción de la cesión a favor de Catalunya Banc SAU, debe acordarse la terminación del proceso.
El Magistrado Sergio Fernández Iglesias, en base a las STJUE 14.06.12, 21.02.13 y la del caso Aziz 14.03.13, señala en estos autos que en los mismos préstamos podrían tener carácter abusivo al menos otras cláusulas: las relativas al interés de demora, la liquidación unilateral de la deuda y la cláusula suelo.
Establecen también los autos que siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo el juez nacional debe compensar el desequilibrio que se produce entre las partes que intervienen en el contrato de préstamo hipotecario -el profesional (Banco) y el consumidor- cuando no concurra un verdadero acuerdo entre ellos; arguye el juzgador que los contratos hipotecarios son de adhesión y las referidas cláusulas abusivas no se han negociado individualmente. Así, para determinar si el desequilibrio se produce, el juez deberá valorar si el consumidor aceptaría unas cláusulas de este tipo en el marco de una negociación individual.
El Magistrado deriva en ambos procedimientos al consumidor afectado a que inste la correspondiente demanda en los juzgados para pedir la nulidad de las cláusulas abusivas y en sus partes dispositivas declara la nulidad sobrevenida de los procedimientos hipotecarios y el archivo de los mismos.
Se ha abierto la veda. Esperemos que mientras el gobierno hace oídos sordos a nuestras demandas los jueces sigan avanzando y dando un paso más.
Sí, se puede.
La nueva ley de alquiler antepone los privilegios de una minoría a los derechos de la ciudadanía
La reforma de la ley de alquiler (LAU) persiste en la vulneración del derecho a la vivienda
Primero concedieron hipotecas abusivas. Luego desahuciaron, se quedaron con los pisos y continuaron reclamando una deuda criminal. Con la entrada en vigor de la nueva ley de alquiler (LAU) se anteponen de nuevo los intereses de los nuevos propietarios, los bancos, por encima del derecho a una vivienda digna de la ciudadanía.
Reproducimos el comunicado emitido por el Observatori DESC al que nos adherimos desde la PAH.
El Congreso aprueba hoy una reforma del mercado de alquiler que atenta contra la seguridad jurídica de los inquilinos
El Congreso de los Diputados aprueba hoy una reforma en materia de alquiler que supone un nuevo golpe al derecho a la vivienda. Con la fórmula «dinamizar el mercado de alquiler» el Congreso de los Diputados aprueba una nueva vulneración del derecho a la vivienda: la reforma de la ley de alquiler debilitará aún más la posición de los inquilinos, criminalizará los impagos por razones de necesidad y facilitará los desahucios exprés.
En el actual contexto de crisis los desalojos por impago de la hipoteca y los desalojos por impago de alquiler son dos caras de una misma moneda: la vivienda como mercancía. A la tragedia de los desahucios por ejecuciones hipotecarias se añadirá la de aquellas personas y familias que, en el contexto de la crisis, son incapaces de pagar el alquiler. El Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Vivienda modifica la legislación de arrendamientos urbanos y la legislación de enjuiciamiento civil sin tener en cuenta la condición socio-económica de los inquilinos. La reforma tiene dos finalidades básicas:
- Reducir de 5 a 3 años el contrato de alquiler y facilitar los incrementos ilimitados de la renta. Cada tres años se podrán producir subidas indiscriminadas de la renta o se podrá cancelar el contrato de alquiler sin tener que justificar la necesidad de recuperar la vivienda. La consecuencia para las unidades familiares es de gran inseguridad ya que difícilmente podrán proyectarse de forma mínimamente estable en un hogar por periodos de 3 años. Además, la reforma desvincula la actualización de la renta del aumento del Índice de Precios al Consumo, IPC, y prevé que arrendador y propietario decidan «libremente» qué criterio aplicar. Después de ver los abusos generados por la supuesta libertad contractual en el ámbito hipotecario, no sería de extrañar la firma de contratos de alquiler con criterios de actualización de la renta manifiestamente inalcanzables. A ello se suma la incorporación de nuevos motivos que posibilitan la interrupción del contrato de alquiler y que significan una mayor vulnerabilidad del inquilino.
- Permitir los desahucios por impago de un solo mes de alquiler y crear un registro de morosos – «registro de sentencias firmes de impago de alquiler» – en el que durante 6 años constarán los datos de las personas que no han satisfecho las rentas del alquiler. El registro vulnera el derecho a la intimidad y la protección de datos y condenará las personas afectadas a la exclusión habitacional y supone un paso más en la criminalización de las personas afectadas por la crisis.
La propuesta de reforma no hace ninguna mención a la situación de las familias que con motivo de la crisis ven materialmente imposible pagar el alquiler. Tampoco establece ninguna diferencia entre los impagos que afectan a grandes propietarios y entidades financieras y los impagos de alquiler que repercuten en pequeños propietarios.
La reforma, finalmente, establece privilegios inaceptables para los grandes grupos económicos y financieros que especulan con este bien de primera necesidad, a quienes se privilegia con importantes deducciones fiscales.
En el contexto actual, una política de este tipo resulta suicida y se aleja notablemente de las prácticas de los países más avanzados en la materia, donde además de disponer de un parque de vivienda social de alquiler en el que alojar a las personas empobrecidas, se contemplan medidas de intervención en el mercado privado de alquiler. Esto es lo que sucede en Francia, por ejemplo, donde el 20% del parque inmobiliario son viviendas sociales de alquiler, y donde se prohíben los desalojos durante el invierno. En Alemania, por su parte, existen límites a los precios del mercado privado de viviendas que impiden procesos especulativos como los que se han vivido en el estado español.
Para «dinamizar el mercado de alquiler” bastaría con forzar el alquiler social de las viviendas en manos de grandes propietarios y de entidades financieras, cuando menos de las que están siendo apuntaladas con recursos públicos. Las mismas entidades bancarias reconocen tener en propiedad más de un millón de viviendas vacías.
El Observatorio DESC y la PAH denuncian la reforma aprobada por el Congreso de los Diputados como una grave vulneración del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución Española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado español e instan a los poderes públicos a emprender acciones para garantizar este derecho fundamental.
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