El próximo 1 de julio será el 5º aniversario de la Ley Mordaza. Desde Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y Greenpeace impulsamos un manifiesto para que el mayor número de organizaciones y colectivos exijamos de una vez por todas la modificación urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana
Tras 5 años desde su entrada en vigor, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, sigue campando a sus anchas. Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información han sufrido un retroceso desde su aprobación.
Un quinto aniversario que llega en un contexto de pandemia en el que desde las organizaciones de la sociedad civil se ha manifestado la preocupación ante casos de arbitrariedad policial en la imposición de multas durante el estado de alarma.
A pesar de que la Ley Mordaza contara con la oposición del resto de los grupos parlamentarios, a pesar de las advertencias por expertos de Naciones Unidas sobre la vulneración de derechos humanos que implicaría su aplicación, y de las persistentes movilizaciones de la sociedad civil para frenarla, en marzo de 2015 se aprobó y el 1 de julio del mismo año entró en vigor.
En los años anteriores hubo un gran número de movilizaciones mayoritariamente pacíficas, marcadas por el 15M, las mareas y las marchas por la dignidad, que hicieron frente a las medidas de austeridad y los recortes adoptados por el gobierno de servicios básicos y derechos económicos y sociales como la sanidad, afectando a gran parte de la población y especialmente a grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
En aquellos años denunciamos el uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el contexto de manifestaciones, la imposición creciente de multas por la mera asistencia a movilizaciones, así como actuaciones abusivas y arbitrarias contra periodistas y fotógrafos que documentaban la labor policial, sin que estos abusos fuesen investigados de forma adecuada.
Con la Ley Mordaza se avanzó en la dirección errónea reduciendo el espacio cívico, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información, aumentando las sanciones a formas legítimas de protesta, así como la cuantía de otras sanciones ya existentes.
Comprobamos que muchas de estas sanciones se aplicaban en contextos de protestas pacíficas, por ejercer la libertad de expresión o por ejercer el derecho de información. Y que la Ley Mordaza ampliaba los poderes de la policía sin establecer a su vez mecanismos independientes de control policial y rendición de cuentas, lo que podía implicar impunidad ante la prevalencia de la posición de la Administración frente a la ciudadanía en todo el procedimiento sancionador administrativo.
El impacto de la aplicación de esta ley ha tenido como consecuencia un efecto disuasorio y desmovilizador, al hacer más difícil salir a la calle a protestar y reclamar derechos, amordazando de este modo a mucha más gente de la que se había sancionado. La aplicación de esta ley también ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales.
Tan solo en el primer año hubo alrededor de 34.000 sanciones relacionadas con conductas que podrían estar amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. Más de 12.000 sanciones fueron por desobediencia o resistencia a la autoridad y casi 20.000 por falta de respeto o de consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad, quedando la interpretación de estos hechos bajo la consideración de los propios agentes.
También preocupan otros artículos de la ley por el impacto que representan para el ejercicio de derechos humanos, como el que sanciona la distribución no autorizada de imágenes de las fuerzas de seguridad, recordando que diversos organismos internacionales ya han indicado a España que el ejercicio del derecho de información corresponde a cualquier ciudadano, independientemente de si ejerce o no la profesión de periodista.
Igualmente es motivo de preocupación el artículo que sanciona a los promotores y organizadores de manifestaciones que no han cumplido con el requisito previo de notificación, no contemplando la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde no se tuviera posibilidad de notificar con antelación.
Además la Ley Mordaza recogió una disposición adicional con el objeto de legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas “devoluciones en caliente” que muchas organizaciones venimos denunciando desde hace años.
Junto a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana cabe recordar que entró en vigor la reforma del Código Penal, igualmente con impacto preocupante en el derecho a la libertad de expresión. Desde entonces, personas usuarias de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesadas en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”. La imprecisa redacción de ese tipo de delitos también restringen la libertad de expresión.
La posibilidad de ser multado, inhabilitado para empleos públicos e incluso ser enviado a prisión, está teniendo una consecuencia clara: una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibitorio en la libertad de expresión en España.
A pesar de que la mayoría de los grupos parlamentarios que conforman hoy el Congreso se habían comprometido a reformar esta ley, y a pesar de que el Congreso aprobara impulsar en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza sigue a día de hoy completamente en vigor.
En 2020, en medio de una crisis sanitaria marcada por la pandemia del coronavirus, y desde que se decretara en marzo el estado de alarma, se han impuesto más de 1 millón de propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
En este contexto hemos denunciado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrían haber interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el estado de alarma, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales, y esto nuevamente bajo la aplicación de la Ley Mordaza.
Y en este contexto llega el quinto aniversario de la Ley Mordaza. Cada año que ha pasado con la Ley Mordaza en vigor hemos recordado la necesidad urgente de reformarla, para tener en su lugar una nueva legislación en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
Hemos reclamado la necesidad de que el gobierno cumpla lo que tantas veces ha prometido hacer. Será con la presión ciudadana, de organizaciones y colectivos, como conseguiremos que de una vez por todas este quinto cumpleaños de la Ley Mordaza sea de verdad el último.