[Comunicado] 41.359 familias han sido desahuciadas en 2021

El número de desahucios practicados en 2021 ascendió a 41.359, cifra un 40,6% superior a la de 2020*

Siete de cada diez lanzamientos registrados en 2021, concretamente 28.993, fueron procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 10.103 (el 24,4%) fueron consecuencia del impago de hipotecas y los 2.263 restantes obedecieron a otras causas.

Tomando solo los desahucios derivados del impago de la hipoteca, estos repuntaron un 46,1% en relación a 2020. Por su parte, los lanzamientos derivados de la LAU (impago del alquiler) se incrementaron un 37,1% sobre 2020 en Catalunya; con 9.398 (el 22,7% del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en 2021, seguida de Andalucía, con 6.615; la Comunidad Valenciana, con 6.182, y Madrid, con 4.039. INCREMENTO DEL 36,2% EN LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS.

 El decreto actual sigue demostrando su ineficiencia. Los datos que hoy se publican demuestran por un lado los efectos de la crisis que arrastramos desde 2009 y los efectos devastadores para las familias que ha tenido la pandemia, ya que ha incrementado la emergencia habitacional; y por otro lado, como el “escudo social”, que más que escudo es una red donde muchas familias y personas con informe de vulnerabilidad son dejadas en la cuneta sin alternativa habitacional. Desde la PAH hemos denunciado innumerables veces que esta moratoria estatal de desahucios es insuficiente. El pasado mes de febrero se lo transmitimos al secretario de vivienda, y exigimos que se modifique la normativa para que entre toda persona que acredite su vulnerabilidad en servicios sociales. No podemos permitirnos que miles de familias sean desahuciadas de sus casas sin alternativa habitacional.

Preocupante es el continuo aumento de ejecuciones hipotecarias, tras años de supuesto descenso. Y hablamos de supuesto, ya que -como hemos denunciado muchas veces- la realidad es otra. Esto viene producido por la moratoria hipotecaria y la falta de resolución ante el Vencimiento anticipado, que mantiene en suspenso las ejecuciones a la espera de que la situación estalle hasta ser insostenible. 

También tenemos, como muestra del fracaso político de todos los Gobiernos en temas de vivienda: En 2021 se registraron 3.479 asuntos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 1% más que en 2020. 
En Catalunya se presentó el mayor número de demandas, 930, que representan el 26,7% del total nacional. Le siguen Andalucía, con 814; la Comunidad Valenciana, con 423, y Madrid, con 263; recordemos que estas ocupaciones son el resultado de la falta del parque público de alquiler, y resaltar que la ocupación de vivienda vacía, lejos de ser el problema social que nos pretenden vender algunos medios sensacionalistas de la mano de algunos sectores políticos al servicio del capital, es la peor de las consecuencias ante la falta de políticas reales de vivienda.

Seguiremos haciendo hincapié en la urgencia de establecer políticas que traten la vivienda como el derecho humano que es, y no como una mercancía al servicio de los especuladores. La mejor manera de acabar con la ocupación en precario de pisos de la banca y fondos buitre, es obligando a estos a ofrecer alquileres sociales a las familias en vez de desahuciarlas, y regular los precios del alquiler para que los desahucios disminuyan de forma exponencial.

¡Sí se puede!