Sentencia del TJUE quiebra la Ley del PP sobre desahucios
Sentencia del TJUE quiebra la Ley del PP sobre desahucios
La ley del PP viola los derechos humanos, así lo establece la sentencia del TJUE del 17 de julio.
El pasado mayo de 2013, el Partido Popular aprobó en solitario la ley 1/2013, rechazando las medidas propuestas por la Inicitiva Legislativa Popular de la PAH, que llegaba al Congreso con un millón y medio de firmas después de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis. La aprobación de la ley 1/2013 demostró un desprecio por la democracia por parte del Partido Popular, así como un desprecio por el sufrimiento de las miles de familias víctimas de la estafa hipotecaria.
Un año después, el TJUE dicta una nueva sentencia que pone de nuevo en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y situa al deudor hipotecario en una situación de desigualdad. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La sentencia reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica. Tal y como viene reclamando desde hace años la ciudadanía, que ha sido la primera en denunciar la vulneración sistemática de derechos humanos que supone la anómala legislación española. Es la ciudadanía la que está ofreciendo soluciones mientras las administraciones no sólo no están a la altura de las circunstancias, sino que legislan para beneficiar a los responsables de esta situación, tal y como demuestra la sentencia del TJUE.
La sentencia limita el derecho a la defensa de los deudores al impedirles recurrir en segunda instancia permitiendo que los bancos si lo hagan en una escandalosa desigualdad de las partes en el procedimiento. La ley española protege al fuerte y castiga al débil violando los principios más básicos del derecho a un juicio justo.
La Sentencia del TJUE coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978. Hasta la fecha el TC no realizado manifestación alguna al respecto de la necesidad de proteger a los deudores hipotecarios frente a Ley que hoy es declarada contraria al derecho comunitario.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala Primera) ha dictado Sentencia en el asunto C-169/14, Sánchez Morcillo/Abril García vs BBVA, a raíz de unas Cuestiones Prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Castellón mediante Auto de fecha 02 de abril de 2014 afirmando que la Ley 1/2013 vulnera en el derecho a la tutela judicial efectiva el artículo 47 Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 93/13 en materia de Consumidores y el no suspender el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil es contrario al derecho comunitario.
La legislación anterior que regulaba las ejecuciones hipotecarias fue declarada ilegal por la Sentencia AZIZ dictada tambien por el TJUE. La Ley 1/2013 fue dictada en contra de la ILP de la PAH que reunió un millon y medio de firmas manteniendo las deudas perpetuas, los desahucios y un procedimiento sin garantias. Esta ley no solo no ha solucionada el problema sino que además ahora ha generado un nuevo caos procesal.
De nuevo, el gobierno del Partido Popular ha quedado en ridículo, ha quedado retratada su voluntad de favorecer los privilegios de la banca frente a los derechos fundamentales de las personas.
Tras este nuevo varapalo, el gobierno del Partido Popular queda retratado de nuevo. Desde la PAH exigimos la aprobación de las medidas de la ILP: moratoria de desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social para paliar una situación de emergencia habitacional provocada por las entidades financieras en connivencia con gobiernos de todos los colores.
Sí se Puede
Ordenan la primera devolución de vivienda ejecutada
Ordenan la primera devolución de vivienda ejecutada después de la sentencia del caso Aziz
Esta nueva Sentencia, que confirma los postulados de la PAH, abre la puerta para la recuperación de miles de viviendas por todas las personas que han sufrido desahucios por medio de prácticas bancarias abusivas y procedimientos judiciales ilegales.
El 5 de mayo de 2014, el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona ha declarado nulo un procedimiento de ejecución hipotecaria por haberse realizado al amparo de cláusulas abusivas y ha ordenado a BANKIA la devolución de la vivienda a M.A.G.C. , siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso AZIZ, de 14 de marzo de 2013 (sentencia aquí).
Los fundamentos principales de esta decisión judicial son que aquel procedimiento de ejecución hipotecaria no permitió que el juez de primera instancia de Gavà valorase las claúsulas abusivas que se han apreciado que efectivamente existían en aquella hipoteca.
En este caso se han considerado abusivas la claúsula de vencimiento anticipado y los intereses de demora.
El Fallo declara nulo el Procedimiento de Ejecución Hipotecaria 811/2011E del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Gavà, en el marco de cual se realizó la subasata de la vivienda, la adjudicación al BANKIA y el ulterior desalojo (entrega de llaves), al tener dicha ejecución como fundamento ESENCIAL, PRIMORDIAL una cláusulas que se debieron considerar nulas.
Al haberse ejecutado la hipoteca bajo la legislación anterior sin respetar el derecho de defensa, la entidad financiera debe devolver la vivienda a sus propietarios y reponer todo el procedimiento al momento anterior a la demanda.
Recordamos que la sentencia del TJUE del caso AZIZ del marzo del año pasado declaró ilegal el procedimiento de ejecución hipotecaria español, por no respetar los derechos de los consumidores, en concreto por vulnerar la Directiva 93/13 sobre protección a consumidores.
La sentencia europea, junto con la enorme movilización impulsada desde la PAH (Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social) forzaron al Gobierno a aprobar la Ley 1/2013 sobre protección de deudores hipotecarios.
Sin embargo, desde la PAH ya alertamos de que la Ley apenas daba respuesta al panorama de emergencia habitacional de nuestro país, y además dejaba fuera de protección a centenares de miles de ejecuciones tramitadas bajo la antigua ley declarada ilegal por el tribunal de Luxemburgo.
La Ley 1/2013 ha resultado un absoluto fracaso porque no garantiza el derecho al debido proceso de los deudores hipotecarios, incumple las obligaciones internacionales de España en materia de Derechos Humanos (prohibición de Desalojos Forzosos), y deja en desamparo centenares de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria realizados bajo la legislación anterior. Los recientes datos del Consejo General del Poder Judicial confirman que las ejecuciones hipotecaria no sólo no descienden, sino que han aumentado un 14% en el primer trimestre de 2014.
Los sucesivos gobiernos, desde la promulgación de laDirectiva europea del año 1993 sobre protección a consumidores, han legislado más en defensa de los intereses de las entidades financieras que en cumplimiento de su deber de protección a los ciudadanos, y por lo tanto, su tolerancia – cuándo no complicidad – con los desahucios ilegales, queda ahora en evidencia.
Desde la PAH exigimos la paralización inmediata de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y denunciamos otra vez que las ejecuciones hipotecarias masivas son una violación sistemática de derechos humanos, por la que habrá que pedir responsabilidades a entidades financieras y poderes públicos implicados.
En las próximas semanas anunciaremos iniciativas desde la PAH para extender los efectos de esta sentencia a todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios cometidos con violación de los derechos de las personas afectadas.
Sí Se Puede
