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El Plan de Vivienda del PP vs La Ley de Vivienda de la PAH y los Derechos Humanos

El Consejo de Ministros, del viernes día 9 de marzo, ha aprobado el Plan de Vivienda, no sabemos si para fabricarse una coartada para vetar la proposición de Ley de Vivienda de la PAH, o si sólo porque tienen amigos que necesitan recibir pronto ayudas. Es muy elocuente que, cuando hemos interpelado al Gobierno Central sobre los problemas de vivienda, siempre se ha despachado con un eso es competencia de las CCAA, luego ha recurrido todas y cada una de las leyes autonómicas, y ahora aprueba un plan, que tienen que desarrollar las autonomías, pero que le viene ya marcado en sus contenidos y cuantías, limitando totalmente la capacidad de éstas para utilizarlo según sus criterios y necesidades, y, por otra parte, nadie entendería que el Gobierno vetara el proyecto de ley de Vivienda de la PAH por afectar a los presupuestos, tras haber aprobado este Plan, que supone un gasto de 1.443 millones de euros.

España, es por encima de Chipre y Malta, el tercer país de la UE que menos invierte en vivienda: el 0,03% del PIB, frente al 1,41% del Reino Unido, el 0,83% de Francia, o el 0,59 de Alemania según datos de la OCDE.

El Plan del PP va destinado a subvencionar la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler, cuando en España, y según el INE hay más de 3 millones de casas cerradas. Además, también va a destinar una parte importante a la rehabilitación de viviendas y otra a las ayudas al alquiler. Según todos los expertos que se han pronunciado, este plan, lejos, no ya de solucionar, sino simplemente de aliviar el problema, va empeorar mucho las cosas especialmente, en los precios del alquiler, actualmente en fase de burbuja, ya que va a incrementar la demanda, sin tocar la oferta, por lo que los precios se dispararán aún más. Esta subida, afectará sin lugar a dudas, a los precios de alquileres sociales comprometidos con familias desahuciadas que, si reciben ayudas, irán a parar a las cuentas de resultados de los bancos que las desahuciaron.

Para la PAH, este plan supone nuevamente, una importante transferencia de 1.443 millones de euros públicos a los bolsillos privados de constructores y grandes tenedores de vivienda para alquiler, sin que se cree el imprescindible Parque Público de Vivienda para alquiler, ya que los propietarios de las casas seguirán siendo los mismos, por tanto, al acabar el plan, habremos gastado todo ese dinero, no habremos solucionado nada, y unos pocos serán mucho más ricos. Además, cuando las ayudas al alquiler, que son por un máximo de 3 años caduquen, y los precios se hayan inflamado aún más, las familias no podrán hacer frente a las renovaciones, y sus propietarios y la LAU les pondrán de nuevo en la calle.

Pese a que en España cada año fallecen en torno a 7.000 personas por causa de la pobreza energética, el Plan del PP no incluye nada al respecto.

Frente a ese plan, la Ley de Vivienda de la PAH propone:

  • Dación en pago retroactiva, para cancelar las deudas impagables de aquellas familias que perdieron sus casas, víctimas de unos procedimientos, que además de anacrónicos, injustos e inmorales, eran ilegales.
  • Moratoria para todos los desalojos forzosos sin alternativa habitacional.
  • Alquiler asequible, mediante el establecimiento de índices de referencia de precios, como existen en Alemania, Reino Unido, Francia, Austria… etc.
  • Creación de un parque público de vivienda que sirva para garantizar el acceso a la misma. En la actualidad hay 3,5 millones de casas vacías en España que deberían ir
  • Garantía de acceso a los suministros básicos, estableciendo un mínimo de garantía e implicando en su coste a las suministradoras.

Se trata en fin, de una ley de la que la actual Relatora de Vivienda de la ONU, señora Leilani Farha, ha dicho en un artículo periodístico: El valor central de #LeyViviendaPAH es que ha sido redactado por las mismas personas afectadas por desahucios y ejecuciones hipotecarias, proponiendo soluciones a las causas sistémicas que produjeron esta situación. El proyecto, entre otras cosas, propone medidas concretas para evitar desahucios, la creación de otra burbuja inmobiliaria, la invasión de fondos buitres, y la mercantilización y turistificación de la vivienda. La #LeyViviendaPAH nos presenta una oportunidad para debatir un cambio paradigmático que entienda a la vivienda como un derecho humano del que todas debiéramos de gozar. Es también un precedente de buenas prácticas que sirva para inspirar al mundo. ¡Aprovechemos esta oportunidad y apoyemos el debate!

Si el pasado verano el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas dictaminó que España había vulnerado el Derecho Fundamental a la vivienda, al haber desahuciado, por impago de alquiler a una familia, sin alternativa habitacional, el pasado jueves, día 8, este mismo Comité volvió a pedir a España que paralizase otro desahucio (o que le facilite alternativa habitacional) a una familia que ocupa una casa del BBVA, reiterando nuevamente, que la vivienda es un Derecho Fundamental.

El proyecto de Ley de Vivienda de la PAH se haya actualmente finalizando el plazo de posible veto por parte del Gobierno del Partido Popular, plazo que concluye el próximo día 16. Aunque muchos alcaldes, concejales y diputados autonómicos del PP han apoyado y aprobado resoluciones en favor de nuestra ley, desde el Gobierno no hemos obtenido respuesta alguna a las muchas peticiones de reunión con el ministro De La Serna. Aunque el Gobierno, aun sin presupuestos que lo avalen, acaba de aprobar su Plan de Vivienda por 1.443 millones/€, pensamos que podría plantear el veto a la ley alegando que tiene repercusión presupuestaria. No obstante, la decisión final no está en su mano, ya que todos los miembros de la Mesa del Congreso han hecho público su apoyo a la toma en consideración de la ley, por lo que, si Ciudadanos quiere, el PP no podrá haber tal veto. Estaremos atentas a Rivera y a los suyos.

Porlapah

Las PAHs valencianas rechazan el recurso de inconstitucionalidad del PP, que impide avanzar en el derecho a la vivienda y suministros.

La decisión del Partido Popular de presentar recurso de inconstitucionalidad a la Ley 2/2017 por la función social de la vivienda y a la Ley 3/2017 para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) boicotea el derecho de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana a una vivienda asequible, digna y adecuada, y a los suministros básicos.

Poco importa que el derecho a la vivienda esté recogido en la Constitución Española (art. 47), en el Estatuto de Autonomía (art. 19), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.25) y en el Pacto Internacional de Derechos. Económicos, sociales y Culturales (art. 1 y ss).

Con este recurso se impugna artículos fundamentales de la reciente Ley 2/2017 de vivienda en la C. V. que quedarán en suspenso hasta la sentencia del TC. Se van a anular los artículos que garantizan el derecho a la vivienda en casos de exclusión social, que evitarían desahucios obligando a los bancos a ofrecer alquiler social, que permiten movilizar las viviendas de grandes tenedores mediante el Registro de Viviendas Deshabitadas y las sanciones a las que estén deshabitadas de forma permanente e injustificada. También va a dejarse sin efecto el artículo 23 de Medidas para prevenir y paliar la pobreza energética -referido a la electricidad y gas- que pretendían garantizar el acceso a estos suministros básicos, evitando los cortes por no poder pagar (medida que además se vuelve a plantear también contra artículos importantes de la Ley 1/2017 sobre Pobreza energética).

Las razones de que esta Ley invade competencias estatales son excusas, que ponen de manifiesto la falta de voluntad política del PP para afrontar la emergencia habitacional. Además, la reincidencia de acudir al art. 149.1.13 de la CE, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica supone un obstáculo definitivo para que las CCAA regulen aspectos que le son de su competencia, como la vivienda, una recentralización y “expropiación” de sus competencias vía judicial y no política, como han impuesto en el recurso contra la ley de vivienda en Andalucía.

Y más cuando las medidas adoptadas por el Gobierno no sólo no resuelven los problemas de la mayor parte de la población afectada por los 600.00 desahucios, sino que cada día continúan sin parar tal como evidencias los 35 desahucios diarios en la C.V. según el CGPJ. El clamor ante esta situación en el estado español ha sido recogido recientemente en un Dictamen de las Naciones Unidas que decreta que los desalojos sin alternativa constituyen una violación del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada.

Las PAHs del P.V. rechazamos y condenamos la incapacidad demostrada por parte del PP a la hora de afrontar los problemas de esta Comunidad, y su forma de hacer política poniendo “palos en las ruedas” y obstaculizando sin cesar los avances que nos deberían conducir a un estatus cada vez más garantista de los derechos humanos. Exigimos que el PP levante todos los recursos interpuestos en las Comunidades Autónomas y cree un marco estatal adecuado, como plantean
la Ley de Vivienda de la PAH que se va a presentar en este mes en la mesa del Congreso.

Finalmente, las PAHs del País Valenciano evaluarán el próximo día 18 de noviembre en la Coordinadora de Comunidad la trascendencia de este recurso y estudiarán las medidas a adoptar, entre la que se encuentra instar a todos los grupos políticos que han aprobado la redacción de esta Ley a que usen todos los recursos para su defensa y continúen luchando por su legitimidad y posterior reglamentación. Y también al PP que no la apoyó a incluir estas demandas en las leyes de ámbito estatal que no podrán negar que son de su competencia.

Valencia, 5 de noviembre de 2017

Porlapah

EL PP SE COMPROMETE PÚBLICAMENTE A APOYAR LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

Durante los próximos meses la PAH acudiremos al Congreso de los diputados para exigir la firma de compromiso de todos los grupos parlamentarios para que se legisle, lo antes posible, la Ley de Vivienda de la PAH un texto de ley que recoge cinco medidas de mínimos para afrontar la emergencia habitacional.

La primera es la dación en pago retroactiva, que representa un salvavidas para las más de 600.000 familias en procesos hipotecarios que han sido ejecutados por los bancos, perdiendo su hogar y arrastrando una deuda de por vida. La segunda es la necesidad de una moratoria de los desahucios, para que no se repita la oleada de desahucios que la ciudadanía hemos sufrido durante la última década. La tercera incide en el aumento del parque público de vivienda. Hablamos de un parque que, a día de hoy, no supera el 1% en todo el estado español. Una cifra ridícula, incapaz de dar respuesta a la realidad, y que se aleja sobremanera de la media mínima del 15% de parque público existente en el resto de la Unión Europea. La cuarta es garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas asegurando un acceso integral y digno a la vivienda.

Y la quinta es garantizar los derechos de las inquilinas mediante una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Durante los últimos años hemos padecido en nuestros municipios unas constantes subidas de los precios y un recorte de la duración en los contratos que aplasta cualquier proyecto y perspectiva de futuro de las familias. Las cifras rondan el 15% de subida de media en las principales ciudades del estado, convirtiendo el alquiler en un problema ya que tampoco puede ser un modo de vida sostenible. Sólo en Barcelona la subida ha llegado a aumentar más del 24% en los últimos tres años. De esta forma, se imposibilita, a las mismas familias que son incapaces de vivir en propiedad, que tampoco lo hagan de alquiler, relegándolas a la incertidumbre y la violación sistemática de sus derechos. Para solventar esta situación, desde la PAH proponemos la creación de un índice de referencia para regular los precios de cara a proteger el Derecho a la Vivienda. Medida que ya existe y funciona eficazmente en municipios de Alemania, Francia y los países escandinavos.

Precisamente, ayer se aprobó en el Congreso una Propuesta No de Ley presentada por el grupo parlamentario Unidos Podemos que seguía la línea de establecer un marco legislativo que protegiera los derechos de las inquilinas. Sobre su propuesta, valoramos en positivo que se proponga dotar a los Ayuntamiento la capacidad de incidir sobre los precios del alquiler, también volver a los 5 años de duración en los contratos y la eliminación de facilidades fiscales para las SOCIMIS, conocidos por ser los fondos de inversión que han protagonizado la compra de vivienda pública. Sin embargo, destacamos la necesidad de que quede recogido en futuras propuestas de ley que nunca más se pueda volver a vender vivienda pública en este Estado , y también de ampliar los contratos de alquiler hasta a 10 años de duración cuando el propietario sea un gran tenedor  de vivienda.

Hay que destacar que, durante el debate parlamentario, el Partido Popular extrajo durante su intervención un flyer de la Ley de Vivienda de la PAH y aseguró ser el único grupo parlamentario que asumía las demandas de la ciudadanía. En las próximas semanas nos reuniremos con todos los grupos parlamentarios para instarles a ratificar su apoyo a nuestras demandas y, visto que el gobierno del PP acaba de realizar una aseveración tan directa, lo coherente, lo que exigimos, ya que ellos nos han dado pie, es que el Partido Popular deje por escrito que facilitará el trámite del texto de ley que la PAH registraremos en el Congreso. Y aún más, sabiendo que el gobierno del PP tiene la capacidad de vetar, durante un mes, cualquier propuesta de ley que se registre en el Congreso, dicho compromiso para con nuestro texto de ley debe incluir la promesa pública de no interponer ningún veto. Un mínimo que ya les trasladamos cuando realizamos una ronda de negociaciones sobre el contenido del texto con todos los grupos parlamentarios el pasado mes de mayo. Sería muy desafortunado que el PP hubiera lanzado semejante afirmación teniendo en cuenta que, recientemente, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dictaminado que en el estado español se violan sistemáticamente los Derechos Humanos en materia de vivienda. Una vulneración que se traduce en la ejecución de 173 desahucios diarios según datos del Consejo General del Poder Judicial.

La PAH se toma las cosas en serio porque hay vidas en juego. Llevamos tiempo no solo parando desahucios y desobedeciendo leyes injustas, sino proponiendo soluciones. Soluciones que el Partido Popular rechazó y suspendió cuando se legislaron a nivel autonómico. Es por eso que instamos al gobierno, al Partido Popular, que  no solamente escuche o tome un panfleto, sino que aplique las medidas que se proponen en La ley de Vivienda de la PAH, porque son medidas de sentido común que dan soluciones a toda la ciudadanía. Nosotras hablamos de derechos, del Derecho a la Vivienda, del derecho a poder empezar de cero, de poder vivir en nuestras ciudades, de poder abrir un grifo y salga agua. Porque actuamos con la seriedad que implica que cualquier familia, en cualquier pueblo del territorio español, tenga garantizado poder vivir en un hogar dignamente.

#LeyViviendaPAH

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Datos de vergüenza: 410 viviendas adjudicadas por el Fondo Social de Viviendas

En enero de 2013, la PAH entregaba al Congreso de los diputados, las 1.402.000 firmas recogidas para la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios. Ese mismo mes, el gobierno central anunciaba la creación del Fondo Social de Viviendas, 6.000 viviendas para todo el Estado, un cifra complemtamente ridícula e insultante. La PAH denunció que la medida era absolutamente insuficiente e hipócrita, a lo que se sumaba que los requisitos para acceder al FSV son similares al Real Decreto Ley (RD27). Los requisitos del RD27 excluyen a la inmensa mayoría de afectadas e incluyen medidas tan perversas como negar la posibilidad de firmar el alquiler social antes de ser desahuciada.

Quince meses después, 70.000 ejecuciones hipotecarias después según datos del CGPJ, el número dos del Gobierno anunciaba que solo 410 pisos del FSV habían formalizado un contrato de alquiler social. Un dato vergonzoso que confirma el fracaso anunciado por la PAH el mismo día de la creación del Fondo Social de Viviendas. Un dato que muestra la total falta de voluntad del gobierno del PP de resolver el problema de las miles de familias que pueden perder su vivienda y quedarse en la calle.

Un años después, se vuelve a constatar que esta medida de la banca y el gobierno era un simple lavado de cara frente a la ILP de la PAH que sí que planteaba las soluciones para los problemas de vivienda de centenares de miles de personas y encaraba la estafa hipotecaria frente a los intereses de la banca.

En el informe Emergencia habitacional en el Estado Español 2013 del Observatorio DESC y la PAH se recoge la denuncia del Síndic de Greuges (julio 2013) en la que considera “en relación con las características y las finalidades del FSV, considera que no se ajustan a las necesidades reales”.

No sólo es una medida totalmente insuficiente, sino que el FSV tiene también un efecto perverso: en muchas ocasiones las entidades financieras han utilizado el FSV como excusa para no conceder alquileres sociales. Ha sido a través de la movilización, la presión social y las negociaciones con las entidades que hemos conseguido miles de alquileres sociales para familias afectadas por el procedimiento de ejecución hipotecaria. La medida de gobierno y entidades financieras no solo no resuelve el problema, sino que obliga a la ciudadanía organizada sin recursos, criminalizada en muchas ocasiones, a duplicar los esfuerzos para conseguir lo que son unas demandas de mínimos, de garantía básica de los derechos humanos. Los alquileres que ha conseguido la PAH han evitado el trauma del desahucio, hemos conseguido que en general sean de 5 años, no de 2 como establece el FSV o el RD27, han evitado el desarraigo y que han sobrepasado los requisitos que imponen tanto el FSV como el RD27. Han literalmente, salvado vidas humanas.

Frente a la emergencia habitacional, la PAH se vió obligada a iniciar hace casi dos añis la campaña Obra Social de la PAH que consiste en recuperar, con el uso de la desobediencia civil, pisos vacíos propiedad de entidades financieras o de la SAREB, para realojar a familias desahuciadas o que han firmado la dación y no han conseguido alquiler social. Los números hablan, con esta campaña hemos realojado a 1.180 personas frente a los 410 pisos del FSV que han sido concedidos en alquiler.

Recordamos al gobierno y a las entidades financieras, que ante su parálisis no nos queda otra opción que seguir auto tutelando nuestros derechos. Seguiremos implementando la ILP a través de la Obra Social de la PAH y la presión social a las entidades financieras.

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La PAH presenta: campaña de escraches al PP en las elecciones europeas

La PAH anuncia escraches silenciosos en los actos de campaña para informar a los ciudadanos: votar al PP es votar contra la ILP

La noche del viernes 9 de mayo comienza la campaña electoral para las europeas. Un momento en el que recordar que el Estado Español es una anomalía en el contexto europeo. España es el país en el que más se desahucia, y uno de los países con el mayor parque de vivienda vacía de Europa. Una anomalía que se hubiera normalizado con la aprobación de tres demandas de la ILP de la PAH (dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social). Hace un año, la ILP de la PAH llegó al Congreso de los diputados con 1.500.000 firmas y el apoyo del 90% de la población, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dió la razon y declaro la ley hipotecaria española ilegal. Sin embargo, el Partido Popular bloqueó las demandas de la ILP y aprobó una ley que perpetua la condena de miles de familias. Desde el inicio de la crisis se han producido más de 500.000 ejecuciones hipotecarias, en 2013 se produjeron 184 desahucios al día, la sangría de los desahucios es, a dia de hoy, la cara más dramática de la crisis. Un año después de la aprobación de la ley del Partido Popular, cada día acude más gente a las asambleas de la PAH: la ciudadanía es la única que está aportando soluciones al problema, defendiendo los derechos humanos en una situación límite en la que quienes han sido estafados son quienes tienen que pagar los platos rotos de esta estafa mal-llamada crisis.

La ley del PP no supone ninguna solución para las miles de familias afectadas por la estafa hipotecaria. El Partido Popular votó en contra de las medidas de la ILP para proteger los privilegios de la banca. Poder político y poder financiero son dos caras de una misma moneda que ha condenado a miles de personas al sufrimiento, a la muerte civil por acarrear una deuda de por vida, a ser expulsados de sus casas, a situaciones límite que nos obligan a decir que hay literalmente vidas en juego. Las politicas criminales del PP han declarado la guerra a la ciudadania y a la democracia. El PP gobierna en contra la ciudadanía y a favor de la banca.

Por todo esto, la PAH tambien entra en campaña con un mensaje a Europa: no más desahucios, stop evictions. La anomalía española tiene responsables: el poder político y el poder financiero.
La nueva campaña de escraches de la PAH comienza bloqueando las sucursales de los bancos para señalarlos como responsables del bloqueo de las medidas de la ILP, la solución para miles de familias. La campaña empieza señalando a la banca, la responsable de esta vulneración sistemática de derechos humanos.
Pero éste es sólo el pistoletazo de salida. La complicidad del poder financiero y el poder político, de la mano hoy del Partido Popular, nos obliga a informar a los ciudadanos de qué supone votar al PP.

Votar al PP es votar no a la ILP

Frente a los brotes verdes del PP, frente a las mentiras de la recuperación que obvian la situación de miles de personas, de las personas de la calle, de las familias, los datos reales de la ciudadanía hablan por si solos.

Desahucios

Durante la campaña de escrache que se llevó a cabo en el período de debate de la ILP en el Congreso (2013), invitamos a los diputados a venir a nuestras asambleas para informarlos, para que conocieran de primera mano la realidad sobre la que iban a legislar. Invitación que rehusaron la práctica totalidad de diputados del Partido Popular. En esta nueva campaña de escraches ya no pretendemos informar a los diputados y diputadas del PP. Han tenido tiempo y oportunidades para informarse, han actuado deliberadamente en contra de los derechos humanos. Siguen oponiéndose a las medidas de la PAH. No quieren cambiar la ley. Nuestro objetivo ahora es informar a la ciudadanía y lo vamos a hacer de forma silenciosa, asistiendo a los actos, mostrando los datos, en grandes circulos rojos y verdes, y repartiendo folletos informativos. El Partido Popular ha incumplido punto por punto su programa electoral y es necesario votar informados, la PAH proporcionará los datos que el PP esconde. Los datos hablan por sí solos, la realidad habla por sí sola: serán escraches silenciosos.

El PP pretende silenciar y tapar, con discursos, ficciones y mentiras que nos hablan de recuperación y de confianza en unas medidas que están ahogando a la gente y que se aplican en total convivencia con las grandes entidades financieras. Desde las PAHs seguimos decididas a mostrar la realidad todas las veces que haga falta, porque no nos podemos permitir que los responsables del secuestro democrático que supuso bloquear la ILP salgan impunes. Queremos que la gente que vaya a votar lo haga informada y tenga bien claro que votar al PP es votar contra la ILP, contra las propuestas de la PAH, contra las soluciones que propone la gente afectada que se organiza y salva vidas cada semana. Votar PP es votar sí a los desahucios, sí a seguir rescatando a los bancos y sí a abandonar a la gente.

A partir de hoy, aquellos partidos que se presenten a unas elecciones y no apoyen las propuestas de mínimos que llevamos 5 años defendiendo se van a convertir en objetivo de la PAH hasta que consigamos cambiar la ley. Hoy nuestro objetivo es el PP. En todo el Estado, acudiremos de manera silenciosa a sus actos de campaña, y lo haremos cuando menos se lo esperen. Igual que bloqueamos la banca por sorpresa, señalaremos a quién les protege: el Gobierno. el PP.

Sabemos que tarde o temprano vamos a cambiar esa ley, cuando decimos que hay vidas en juego estamos hablando de la realidad cotidiana de centenares de miles de personas, vamos a demostrar una vez maś que SÍ SE PUEDE y vamos a informar a la gente, a la ciudadanía para que cuando vaya a votar, tenga toda la información que le permita decidir si vota en contra de la ILP.

Después de cinco años estamos más fuertes que nunca. Porque sabemos que Si Se Puede construir una Europa sin desahucios, una Europa de las personas, de los derechos humanos, la Europa que ya estamos construyendo día a día miles de personas.

Materiales de la campaña

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Luces y sombras de la sentencia sobre el escrache a Pons

Pons denuncia a la PAH por un escrache pacífico. La jueza dicta: el escrache está amparado por el derecho a la libertad de expresión

El auto de la denuncia que González Pons interpuso a activistas de la PAH desvela que el diputado del PP mintió sobre en el escrache en su domicilio y enmarca la acción dentro del “legítimo derecho a la libertad de expresión”.

Descarga aquí el auto

Sin embargo, la jueza del caso, Nieves Moliner –quien archivó la causa del accidente de metro de Valencia y que ahora ha rechazado su reapertura- considera falta de coacción de las dos compañeras que timbraron a la puerta, sin tan siquiera escuchar a una de las partes, en un procedimiento, por tanto, en el que se ha violado el derecho a la tutela judicial efectiva.

El auto descubre la falsedad de las acusaciones que González Pons vertió sobre la PAH en numerosos medios de comunicación el 20 de Marzo de 2013 y los sucesivos días: ni subieron 60 personas a su rellano, ni insultaron, ni amenazaron, ni estuvieron 40 minutos aporreando la puerta, además, señala la sentencia, el comportamiento en la vía pública de las personas concentradas en su domicilio fue absolutamente respetuoso con la ley. El auto desmonta la delirante campaña mediática de criminalización a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, así como a su cara más visible, Ada Colau. Durante semanas fuimos tachadas de “terroristas” y de “nazis” por realizar señalamientos pacíficos a las y los diputados del PP. Ahora, meses después, los escraches de la PAH están siendo avalados como actos legales dentro del legítimo derecho a la libertad de expresión en diferentes sentencias en diferentes puntos de nuestra geografía.

La PAH vuelve a denunciar hoy los intentos de criminalización desde el Partido Popular y las instancias gubernamentales, criminalización que, fracasada la vía judicial, el autoritario gobierno del PP pretende legalizar con la reforma del Código Penal que va a suponer un auténtico retroceso en las libertades de reunión y expresión, entre otras.

En un Estado de Derecho, la Administración de Justicia debe velar por la igualdad ante la ley y el derecho de defensa en igualdad de condiciones de cualquier persona imputada, así como respetar la presuncion de inocencia. Sin embargo, la titular del Juzgado número 21, Nieves Moliner, ha dictado una resolución en la que establece la existencia de una falta por parte de dos personas a las que no se ha emplazado a dar su versión, vulnerando así el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva.

No es menos grave que las compañeras denunciadas conozcan la resolución judicial por la prensa, ni que el juzgado permita la filtración de dicha resolución. Ni tampoco que un medio de comunicación, el ABC, publique nombres y apellidos de las supuestas responsables, una de los cuales ni siquiera estaba en el lugar de los hechos denunciados, lo que demuestra la falta de rigor en la investigacion judicial.

A pesar de la parcialidad de la jueza, una vez más, el poder judicial sitúa los escraches en el marco del derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión. Derechos necesarios para la salud democrática de un país. La campaña de criminalización del Partido Popular queda, de nuevo, desmontada y ridiculizada.

La PAH Valencia anuncia que se van a ejercer todas las acciones legales admitidas en nuestro ordenamiento contra los responsables y los medios de comunicación que han publicado los nombres íntegros de las compañeras denunciadas vulnerando todas las normas al respecto.

Por último, demandamos a toda la ciudadanía a seguir cuestionándose el actual sistema, donde una élite política actúa y legisla al servicio de la gran banca o en su propio beneficio y a costa de las personas trabajadoras.

Os animamos a participar en las protestas sociales, a parar desahucios, a practicar la desobediencia civil pacífica, exigir nuestros derechos y denunciar los abusos y estafas del sistema bancario del Estado Español.

¡Sin miedo, juntas y más unidas si cabe frente a la represión demostramos que somos un movimiento imPAHrable!

¡Sí se puede!
PAH Valencia

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Afectados por el IRPH exigimos la desaparición de este índice abusivo

El 28 de abril de 2012 entró en vigor la Orden Ministerial 2899/2011 de transparencia y protección de los clientes de servicios bancarios, en cuyo artículo 27, rotulado como “tipos de intereses oficiales”, se recogen los tipos de intereses aplicables a los préstamos hipotecarios durante la vigencia de la citada Orden. Los indices IRPH Cajas, IRPH Bancos y Ceca, ya no aparecen recogidos en el citado artículo, lo que significa que desde el 28 de abril de 2012 han dejado de ser tipos de interés oficial. Sin embargo, la Disposición Transitoria de la citada Orden establece que la desaparición definitiva de los citados índices tendrá lugar transcurrido un año siempre y cuando en ese tiempo se establezca el correspondiente régimen transitorio en el que ha de fijar el tipo de interés que sustituya a los desaparecidos. Habida cuenta de que transcurrido el año el Ministerio de Economía no había publicado el citado régimen transitorio, estos índices llamados a desaparecer han continuado aplicándose con el consiguiente enriquecimiento injusto por parte de las entidades y el correspondiente sufrimiento económico para los ciudadanos afectados.

Hace unos días, y a través de una enmienda introducida de manera rastrera en el debate sobre la Ley de Emprendedores, el Partido Popular estableció el necesario régimen transitorio en el que se establece …

….. Que la desaparición completa de los citados indices se producirá el próximo primero de noviembre.

….. Que éstos indices se sustituirán por IRPH Entidades más menos un diferencial “equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo”.

….. Que en el supuesto de que las partes hubieran pactado un tipo de interés sustitutivo ante la posibilidad de desaparición del inicialmente contratado, la sustitución se producirá en la primera revisión que se realice a partir del primero de noviembre.

Desde las diversas agrupaciones de Afectados por el IRPH expresamos nuestro absoluto y total rechazo a la forma de establecer el régimen transitorio y al contenido del mismo, exigiendo la sustitución inmediata de los indices llamados a desaparecer por euribor más un diferencial no más allá del 1% para todos los casos.

El Partido Popular debe sus mayorías, tanto en el Congreso como en el Senado, a la confianza que millones de españoles depositaron en ellos en la esperanza de que actuarían protegiendo sus intereses, velando por su seguridad, de ahí que no se pueda entender como es posible que hayan venido retrasando la desaparición de estos indicies obsoletos, caprichosos y criminales mes tras mes y a sabiendas del daño que ello viene produciendo a cientos de miles de economías humildes al tiempo que engorda los beneficios de unas pocas entidades. Primero agotaron el año de transición, luego lo han alargado seis meses más, y por último plantean que la sustitución se realice en la siguiente revisión a contar desde el primero de noviembre. De esta manera, las entidades financieras vienen obteniendo entre trescientos y cuatrocientos cincuenta millones de euros mensuales por aplicación de unos indices que, como hemos dicho, son obsoletos, manipulables y criminales.

Son obsoletos, porque ya no se contemplan en la Orden Ministerial de transparencia y protección de los clientes de servicios bancarios;

Son manipulables, porque se calculan a partir del propio comportamiento de las entidades en el mercado inmobiliario. El IRPH Cajas se obtiene calculando la media de los que las Cajas han cobrado a sus clientes, en un determinado periodo, por los préstamos hipotecarios a más de tres años y destinados a la adquisición de vivienda libre. El IRPH Bancos se obtiene calculando la media de los que los Bancos han cobrado a sus clientes, en un determinado periodo, por los préstamos hipotecarios a más de tres años y destinados a la adquisición de vivienda libre. El Ceca se obtiene calculando la media de los que las Cajas han cobrado a sus clientes, en un determinado periodo, por los préstamos hipotecarios a más de tres años destinados a la adquisición de vivienda libre y por los préstamos personales concedidos por un periodo de entre uno y tres años. Observamos, por tanto ,que en función de lo que caprichosamente decidan cobrar las entidades, el valor de estos indices irá creciendo o decreciendo, lo cual explica que su evolución sea ajena a la evolución del euribor, y que en la práctica podamos observar que los indices van creciendo en tanto que el euribor registra descensos históricos. Por eso decimos que se trata de un indice manipulable.

Son criminales por los devastadores efectos que causan en las economías familiares, un efecto cifrado entre 200 y 500 euros mensuales en función del importe del préstamo. Estas cantidades pueden marcar la diferencia entre poder hacer frente al pago de la hipoteca o introducirse por la senda del impago, el embargo y el desahucio. Porque al desahucio se llega de muchas maneras, y una de ellas es a través de la utilización de tipos de intereses criminales.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que el IRPH Entidades es la media de los indices IRPH Cajas e IRPH Bancos, todos los motivos que han justificado la desaparición de estos exigen igualmente la desaparición de aquél, motivo por el que estas agrupaciones de Afectados por el IRPH nos ratificamos en la exigencia de sustitución de todos los índicies para cuyo cálculo se tenga en cuenta el propio comportamiento de las entidades en el mercado hipotecario por euribor más un diferencial no más allá del 1%.

Hoy, a través de ésta enmienda, el Gobierno liderado por Mariano Rajoy modificará el cálculo del IRPH Entidades y solicitará aplicarlo a aquellos contratos hipotecarios que carezcan de sustitutivo. Esta nueva estafa hipotecaria no resuelve ningún problema económico de solvencia de los afectados, deja exactamente igual el beneficio de las entidades financieras y exactamente igual el perjuicio que percibimos como afectados, pasando por alto aplicar las medidas más beneficiosas para el consumidor como recomienda la UE.

El Gobierno sigue jugando con la economía de los españoles, quienes en numerosos casos están completamente desesperados. La ley de Transparencia no está siendo aplicada con el objetivo inicial y se está manipulando en beneficio de las entidades financieras, jugando con los conceptos y la palabras. Una vez más, lo único que se conoce hasta el momento es que a partir del 1 de noviembre, miles de afectados quedarán sujetos al Nuevo IRPH Entidades.

¿Hay publicada alguna explicación o aclaración sobre el cálculo del diferencia o el cálculo de nuevo IRPH Entidades que todo consumidor comprenda y pueda decidir contratarlo o no?
¿Si la entidad financiera lee textualmente éste párrafo a un consumidor éste tiene potestad para decidir si el producto le conviene o no?
¿Hay algún comunicado oficial usando palabras llanas y comprensibles?

A todas las preguntas NO.
La indiferencia por parte del Gobierno sobre los problemas económicos ahoga la economía de los ciudadanos, que no pueden consumir y ahoga a las empresas que no pueden invertir, lo que ahoga a los mercados que incrementan la prima de riesgo sobre España. Ese es el resultado de la indiferencia.

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LA PAH fuerza la presentación del Recurso de Inconstitucionalidad de ley de la vergüenza y denuncia el oportunismo del PSOE

La PAH vuelve a denunciar la vulneración sistemática de los Derechos Humanos en materia de vivienda con el Recurso de Inconstitucionalidad a la ley 1/2013 de 14 de Mayo, y pone de manifiesto los déficits democráticos y de participación ciudadana que también denunciamos con la tramitación de la ILP. Este recurso cuenta con los avales de 24 diputados y la PAH “lamenta” que el PSOE vuelva a intentar apropiarse de esta iniciativa y no apoye a la sociedad civil para presentarlo. Pese a esta actitud lamentable,  la PAH reclama que el Tribunal Constitucional (TC) declare la inconstitucionalidad de la ley 1/2013 por violación de derechos fundamentales.

Y comunica

  • Ante el anuncio del PSOE de la presentación del recurso de inconstitucionalidad a la ley de la vergüenza 1/2013 de 14 de Mayo, que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le solicitó que avalase (como hizo con el resto de partidos de la oposición), consideramos una victoria haber forzado al principal partido de la oposición a un cambio de posición y al reconocimiento de la situación de “estafa política” que la tramitación de la ILP por parte de la mayoría parlamentaria del gobierno del Partido Popular ha supuesto para la ciudadanía.


    Que entendemos la presentación de recurso de inconstitucionalidad como una victoria de la PAH y del conjunto del movimiento por el derecho a la vivienda contra la exclusión y en defensa de los derechos humanos. No estaba previsto por ningún grupo político presentar el recurso de inconstitucionalidad, una vez más la sociedad civil ha traspasado los límites establecidos y ante la violación de derechos fundamentales que supone la Ley de la vergüenza 1/2013, y ha conseguido forzar su presentación. La PAH con su equipo jurídico y sus luchadoras sociales ha vuelto a poner en jaque al status quo y ha conseguido que ocurra lo imprevisto: que la ley ilegítima, inconstitucional que salió mediante una estafa al derecho de la ciudadanía de presentar leyes, y a la ILP avalada por más de 1.400.000 firmas, sea cuestionada de nuevo.

    La presente ley 1/2013 que se recurre no ha venido a solucionar ningún problema de vulneración sistemática de Derechos Humanos, Constitucionales y Comunitarios,  que era lo que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que la PAH presentó en el Congreso de los Diputados, quería conseguir.

    Aunque es una victoria de la PAH y del conjunto del movimiento por el derecho a la vivienda contra la exclusión y en defensa de los derechos humanos, recordamos que hay cientos de miles de Ejecuciones Hipotecarias realizadas de espaldas a los Derechos Humanos, al Derecho a una Vivienda Digna, y a la Ley Comunitaria, y por lo tanto ilegales, según lo dictaminado por el Tribunal de la Unión Europea en sentencia 14 de Marzo y que en ningún caso se ha resuelto, ni se podrán restituir los derechos infringidos. Es por lo que seguimos exigiendo el cese inmediato de todo desalojo forzoso de familias vulnerables en todo el territorio español.

    La PAH se ha vuelto a colocar como la impulsora al señalar el problema y proponer las soluciones a problemas jurídicos y sociales creados por los gobiernos del PP y el PSOE en 35 años de alternancia política en materia de vivienda y derechos sociales recogidos en nuestra Constitución de 1978 y que ninguno de los dos partidos llamados mayoritarios han desarrollado, modificado, ni adecuado a las diferentes situaciones socio-políticas del país.

  • La elaboración del recurso de inconstitucionalidad por parte de la PAH ha puesto de manifiesto el déficit democrático que existe, porque muestra que es incomprensible que en una sociedad que pretende llamarse democrática no se permita a los agentes y actores de la sociedad civil y los movimientos sociales en defensa de los derechos humanos, presentar recursos de inconstitucionalidad frente a normas que violan derechos fundamentales, incluso ante la pasividad de los actores que sí deberían promoverlos.

  • Ante la iniciativa de presentación del recurso de inconstitucionalidad de la PAH y la petición de apoyos y avales para su presentación a los sujetos legitimados para hacerlo, queremos además manifestar como muy grave que La Defensoría del Pueblo a fecha de hoy no se ha posicionado, incumpliendo la obligación de defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

    Hasta la fecha hemos reunido 24 avales de diputados para la presentación del recurso correspondientes al Grupo Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) Grupo mixto (Compromis, Amaiur, ERC, Geroa Bai y BNG). Las formaciones políticas PNV, UPyD, CIU,FAC y CC no se han pronunciado haciendo oídos sordos a la llamada de la sociedad civil.

  • Lamentamos por último que el PSOE no haya tenido la capacidad política de permitir que la sociedad civil lleve a cabo la acción procesal excluyendo del recurso de inconstitucionalidad a la parte que lo impulsa, lo inicia y para la que ha supuesto un trabajo jurídico de enorme envergadura.
  • Entendemos que los intereses partidistas de una forma obsoleta de hacer política no pueden seguir imperando. El PSOE con esta forma de actuar demuestra que no entiende las formas éticas y honestas de estar en política, y refuerza más el distanciamiento de los ciudadanos con algunos partidos políticos.

    El movimiento ha tenido la inteligencia y la tenacidad para unir a mucha gente al margen de los partidos, sobre todo al margen de los partidos responsables de la burbuja inmobiliaria y que han negado el derecho a la vivienda. La PAH ha conseguido realizar el Recurso de Inconstitucionalidad cuando nadie creía que fuera posible

    Constatamos que nos acabamos de topar con sus viejas instituciones y sus miserias electorales. La misma fuerza institucional que le ha llevado al PSOE a ser cómplice de la burbuja y privación del derecho a la vivienda, la ha aprovechado ahora para la manipulación de un Recurso que no le pertenece. Solicitábamos cincuenta avales de la iniciativa, pero algunos no quieren trabajar con los movimientos sociales, sino que los movimientos sociales trabajen para ellos.

    Aun así la Plataforma de Afectados por Hipoteca reclama que el TC declare la ilegitimidad de la ley 1/2013 de 14 de Mayo y paralice cualquier procedimiento judicial hasta resolver la inconstitucionalidad de la ley que vulnera los tratados firmados por este país sobre derechos humanos.

    Descarga el recurso de inconstitucionalidad de la PAH de aquí

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    El Partido Popular desahucia la ILP

    El Partido Popular anunció el pasado martes el cierre del debate sobre la ILP. El jueves, en la comisión de economía, el Partido Popular votará en solitario a favor de su propuesta de reforma de la ley hipotecaria. En la más absoluta soledad. Sin aceptar las enmiendas de ningún grupo político y, lo que es más preocupante para la democracia de este país, desoyendo unas demandas que cuentan con el apoyo del 90% de la población, unas demandas de mínimos necesarias para no condenar a la exclusión social de por vida, a miles de familias.

    Ninguna mayoría absoluta legitima la violación sistemática de derechos humanos.

    La ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios cuenta con el aval de 1.402.854 firmas. Son demandas de mínimos, cuyo rechazo muestra una preocupante ignorancia por parte del PP de la realidad social en la que se encuentran cientos de miles de personas en este país.

    La propuesta de ley del PP desvirtúa por completo la ILP, no respeta el texto y vuelve a sus medidas parciales, arbitrarias e insuficientes que excluyen a la mayoría grueso de la gente las personas afectadas. Unas medidas que ya se han mostrado fracasadas. Su propuesta muestra un desprecio por la sentencia del TJUE, ya que no modifica el fondo del procedimiento de ejecución hipotecaria, ni dice nada de los cientos de miles de procedimientos ya realizados con una ley ilegal que vulnera derechos fundamentales. Les condenan y sacrifican de por vida al no aceptar ningún tipo de retroactividad efectiva. El texto hecho público la semana pasada ofrece una posibilidad teórica: que las familias paguen el 65% de la deuda en en cinco años a partir de la hecha de la subasta. Algo que, quienes conocemos el problema de cerca, sabemos que es inviable para el 99% de las familias afectadas. Impide también que la inmensa mayoría de las personas afectadas se acojan a la paralización de los desahucios de viviendas habituales y no contempla ninguna medida significativa de impulso del alquiler social.

    Lo que dice la Sentencia del TJUE ya es de obligado cumplimiento para los jueces españoles. Sin embargo, el texto del PP persiste en la ilegalidad vulnerando los derechos de los afectados y generando indefensión. Nada se introduce para mejorar la regulación, al contrario, reduce a un mes el plazo para alegar cláusulas abusivas se impone al afectado la obligación de alegar las cláusulas y de advertir el inicio del plazo, cuando el juez de oficio debe apreciarlas, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE. Por tanto, es persistir en la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados.

    Las propuestas del PP suponen una operación de maquillaje de los decretos De Guindos y Antidesahucios, cuyo fracaso ya se ha constatado.

    De este modo, el texto del Partido Popular aboca al caos social, económico y jurídico al país. Negar el derecho a una segunda oportunidad supone el caos social porque serán miles de personas las que creerán que no tienen solución posible a su situación. Las propuestas del PP nos abocan al caos económico, porque un país no podrá salir de la crisis, si sus ciudadanos no salen de ella, condenados a la economía sumergida y la exclusión social de por vida. Y conllevarán caos jurídico, porque si el Estado no tutela los derechos de las personas afectadas, éstas buscarán una solución en juzgados, opción que acabará por colapsarlos.

    La estrategia del Partido Popular de las últimas semanas de criminalizar la campaña de escraches, reprimir a los participantes, y poner toda su estructura al servicio de la difamación de la PAH y su portavoz Ada Colau muestra una actitud profundamente antidemocrática y la decisión de cerrar el debate es la prueba de que su intención no era otra que desviar la antención sobre un debate que va más allá de la ILP hipotecaria y que pone de manifiesto que la ciudadanía población ha dejado de confiar en un gobierno ilegítimo para garantizar sus derechos. Frente al acoso de la banca y la complicidad del gobierno, la ciudadanía ha tenido que organizarse y auto tutelar sus derechos a través de movimientos ciudadanos como la PAH.

    La decisión del PP de cerrar el debate sobre la reforma de la ley hipotecaria, rechazando las propuestas de la ILP, y sin contar con otros grupos políticos ni con la ciudadanía, muestra un peligroso desconocimiento de la realidad social. Son un insulto a la democracia, y una muestra de cómo el poder político se encuentra subyugado por los intereses de la banca. Una banca que ha hundido el sistema económico y nos ha llevado hasta esta crisis.

    El jueves la propuesta de ley saldrá de la comisión de economía y llegará al Senado, donde los senadores, desde nuestro punto de vista, tienen la obligación moral, política y democrática de presentar enmiendas y reabrir un debate que el Partido Popular quiere finiquitar.

    Desde la PAH sabemos que, como sociedad, no podemos permitirnos el lujo de tirar la toalla. Por eso, seguiremos presionando hasta el día de la votación para que se introduzcan las medidas que efectivamente darían una solución a la sangría de los desahucios.

    Si el PP insiste en sacar adelante un proyecto tan claramente insuficiente, las PAH seguiremos actuando para hacer lo que no hace el gobierno: defender los derechos de la ciudadanía población frente a los abusos de la banca. Seguiremos parando desahucios, actuaremos para forzar negociaciones con los bancos y lograr daciones en pago, recuperaremos viviendas vacías en manos de las entidades financieras e inundaremos los juzgados de escritos para solicitar la nulidad de procedimientos ya ejecutados. La ILP ofrece la posibilidad de no judicializar el conflicto y no colapsar los juzgados, pero si el PP no nos deja más remedio, haremos lo que debamos para defender los derechos humanos. Hay vidas en juego, aunque parezce que al Gobierno del PP le da igual.

    Rescatemos personas, no bancos

    ¡SÍ SE PUEDE!

    El grupo promotor está formado por:
    CCOO, UGT, Taula del tercer Sector, Observatori DESC, Confacv, y Plataforma de Afectados por la Hipoteca

    Por

    La ILP para la dación en pago recoge 1.402.854 firmas de apoyo

    Las entidades promotoras exigimos al PP que reconsidere su decisión de votar en contra de la admisión a trámite de la ILP

    Las entidades promotoras de la ILP para la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el fomento del alquiler social hemos conseguido recoger un total de 1.402.854 firmas, lo que evidencia un clamor ciudadano para cambiar la legislación hipotecaria y poner fin al drama de miles de familias que se ven en la calle, sin vivienda, y con una deuda de por vida.
    En este cuadro ofrecemos el número de firmas recogidas por Comunidades Autónomas:
    1.402.854
    COMUNIDAD AUTÓNOMA
    TOTAL
    ANDALUCÍA
    160.929
    ARAGÓN
    35.140
    ASTURIAS
    41.254
    CANARIAS
    25.034
    CANTABRIA
    10.304
    CASTILLA LA MANCHA
    26.739
    CASTILLA LEÓN
    47.234
    CATALUNYA
    393.135
    COMUNITAT VALENCIANA
    180.541
    EXTREMADURA
    17.032
    GALICIA
    30.283
    ILLES BALEARS
    24.220
    LA RIOJA
    19.099
    MADRID
    246.932
    MÚRCIA
    48.268
    NAVARRA
    21.159
    PAIS VASCO
    73.786
    CEUTA Y MELILLA
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    El próximo martes, 12 de febrero, el Congreso de los Diputados votará si “toma en consideración” la ILP lo que supondría el inicio de su tramitación parlamentaria, pero el Partido Popular ya ha anunciado que votará en contra. Las entidades promotoras exigimos al PP que reconsidere esta decisión, ya que supondría un grave insulto a la democracia que el Congreso ni tan siquiera tomara en consideración y debatiera una demanda ciudadana con su apoyo tan amplio, muy superior incluso al número de votos que tienen algunos partidos con representación en el Parlamento. Nos preguntamos para qué sirven las iniciativas legislativas populares y el requisito de recoger un mínimo de 500.000 firmas si el Congreso puede rechazar sin considerar un texto que triplica esta cifra.
    La votación de la ILP para la dación en pago coincidirá con la votación de otra ILP, en este caso para la regulación de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural, que parece que sí será admitida a consideración –con menos de la mitad de firmas-. Creemos que el Congreso de los Diputados ofrecerá una imagen lamentable de este país si demuestra que las prioridades políticas anteponen la fiesta nacional por delante del sufrimiento de las personas.
    El martes 12 de febrero, a las 11.30h, representantes de las entidades promotoras de la ILP ofrecerán una rueda de prensa ante el Congreso de los Diputados y por la tarde seguirán el pleno del Congreso.
    Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y el tercer trimestre de 2012 se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado. Las Comunidades Autónomas que tienen el triste honor de encabezar el ranquing de desahucios son Andalucía (81.160), Catalunya (79.043) y la Comunitat Valenciana (77.435).
    El grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios, i el fomento del alquiler social está formado por CCOO, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya (CONFAVC), el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya, y UGT.
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    Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca convocan concentraciones frente a las sedes del PP el martes (en Baleares serán el lunes).
    Campaña de envío masivo de mail a los diputados del PP para que voten a favor de la tramitación, aquí.