Según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, el número de nuevas ejecuciones hipotecarias registradas aumentan un 253,2% respecto al segundo trimestre de 2020.
Una vez más el tiempo y el sufrimiento de las personas afectadas por el problema de la vivienda, nos da la razón. Nada más iniciarse el estado de alarma, en marzo de 2020, ya lo avisamos: si no se ponían medidas pensando en las familias hipotecadas, dejando de proteger a la banca, el panorama pasado un año sería aterrador. Y aquí estamos, en el segundo trimestre de 2021 con 3.243 nuevas ejecuciones hipotecarias registradas, tan solo entre abril, mayo y junio.
Estamos ante otro mérito del cacareado escudo social que sigue demostrando su ineficacia y dejando a miles de familias en la estacada. Un supuesto escudo social pensado para evitar los desahucios por alquiler y algunos por ocupación, pero que deja totalmente desvalidas y fuera a las familias hipotecadas. Familias que no tienen más protección que optar a pactos de sobreendeudamiento con el banco, encontrándose a merced de las reglas del juego que imponga la banca, mientras se acumulan los impagos por causas sobrevenidas.
A día de hoy, podemos afirmar que el Gobierno más progresista de la historia, es directamente responsable de casi 13.000 nuevas ejecuciones hipotecarias. O lo que es lo mismo, casi 13.000 pequeños propietarios con sus vidas truncadas, mientras desde el Gobierno solo se piensa en como proteger a los grandes propietarios para que sigan especulando con la vivienda y nuestras vidas.
En marzo de 2020, ya denunciamos que la protección al sector hipotecado no podía pasar por un aplazamiento del pago. Que sería inasumible. Que no podíamos permitir que se cometieran los mismos errores que en la anterior crisis que ya dejó sin viviendas a casi un millón de familias. Cuando, en diciembre se prorrogó el escudo social dejando fuera a las familias hipotecadas, lo volvimos a denunciar. Las declaraciones del PSOE en esos momentos fueron aberrantes. Decir que se podían acoger a la moratoria hipotecaria que dictó el PP en 2013, es esperpéntico. Están empujando a la gente a quedarse sin propiedad, con una deuda que les condena de por vida y sin alternativas a una segunda oportunidad. Lo volvimos a hacer cuando los datos del INE y del Poder Judicial, mostraron un incremento de nuevas ejecuciones hipotecarias registradas, así como un incremento de los desahucios derivados por impago de hipoteca. Dos cifras que llevaban años sin subir y lo han hecho en plena pandemia gracias a la mala gestión del actual Gobierno.
Esta nefasta escalada que deja a tanta gente sin su vivienda habitual, que tanto trabajo les ha costado, empezó en el tercer trimestre del año pasado. Desde entonces, la cifra no ha hecho más que crecer. Los tres últimos trimestres ya se han situado por encima de las 3.000, lo cual no ocurría desde finales de 2016.
Sobre los datos, destacar la falta de consciencia política así como su discurso simple y facilón, tan alejado de la realidad. La única realidad que conocemos, es que la gente está volviendo a perder su casa, que el alquiler es una opción inaccesible de vivienda y que los desahucios, no solo continúan, aumentan respecto a fechas previas al escudo social.
Mientras el Gobierno se sigue escudando en unas políticas neoliberales de extrema protección al capital y dejando a la gente atrás, somos los movimientos sociales los únicos actores que trabajamos para revertir la situación. No solo parando desahucios en puerta, asesorando o logrando soluciones a base de negociación directa, también elaborando la única ley pensada para garantizar realmente el derecho a la vivienda y no ese pegote, que lleva meses llenando titulares, sin avanzar y que de legislarse según los términos que nos llegan, no valdrá más que para proteger y enriquecer a los de siempre.
Todo esto, con las medidas de protección ”más ambiciosas” que se han desarrollado según el Gobierno y que para colmo caducan el próximo 31 de octubre. De seguir así el tsunami de desahucios que se está generando será una catástrofe.