La justicia de la UE da un nuevo golpe a la ley hipotecaria del PP por no proteger al consumidor

Si los intereses de mora son abusivos, el juez no tiene que recalcularlos sino debe declararlos nulos. 

El  Tribunal de Justicia de la Unión  Europea (TJUE) ha resuelto una  cuestión prejudicial planteada por un  juez de Marchena (Sevilla) que  supone un nuevo golpe al gobierno español por no proteger al consumidor  frente a las entidades financieras.

El TJUE sentencia que si los intereses de mora ante un impago hipotecario son abusivos, el  juez  podrá apreciar que se trata de una cláusula abusiva y decretar su nulidad  para que no se apliquen en la ejecución hipotecaria en marcha. Asimismo, el Tribunal advierte que estas cláusulas declaradas nulas no podrán integrarse por otra norma nacional. La sentencia supone otro duro golpe a la Ley hipotecaria 1/2013  aprobada por el Gobierno del PP que pretendía que en estos casos el juez  se limitara a recalcular los intereses considerados abusivos.

En marzo de 2013, la sentencia del caso Aziz de este tribunal puso patas arriba  el caduco sistema de ejecución hipotecaria española  al permitir al  juez entrar a analizar el contrato hipotecario -hasta  entonces no podía-  ante una posible existencia de cláusulas abusivas,  analizarlas de  oficio y suspender el proceso hasta resolverlo. Con  ello, el TJUE aplicaba la Directiva 93/13 vigente desde 1993 en la Unión  Europea.

Con  esta resolución, el TJUE ratfificaba los postulados de la PAH: el  procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de   lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía,  sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que  infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.

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Avance del Informe: Emergencia habitacional e impacto en el derecho a la salud e infancia en la crisis hipotecaria

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la colaboración del proyecto europeo de investigación SOPHIE sobre el impacto de las políticas estructurales en las desigualdades en salud y el grupo EMIGRA (CER-Migracions, UAB), presentaremos en febrero el Informe “Emergencia habitacional y derecho a la vivienda en Cataluña. Impacto en el derecho a la salud y en los derechos de la infancia en la crisis hipotecaria”.

El estudio analiza la problemática que sufren en Catalunya las persones con dificultades para hacer frente a la hipoteca a partir del análisis de 1.200 encuestas realizadas a persones que han contactado con la PAH durante los meses de octubre y noviembre de 2014. A pesar de no tener carácter exhaustiva la amplitud de la muestra permite detectar patrones comunes.

El análisis de las encuestas aporta, en primer lugar, información sobre el perfil sociodemográfica y los factores de vulnerabilidad de los hogares catalanes afectados. En segundo término, la muestra detalla el diferente comportamiento de las entidades financieras en Catalunya, unos datos que tanto los propios bancos como las administraciones no han querido facilitar a día de hoy. En tercer y último lugar, la estadística permite avaluar los impactos de la problemática en el derecho de las personas afectadas, y muy especialmente de los niños, a disponer de una vivienda digna y a gozar del más alto nivel posible de salud.

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Carmen se queda: la ciudadanía vuelve a ir por delante de las instituciones defendiendo y construyendo el derecho a la vivienda

El  desahucio de Carmen genera una ola de solidaridad y vuelve a dejar en evidencia el fracaso de la política de vivienda del PPSOE

Exigimos  una reunión con el Ministerio de Economía y la directora de la SAREB  para abordar la cesión de viviendas para hacer frente a la emergencia habitacional

El drama de los desahucios no se ha frenado desde que comenzó la crisis.  Año tras año, los datos oficiales nos sorprenden con cifras  escalofriantes que confirman el fracaso de las políticas en materia de  vivienda de todos los gobiernos de los últimos años. Solo en el primer  semestre de este año, 26.500 familias han perdido sus hogares, más de 346.000 desde el 2008, todas estas familias tienen caras,  nombres y son casos como el de Carmen, la vecina de 85 años desahuciada  en Vallekas el pasado día 21.

A  pesar del enorme consenso social sobre lo injusto que son estos  desahucios, incluso el consenso legal en diversos tribunales europeos de  que el sistema hipotecario español es una trampa para las personas  hipotecadas, nuestros gobernantes siguen mirando para otro lado ante los cientos de desahucios que se producen a diario. A los resultados ínfimos de la moratoria del PP contra los deshaucios, se suma  la inexistencia de un parque público de vivienda para atender a las miles de famílias desahuciadas.

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