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¿Segunda Oportunidad? Solo lo será si es para todas

Desde la PAH exigimos una serie de medidas de urgencia e imprescindibles para que la Ley de Segunda Oportunidad no sea otro fracaso con un impacto ínfimo en la situiación de las familias en ejecución hipotecaria.

El decreto ley llamado de “segunda oportunidad” que anunció Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación podría aprobarse hoy mismo en el Consejo de Ministros en un contexto de opacidad y confusión total.

Durante esta semana ningún Ministerio ha sido capaz de explicar en qué consiste realmente y cómo afectará a las familias afectadas por desahucios y los autónomos ahogados por las deudas. Ayer, los miembros del Gobierno solo repetían las mismas generalidades que enunció Rajoy en el discurso y derivaban la responsabilidad a Economía, proponente del decreto ley junto al Ministerio de Justicia. De hecho, ni siquiera está claro que vaya a aprobarse hoy.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, tras años presentando una propuesta articulada a través de la Iniciativa Legilsativa Popular en 2013, nos tememos que las medidas aprobadas por el Gobierno tengan demasiadas limitaciones que las conviertan en ineficaces y vuelvan a condenarlas al fracaso.

Recordamos el fracaso absoluto de todas y cada una de las iniciativas que los Gobiernos del PPSOE han adoptado hasta hoy para “intentar frenar” los desahucios. La moratoria de los desahucios, por ejemplo, anunciada a bombo y platillo por el ejecutivo ha tenido unos efectos ínfimos parando solo el 8% de los 120.000 desahucios que se han producido durante su vigencia. Por su parte, el impacto del Código de Buenas Prácticas de Guindos (RD Ley 6/2012) aún ha sido más ridículo. En los casi tres años desde su aplicación solo se ha conseguido daciones en pago para un 0,7% de los afectados, y por su parte el fondo social de vivienda solo ha concedido alquileres sociales a un 0,4% de las ejecuciones hipotecarias.

A pesar de que hasta el dia de hoy aún no hemos podido tener acceso al contenido del texto definitivo que previsiblemente aprobará hoy el Gobierno, queremos hacer una serie de consideraciones para informar a la ciudadanía de algunas de las exigencias de mínimos que tendría que incluir este Real Decreto Ley para que realmente fuera una Ley de Segunda Oportunidad y no volviera a ser un fracaso estrepitoso.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca exigimos:

  • Que el préstamo hipotecario se incluya sin condiciones. Los préstamos hipotecarios (actualmente excluídos en los procedimientos concursales) tienen que quedar afectados por la nueva ley, puesto que de lo contrario, tratándose de la principal deuda de la ciudadanía, la medida anunciada seria totalmente inútil. Asimismo, no tiene sentido poner ningún tipo de requisito a su inclusión más allá del hecho de que el préstamo hipotecario sea por vivienda habitual.
  • Que la “segunda oportunidad” no dependa de la voluntad de los acreedores. Ha quedado demostrado que los mecanismos de segunda oportunidad -como los procedimientos extrajudiciales- cuando dependen de la voluntad de las entidades financieras están condenados al fracaso: siendo un mero trámite sin ninguna posibilidad de acuerdo, o simplementre una vía que ni siquiera se inicia.
  • Que no se establezca ningún tipo de restricción a los deudores de buena fe, ni de tipo económico ni social. Todas las personas en situación de sobreendeudamiento que han contraído los préstamos de buena fe merecen una segunda oportunidad, independientemente de la situación familiar que tengan y las condiciones económicas del crédito. El fracaso del Código de Buenas Prácticas debería ser un argumento de peso suficiente como para que el Gobierno tomara la determinación de que no se puede seguir dejando fuera a la gran mayoría de la población afectada en base a unos criterios arbitrarios de vulnerabilidad.
  • El plazo que se establezca para la condonación de las deudas que hubieran quedado pendientes tras el concurso no debería superar un año, tiempo más que suficiente para comprobar la rehabilitación económica o no del deudor. Además el procedimiento debe evitar que, como sucede en otros casos, los costes del mismo lo hagan inviable para los afectados.
  • Que la mera solicitud del procedimiento extrajudicial suspenda temporalmente cualquier ejecución de deudas del afectado. De esa manera se suspendería toda ejecución hipotecaria en curso y se impediría el inicio de nuevas, evitando el riesgo de embargo y desahucio.
  • Que la nulidad de las cláusula suelo se extienda a todas las personas afectadas y suponga la obligación de devolución de las cantidades pagadas en aplicación de los mismos. El anuncio de regular las cláusulas suelo hipotecarias parece reducirla a “colectivos vulnerables”, a pesar de existir miles de sentencias judiciales dictando la nulidad de los “suelos” e incluso la devolución de las cantidades pagadas en aplicación de los mismos. El Gobierno no puede seguir legislando a favor de la banca y haciendo caso omiso a estas resoluciones judiciales.

Queremos recordarle al Gobierno que la “segunda oportunidad” (que ya prevén la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno) es un derecho de todos los ciudadanos, y no puede limitarse a casos de extrema necesidad y “especial vulnerabilidad”. La insolvencia sobrevenida para miles de familias que fueron victimas del estallido de la burbuja inmobiliaria no puede seguir suponiendo una condena a la exclusión social y a la desesperanza. Ya está bien de que los intereses especulativos de los bancos pisoteen el derecho a la vivienda de los afectados

Una vez más, tememos que las propuestas que nos ofrecen sean las propuestas que están dispuestos a ceder los bancos. Es decir, las propuestas de los abogados de los bancos que han tenido acceso al texto definitivo antes que los propios afectados para desvirtuarlo y asegurarse que no perjudica sus intereses. Y nos preguntamos: ¿No debería ser al revés? La democracia no es un sistema de representación que traduce en ley aquello que la ciudadanía clama a gritos? ¿Por qué este gobierno se deja manipular como marionetas por el interés de una minoría y en contra de la gran mayoría social?

La respuesta a la situación de sobreendeudamiento y emergencia habitacional que sufre el país es clara. Dación en pago retroactiva, moratoria real de desahucios y alquiler social. Es esta la Segunda Oportunidad Real para las más de 570.000 familias que sufren una ejecución hipotecaria desde 20007. Tenemos el aval de 1.402.854 firmas a la Iniciativa Legislativa Popular y de más de 200 PAHs que en todo el Estado las aplican día a día en la calle, presionando a los bancos y aplicando la desobediencia civil para conseguir las daciones, condonaciones y alquileres sociales que el Gobierno les niega.

Hay vidas en juego y no aceptaremos que trafiquen con nuestros derechos. Que no le quepa ninguna duda a éste o cualquier Gobierno que no vamos a aceptar ninguna rebaja y seguiremos luchando por el derecho a la vivienda y una segunda oportunidad real y para todas.

Basta de parches y mentiras, por una Segunda Oportunidad Real!

¡Si Se Puede!

#2aOportunidadReal
#HayVidasEnJuego

Porpower

Seis años de PAH. Seis años practicando el ¡Sí Se Puede!

BlocLaBordetaCelebramos el aniversario de la PAH recuperando otro edificio para la Obra Social: el #BlocLaBordeta

La PAH cumple 6 años, 6 años en los que hemos pasado de iniciar una lucha que parecía imposible, a ganar decenas de batallas cada día. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la indefensión en la que nos dejaron y dejan los poderes públicos nos obligaron a unirnos, organizarnos y apoyarnos entre nosotras, la única forma en la que por ahora parece posible recuperar las vidas y los derechos que los bancos se empeñan en quitarnos.

Mirar hacia atrás y ver las victorias conseguidas da vértigo. Más de 1000 desahucios parados. Más de 2000 personas realojadas por la Obra Social de La PAH. Miles de daciones en pago, condonaciones y alquileres sociales conseguidos en estos años, conquistados con el esfuerzo de esos miles de Davids que le han plantado cara a Goliat. Heroínas y héroes anónimos que hemos perdido el miedo y nos hemos dejado la piel por el movimiento.

Hemos querido aprovechar esta fecha para celebrar el encontrarnos, y volver a desobedecer juntas recuperando un edificio hasta ahora muerto, sin vida, vacío en manos de los especuladores de la SAREB. Un edificio que con la Obra Social de la PAH recupera su función social, realojando a familias que han  agotado todas las vías que prevé la Administración para acceder a una vivienda. Es por eso que hoy damos la bienvenida al nuevo edificio recuperado por la Obra Social en Barcelona que se ha transformado de una cifra en la cartera de la SAREB a una docena de hogares. Hoy queremos dar la bienvenida al #BlocLaBordeta.

Hasta el día de hoy, la Obra Social de la PAH ha recuperado más de 30 edificios de las garras de bancos y fondos buitre, 13 de ellos propiedad de la SAREB. Más de 2000 personas realojadas que no tenían la posibilidad de otra alternativa habitacional, demostrando una vez más que a través de la desobediencia civil se está consiguiendo lo que la Administración no hace: dar soluciones a la situación de emergencia habitacional que sufrimos en la actualidad.

Los datos disponibles sobre pisos vacíos son de escándalo: 3.4 millones de pisos en España, 448.356 en Catalunya, 88.259 en Barcelona. Si bien hemos demostrado que con la #MocionPAH se puede recuperar los pisos vacíos en manos de la Banca para destinarlos a alquiler social, es desesperante ver como Ayuntamientos como el de Barcelona siguen poniendo pegas a esta fórmula, adoptando medidas irrisorias (tan sólo 16 expedientes abiertos por pisos vacíos en 1 año) y gestionando de manera absolutamente ineficaz las políticas de vivienda.

Seis años después seguimos exigiendo que se haga efectivo el derecho a la vivienda digna de las personas, tal y como refleja la Constitución en su artículo 47. Sin embargo, la SAREB, los bancos y los fondos buitres tratan un derecho humano como una mercancía con el que enriquecerse y especular ante la pasividad de unas Administraciones que siguen ancladas al viejo modelo de la burbuja inmobiliaria.

Mientras la vivienda es cada vez más un lujo al que una parte importante de la sociedad no tiene acceso, el dinero público continúa rescatando a la banca en lugar de ser utilizado para dar soluciones a la población. La SAREB,con un 95% de sus fondos provenientes del erario público y con 90.000 viviendas en su poder las utiliza para hacer negocio en lugar de para paliar los efectos de la crisis en la población. Miles de casas vacías pagadas con nuestro dinero, avaladas con nuestra deuda que son vendidas a fondos buitres a precio de ganga mientras gran parte de la población sigue sin poder acceder a una vivienda digna.

Por estas razones, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca exigimos a la SAREB que ceda la gestión de sus viviendas vacías, para que estas recuperen su uso social. Así mismo, exigimos que deje de amenazar a las personas viven en las viviendas recuperadas por la Obra Social, retire las denuncias y regularice su situación. Si la SAREB ha sido rescatada con dinero publico, sus pisos son de la ciudadanía.

Mientras no se apliquen medidas estructurales para frenar la emergencia habitacional -como la ILP presentada al Parlament de Catalunya y las mociones para recuperar los pisos vacíos de la Banca para alquiler social- seguiremos desobedeciendo y recuperando nosotras mismas los derechos que gobierno y bancos nos negáis.

La PAH continuará autotutelando derechos, recuperando viviendas y  devolviéndoles su función social. Es una obligación democrática y  urgente. Estos 6 años de lucha demuestran que la  movilización ciudadana consigue lo que las administraciones -a pesar de disponer de todos los recursos- dicen que “no es posible”. Porque en la PAH hoy afirmamos maś alto que nunca que Sí Se Puede.

¡Si se quiere, se puede! La Sareb es nuestra y sus casas también.

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La justicia de la UE da un nuevo golpe a la ley hipotecaria del PP por no proteger al consumidor

Si los intereses de mora son abusivos, el juez no tiene que recalcularlos sino debe declararlos nulos. 

El  Tribunal de Justicia de la Unión  Europea (TJUE) ha resuelto una  cuestión prejudicial planteada por un  juez de Marchena (Sevilla) que  supone un nuevo golpe al gobierno español por no proteger al consumidor  frente a las entidades financieras.

El TJUE sentencia que si los intereses de mora ante un impago hipotecario son abusivos, el  juez  podrá apreciar que se trata de una cláusula abusiva y decretar su nulidad  para que no se apliquen en la ejecución hipotecaria en marcha. Asimismo, el Tribunal advierte que estas cláusulas declaradas nulas no podrán integrarse por otra norma nacional. La sentencia supone otro duro golpe a la Ley hipotecaria 1/2013  aprobada por el Gobierno del PP que pretendía que en estos casos el juez  se limitara a recalcular los intereses considerados abusivos.

En marzo de 2013, la sentencia del caso Aziz de este tribunal puso patas arriba  el caduco sistema de ejecución hipotecaria española  al permitir al  juez entrar a analizar el contrato hipotecario -hasta  entonces no podía-  ante una posible existencia de cláusulas abusivas,  analizarlas de  oficio y suspender el proceso hasta resolverlo. Con  ello, el TJUE aplicaba la Directiva 93/13 vigente desde 1993 en la Unión  Europea.

Con  esta resolución, el TJUE ratfificaba los postulados de la PAH: el  procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de   lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía,  sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que  infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.

Porlapah

Los datos del INE confirman que siguen aumentando las ejecuciones hipotecarias y fracasa la ley chapuza del PP

Hoy se han publicado los datos del tercer trimestre sobre ejecuciones hipotecarias. Las cifras publicadas por el INE confirman, una vez más, que las medidas tomadas por el PP no hacen más que agravar la situación de emergencia habitacional y de vulneración de derechos humanos en materia de vivienda en España.

Según los datos oficiales, en el tercer trimestre de 2014 se han iniciado 23.240 ejecuciones hipotecarias. El 77,3% de las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria (6.787) son viviendas habituales en propiedad, un 13,5% más que en el mismo trimestre de 2013.

Todos los datos facilitados por la administración indican que las ejecuciones hipotecarias, lejos de disminuir van en aumento. En total, estamos hablando de que acumulamos más de 570.00 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007. Y todo ello sin contabilizar los datos relativos al alquiler, un drama creciente.

En la PAH llevamos desde 2009 denunciando la falta de datos cuantitativos y cualitativos referentes al procedimiento de ejecución hipotecaria y la clara intencionalidad de invisibilizar el drama de los desahucios y la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y los derechos humanos por parte de las administraciones públicas. No recoger datos estadísticos de calidad es una decisión política que contribuye a invisibilizar los problemas.

 Al mismo tiempo resulta escandaloso el intento de manipulación de los datos del INE, cuando en uno de los titulares de la nota de prensa se dice:Las inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad disminuyen un 29,5% respecto al trimestre anterior…” Cualquier neófito sabe que los datos de ejecuciones hipotecarias y desahucios siempre se comparan los trimestres, con el mismo período del año anterior, nunca con el trimestre anterior del mismo año. En este caso a la manipulación se le añade que el mes de agosto no es, los registros no funcionan, por tanto se compara un período, el segundo trimestre, con 30 días hábiles menos, que el otro (tercer trimestre)

Analizando los datos publicados hoy -conjuntamente con los datos del CGPJ y del Banco de España- podemos concluir que 7 años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, la emergencia habitacional en el estado español lejos de disminuir, aumenta. Las cifras constatan el incremento de los desahucios y del número de ejecuciones hipotecarias, y que nada de lo que ha hecho el Gobierno ha mejorado la situación. Sus medidas-parche son un insulto y una falta de respeto a las personas afectadas.

Con una aval de más de 1,5 millones de firmas de la ciudadanía que dan apoyo a las demandas de la PAH no nos cansaremos de exigir una y otra vez que se apruebe la ILP ante los oídos sordos del gobierno del Partido Popular. La ILP es democracia y garantía de derechos. Asimismo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca también queremos denunciar la falta de transparencia por parte del Gobierno en cuanto a datos de ejecuciones hipotecarias se refiere.

Mientras el Gobierno mira para otro lado y protege a las entidades financieras somos la ciudadanía organizada la que estamos auto tutelando el derecho a la vivienda, parando desahucios, arrancando daciones, condonaciones y alquileres sociales a las entidades financieras y produciendo datos de calidad para dar luz al drama de las ejecuciones hipotecarias. Hasta que no se haga efectivo el derecho a la vivienda y nuestras medidas de mínimos no estén reguladas, la PAH continuará desobedeciendo esta ley injusta, actuando en los juzgados, en los Ayuntamientos, en las calles y donde haga falta.

¡Sí se puede!

Puedes consultar los datos trimestrales del INE sobre ejecuciones hipotecarias aquí.

Porlapah

Avance del Informe: Emergencia habitacional e impacto en el derecho a la salud e infancia en la crisis hipotecaria

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la colaboración del proyecto europeo de investigación SOPHIE sobre el impacto de las políticas estructurales en las desigualdades en salud y el grupo EMIGRA (CER-Migracions, UAB), presentaremos en febrero el Informe “Emergencia habitacional y derecho a la vivienda en Cataluña. Impacto en el derecho a la salud y en los derechos de la infancia en la crisis hipotecaria”.

El estudio analiza la problemática que sufren en Catalunya las persones con dificultades para hacer frente a la hipoteca a partir del análisis de 1.200 encuestas realizadas a persones que han contactado con la PAH durante los meses de octubre y noviembre de 2014. A pesar de no tener carácter exhaustiva la amplitud de la muestra permite detectar patrones comunes.

El análisis de las encuestas aporta, en primer lugar, información sobre el perfil sociodemográfica y los factores de vulnerabilidad de los hogares catalanes afectados. En segundo término, la muestra detalla el diferente comportamiento de las entidades financieras en Catalunya, unos datos que tanto los propios bancos como las administraciones no han querido facilitar a día de hoy. En tercer y último lugar, la estadística permite avaluar los impactos de la problemática en el derecho de las personas afectadas, y muy especialmente de los niños, a disponer de una vivienda digna y a gozar del más alto nivel posible de salud.

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Porlapah

La moción de la PAH para recuperar la vivienda vacía en manos de la banca ha demostrado que una vez más “sí se puede!”

En enero de 2014 la PAH lanzó una nueva campaña para proteger a las familias de los desahucios: la de mociones a los Ayuntamientos para recuperar la vivienda vacía en manos de la banca.

Casi un año después de que el PP rechazara la ILP de la PAH en el Congreso, el resto de administraciones -tanto autonómicas como locales- estaban paralizadas e insistían en que no había nada más que hacer para detener la emergencia habitacional.

Mientras la PAH seguía haciendo lo que las administraciones no hacían: proteger los derechos más elementales de la población. Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios no han parado de crecer y las PAHs de todo el estado presionaban a los bancos consiguiendo miles de daciones en pago y alquileres sociales, parando desahucios a diario o realojando a miles de personas con la campaña de la Obra Social de la PAH.

 

Además de detener los desahucios y ofrecer una segunda oportunidad a las familias, conseguir movilizar las viviendas hacia el alquiler social es uno de los elementos clave para frenar la emergencia habitacional.

El estado español es el país de Europa que más desahucia, con más vivienda vacía y menos vivienda social: más de 400.000 desahucios desde 2008, 3,4 millones de viviendas vacías de los que unos 800.000 en manos de las entidades financieras y menos de un 1% de vivienda de alquiler social1. Cataluña encabeza el ranking en desahucios del estado, tiene un 13% del parque de viviendas vacío (448.000) muchos de ellos en manos de bancos, y tiene un parque público de alquiler de un 1% frente a un 18% de media en la UE.

Es intolerable que la banca acumule viviendas vacías mientras expulsa a las familias de sus casas. Por esta razón las PAHs de Cataluña llevaban tiempo exigiendo a la Generalitat y los Ayuntamientos que hicieran todo lo que estuviera en sus manos para conseguir movilizar vivienda social. La respuesta era que no era posible, pero la iniciativa pionera de la ciudad de Terrassa de penalizar el uso antisocial de las viviendas vacías de bancos, que se había puesto en marcha gracias a la presión de la PAH-Terrassa, dejó claro que : “si se quería, se podía”.

La campaña de “Mociones para la sanción de los inmuebles permanentemente desocupados propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas” basada en la Ley catalana del derecho a la vivienda y en la experiencia de Terrassa, tenía por objetivo extender a toda Cataluña la detección y penalización de la vivienda vacía en manos de los bancos con el fin de movilizar y ponerlo en alquiler social para las familias.

Aplicar esta medida no es sólo una opción, sino una de las únicas vías que permite crear el parque social de viviendas que necesitamos de forma urgente. En Europa las políticas de movilización de las viviendas vacías son habituales y se utilizan desde hace años: Dinamarca, Francia, Italia o Inglaterra multan la vivienda vacía con el objetivo de movilizarlo para la población que necesita vivienda social. Pero cuando la PAH lanzó la campaña de mociones los “supuestos expertos” en vivienda se apresuraron a decir que “multar no serviría para conseguir vivienda social” o que “los bancos no pagarían las multas”. Incluso la propia Generalitat, que es quien debería aplicar la ley, quiso esquivar la campaña de mociones con una propuesta “descafeinada” de tasa a las viviendas vacías que no sabemos cuándo se empezará a aplicar.

 

A casi un año después del lanzamiento de la campaña podemos decir que la tenacidad de la sociedad civil ha demostrado de nuevo que “si se quiere, se puede”, dando una lección a las administraciones que se niegan a proteger a las personas frente a la banca.

  • La PAH ha presentado la moción en 166 Ayuntamientos de Cataluña y se ha aprobado en 120 de ellos (hay 46 pendientes de aprobar) donde vive el 68% de la población catalana y están los municipios más poblados de Catalunya.
  • 16 municipios de Cataluña ya están aplicando la moción y 3 municipios ya han puesto multas (Terrassa, Girona y Santa Coloma de Gramanet).
  • La experiencia más avanzada de Terrassa está demostrando que multar sirve para conseguir vivienda social:
  • Se han impuesto 43 multas de los más de 1000 expedientes a los 2500 viviendas vacíos detectados.
  • Los bancos han cedido 100 viviendas para evitar multas.

Se han cobrado 3 multas y los bancos multados han cedido las 3 viviendas expedientados donde ya han entrado familias a vivir.

De los 120 municipios que aprobaron la moción hay muchos más estudiando su aplicación y que lo harán en poco tiempo.

 

La inactividad del Gobierno Central y el tímido papel la Generalidad de Cataluña a la hora de hacer frente a la emergencia habitacional aboca a cientos de miles de familias a la miseria, y deja solos a los Ayuntamiento que ven cómo se colapsan cada día más los servicios sociales municipales. El ejecutivo de Artur Mas ha decidido seguir incumpliendo la obligación de aplicar la ley, y renuncia a sancionar lo que esta define como “incumplimientos muy graves en materia de calidad del parque inmobiliario” enmascarando su inacción con un insuficiente proyecto de impuesto sobre los pisos vacíos que normaliza la impunidad ante la acumulación de pisos vacíos que protagonizan los bancos.

En cambio, hoy podemos decir que, gracias a la presión de la PAH, los municipios de Cataluña son la única administración que ha respondido al clamor de la ciudadanía, y que ha empezado a hacer políticas reales, valientes y efectivas de vivienda contra la emergencia habitacional.

#SíSePuede

Hoy es posible pasar de la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda!

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1A mucha distancia del siguiente y acumulando más de la tercera parte del total europeo, que se situa en 11 millones de vivienda vacía, según publica The Guardian.El estado español tiene un 3% de vivienda social(vivienda protegida y alquiler social).

Porlapah

Carmen se queda: la ciudadanía vuelve a ir por delante de las instituciones defendiendo y construyendo el derecho a la vivienda

El  desahucio de Carmen genera una ola de solidaridad y vuelve a dejar en evidencia el fracaso de la política de vivienda del PPSOE

Exigimos  una reunión con el Ministerio de Economía y la directora de la SAREB  para abordar la cesión de viviendas para hacer frente a la emergencia habitacional

El drama de los desahucios no se ha frenado desde que comenzó la crisis.  Año tras año, los datos oficiales nos sorprenden con cifras  escalofriantes que confirman el fracaso de las políticas en materia de  vivienda de todos los gobiernos de los últimos años. Solo en el primer  semestre de este año, 26.500 familias han perdido sus hogares, más de 346.000 desde el 2008, todas estas familias tienen caras,  nombres y son casos como el de Carmen, la vecina de 85 años desahuciada  en Vallekas el pasado día 21.

A  pesar del enorme consenso social sobre lo injusto que son estos  desahucios, incluso el consenso legal en diversos tribunales europeos de  que el sistema hipotecario español es una trampa para las personas  hipotecadas, nuestros gobernantes siguen mirando para otro lado ante los cientos de desahucios que se producen a diario. A los resultados ínfimos de la moratoria del PP contra los deshaucios, se suma  la inexistencia de un parque público de vivienda para atender a las miles de famílias desahuciadas.

Porlapah

Más de 26.500 famílias perdieron su casa en el primer semestre de 2014

El 64% de los desalojos se produjeron tras una intervención judicial y el resto fueron lo que denominan “entregas voluntarias”, según los datos del Banco de España.

La situación de emergencia habitacional que sufre el país vuelve a ser noticia, en esta ocasión por la publicación de los datos del Banco de España sobre ejecuciones hipotecarias. En los primeros seis meses de 2014 más de 26.500 famílias se vieron obligadas a entregar su vivienda a la banca ante la imposibilidad de pagar la hipoteca, cifra que hay que sumar a los cientos de miles que ya se habían producido desde que empezó la crisis y el creciente número de desahucios por alquiler.

Es especialmente preocupante el descenso de las daciones en pago. Esto significa que la mayor parte de las familias que se ven obligadas a entregar sus viviendas además se quedan con una deuda impagable de por vida, sumando al ya de por sí grave problema habitacional y riesgo de exclusión al que se ven abocadas. Leer más

Porlapah

ACLARACIÓN: Posición oficial respecto a cualquier tipo de acciones

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca queremos aclarar que nuestra posicón oficial respecto a cualquier tipo de acciones ya sean a nivel general, propias o de apoyo a convocatorias externas es la que figura y proviene de nuestros canales oficiales: nuestro blog https://afectadosporlahipoteca.com/ , redes sociales https://www.facebook.com/afectadosporlahipoteca y @LA_PAH (http://www.twitter.com/la_pah)o o vía email (afectadosporlahipoteca@gmail.com y prensapah@gmail.com).
Gracias, un saludo.
Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Porlapah

Los datos del CGPJ confirman que siguen aumentando los desahucios en España

 Hoy se han publicado los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios del segundo trimestre de 2014. Las cifras publicadas por el INE confirman, una vez más, que las medidas tomadas por el PP no hacen más que agravar la situación de emergencia habitacional y de vulneración de derechos humanos en materia de vivienda en España. Con una ley hipotecaria injusta y caduca que desde 2007 hasta hoy ya acumula casi 570.000 ejecuciones hipotecarias, la emergencia habitacional en España lejos de disminuir, sigue aumentando.

 

Según los datos oficiales, durante el segundo trimestre de 2014 se han iniciado 21.178 ejecuciones hipotecarias, un 4,2% más que en el mismo período de 2013. En el caso de los desahucios las cifras son aún más preocupantes: 18.749 desahucios entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2014, un 3,7% más que en el mismo período del año anterior. De éstos, el 53,2 % fue por alquiler, el 44,2 % por hipotecas y el 4,6 % restante obedeció a otras causas. Cataluña -con el 23% de desahucios practicados- sigue ocupando el primer lugar en la vergonzosa lista negra de las Comunidades Autónomas con más desahucios, seguida de la Comunidad Valenciana (15,5 %), Andalucía (15,3 %) y Madrid (10,8 %).

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