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PorLramisa

Nueva sentencia que avala la dación en pago. Urgen cambios legislativos

La sentencia del juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona, de 7 de noviembre de 2016, que hoy ha sido anunciada avala la denuncia de la estafa hipotecaria que llevamos haciendo desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde 2009: ¡no es una crisis, es una estafa!

Esta sentencia recoge la dación en pago por vía judicial, es decir, cancelar la deuda hipotecaria al entregar la vivienda. El juez argumenta que no tiene sentido que el hipotecado asuma responsabilidades de por vida mientras que al banco se le permite adjudicarse el inmueble por un 60%, perseguirte de por vida y después vender el inmueble a mayor precio, es decir, la entidad bancaria se adjudico la vivienda por un precio que ya cubría la deuda, tasación hecha por la propia entidad y, ademas,luego lo vendió por uno precio muy superior al adjudicado, obteniendo beneficios por ambos lados (adjudicación y venta) con un derecho básico, el acceso a la vivienda.

Celebramos que hayan jueces valientes que apliquen la directiva europea 93/13, declarando abusiva, y por lo tanto nulas, cláusulas que ya no deberían de existir si el Gobierno hubiese adaptado la directiva europea en la norma Española. Exigimos cambios legislativos que den soluciones universales y no tener que pelear caso a caso por la vía judicial. Así como hicimos en 2013 con la Iniciativa Legislativa Popular hipotecaria que planteaba la dación en pago retroactiva. Iniciativa que contaba con 1,5 millones de firmas y un amplio apoyo social; cambios que se vieron bloqueados por el servilismo del PP a la banca. 

Desde la calle lo tenemos claro, hacen falta cambios legislativos como los que planteamos en 2013 o los que planteamos con las 5 de la PAH, el Tribunal de Justicia de la UE también lo tiene claro, cada vez más jueces españoles dictan sentencias en este sentido. Ahora nos toca presionar al Gobierno para hacer efectivos estos cambios. 

Nos alegramos de esta nueva sentencia, seguiremos luchando para buscar soluciones estructurales y colectivas para que cualquier familia, que padezca o haya padecido los estragos de la estafa hipotecaria, tenga una segunda oportunidad. 

Porque hay vidas en juego

Adjuntamos la sentencia aquí.

Porjuridica

Sentencias

Resoluciones de interés:

[Más resoluciones próximamente]

Recopilación de resoluciones sobre cláusulas abusivas

Cláusula suelo

* Auto Juzgado Primera Instancia nº 38 Barcelona, 1 octubre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

* Auto Juzgado Primera Instancia nº 6 Córdoba, 21 octubre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

* Auto Juzgado Primera Instancia nº 4 Granollers, 16 noviembre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

* Sentencia Juzgado Mercantil nº 10 Barcelona, 2 octubre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

* Auto Juzgado Primera Instancia nº 7 Collado Villalba, 5 septiembre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

* Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 13 septiembre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

– Intereses de demora

* Auto Juzgado Primera Instancia nº 4 Granollers, 16 noviembre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

* Auto Juzgado Primera Instancia nº 32 Madrid, 3 septiembre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

Por

Victoria de la Obra Social de PAH Tenerife frente a Bankia

Con fecha 10 de abril de 2014, se ha dictado Auto por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, por el que se acuerda que no ha lugar a poner a Bankia en posesión de las viviendas que se adjudicó en la Calle Juan Rodríguez Santos, nº 19-21, Edificio Alejandra, que están ocupadas por 6 familias en riesgo de exclusión social.

Bankia se había adjudicado en septiembre de 2012 el edificio como consecuencia del impago de una hipoteca que pesaba sobre todo el inmueble y que había sido suscrita por una empresa. Por una situación de extrema necesidad, diez familias se vieron obligadas a ocuparlo quedando en la actualidad seis de ellas en el interior, al no contar con alternativa habitacional.

Bankia ha utilizado contra esas familias un procedimiento judicial dirigido a obtener su lanzamiento. Sin embargo, el Juzgado no entra a valorar en este proceso si esas familias tienen derecho o título para ocupar el inmueble, argumentando que ha pasado más de un año desde que Bankia se convirtió en propietaria del edificio, habiendo expirado su derecho..

Por ello, lo que hace el Juzgado es remitir a las partes, para discutir si las familias tienen o no derecho a residir en ese edificio, a otro procedimiento judicial. Pero lo llamativo del Auto es que el Juzgador adelanta que será en ese otro procedimiento en el que se tendrá que valorar que nos encontramos ante familias que cuentan con menores de edad y personas impedidas a su cargo, que han solicitado una casa alternativa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que todos ellos están en situación de desempleo sin derecho a prestación ni  subsidio alguno.

Pero también se dice que se tendrá que valorar el hecho de que Bankia sea una entidad a la que se le ha inyectado capital público para su salvamento.

considera “tercero” al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por cuanto, conocedor de la situación de extrema necesidad de las diez familias que han ocupado las viviendas y consciente de los derechos que asisten a la ejecutante, conforme al acuerdo aprobado en Pleno celebrado el 25 de mayo de 2012 en que se aprueba el Protocolo de Mediación en evitación de desahucios, remitió a Bankia un escrito con fecha 4 de julio de 2013, con el siguiente contenido:

“Por razones estrictamente humanitarias se pone en conocimiento de esa Entidad las circunstancias expuestas y valorar la posibilidad de interesar el aplazamiento de la fecha de lanzamiento de estas familias ocupantes hasta tanto por parte de este Ayuntamiento se estudie alguna fórmula alternativa que permita por una parte, que esa Entidad tome posesión del inmueble de su propiedad, y por otra, que quede salvaguardada, de la mejor forma posible, la salud e integridad de las familias reseñadas. A estos efectos, con esta misma fecha, por esa Alcaldía se ha instado a los servicios municipales competente que activen los correspondientes protocolos al objeto de que, a la mayor urgencia y brevedad, se atienda esta situación.”

 

Este protocolo y otras mociones fueron elaboradas, presentadas y llevadas al pleno de varios ayuntamientos de la isla,  ahora Ttras su aprobación, nos sirven para defender también a las personas que menos tienen.

Link a la rueda de prensa de PAH Tenerife

Auto para descargar aquí

Por

Luces y sombras de la sentencia sobre el escrache a Pons

Pons denuncia a la PAH por un escrache pacífico. La jueza dicta: el escrache está amparado por el derecho a la libertad de expresión

El auto de la denuncia que González Pons interpuso a activistas de la PAH desvela que el diputado del PP mintió sobre en el escrache en su domicilio y enmarca la acción dentro del “legítimo derecho a la libertad de expresión”.

Descarga aquí el auto

Sin embargo, la jueza del caso, Nieves Moliner –quien archivó la causa del accidente de metro de Valencia y que ahora ha rechazado su reapertura- considera falta de coacción de las dos compañeras que timbraron a la puerta, sin tan siquiera escuchar a una de las partes, en un procedimiento, por tanto, en el que se ha violado el derecho a la tutela judicial efectiva.

El auto descubre la falsedad de las acusaciones que González Pons vertió sobre la PAH en numerosos medios de comunicación el 20 de Marzo de 2013 y los sucesivos días: ni subieron 60 personas a su rellano, ni insultaron, ni amenazaron, ni estuvieron 40 minutos aporreando la puerta, además, señala la sentencia, el comportamiento en la vía pública de las personas concentradas en su domicilio fue absolutamente respetuoso con la ley. El auto desmonta la delirante campaña mediática de criminalización a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, así como a su cara más visible, Ada Colau. Durante semanas fuimos tachadas de “terroristas” y de “nazis” por realizar señalamientos pacíficos a las y los diputados del PP. Ahora, meses después, los escraches de la PAH están siendo avalados como actos legales dentro del legítimo derecho a la libertad de expresión en diferentes sentencias en diferentes puntos de nuestra geografía.

La PAH vuelve a denunciar hoy los intentos de criminalización desde el Partido Popular y las instancias gubernamentales, criminalización que, fracasada la vía judicial, el autoritario gobierno del PP pretende legalizar con la reforma del Código Penal que va a suponer un auténtico retroceso en las libertades de reunión y expresión, entre otras.

En un Estado de Derecho, la Administración de Justicia debe velar por la igualdad ante la ley y el derecho de defensa en igualdad de condiciones de cualquier persona imputada, así como respetar la presuncion de inocencia. Sin embargo, la titular del Juzgado número 21, Nieves Moliner, ha dictado una resolución en la que establece la existencia de una falta por parte de dos personas a las que no se ha emplazado a dar su versión, vulnerando así el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva.

No es menos grave que las compañeras denunciadas conozcan la resolución judicial por la prensa, ni que el juzgado permita la filtración de dicha resolución. Ni tampoco que un medio de comunicación, el ABC, publique nombres y apellidos de las supuestas responsables, una de los cuales ni siquiera estaba en el lugar de los hechos denunciados, lo que demuestra la falta de rigor en la investigacion judicial.

A pesar de la parcialidad de la jueza, una vez más, el poder judicial sitúa los escraches en el marco del derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión. Derechos necesarios para la salud democrática de un país. La campaña de criminalización del Partido Popular queda, de nuevo, desmontada y ridiculizada.

La PAH Valencia anuncia que se van a ejercer todas las acciones legales admitidas en nuestro ordenamiento contra los responsables y los medios de comunicación que han publicado los nombres íntegros de las compañeras denunciadas vulnerando todas las normas al respecto.

Por último, demandamos a toda la ciudadanía a seguir cuestionándose el actual sistema, donde una élite política actúa y legisla al servicio de la gran banca o en su propio beneficio y a costa de las personas trabajadoras.

Os animamos a participar en las protestas sociales, a parar desahucios, a practicar la desobediencia civil pacífica, exigir nuestros derechos y denunciar los abusos y estafas del sistema bancario del Estado Español.

¡Sin miedo, juntas y más unidas si cabe frente a la represión demostramos que somos un movimiento imPAHrable!

¡Sí se puede!
PAH Valencia