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PorLramisa

El TJUE vuelve a dar la razón a la PAH: abre la puerta a exigir la nulidad de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria y los desahucios desde 1995.

La PAH exige la nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias desde 1995 con el apoyo del TJUE

La sentencia emitida hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la octava sentencia que confirma y da la razón a las que llevamos 8 años denunciando la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos. No es una sentencia más pese a que, junto con las 7 anteriores, dicta que la normativa hipotecaria española es anómala, injusta e ilegal, contraria a la directiva Europea de 1993 que el Estado tenía que haber adaptado antes del 31 de diciembre de 1994. 

Decimos que no es una sentencia más porque ésta viene a decir que es ilegal y nula la cláusula del vencimiento anticipado de las hipotecas. Ésta cláusula la contienen todas las hipotecas y permite a la banca reclamarte la totalidad de la deuda pendiente, más los intereses correspondientes, una vez has dejado de pagar 3 cuotas. El caso analizado en la sentencia del TJUE, presentado por un juez de Santander, cuestiona que el impago de 7 mensualidades de un total de 564 cuotas mensuales de las que constaba la hipoteca fuese suficientemente grave como para aplicar el vencimiento anticipado.

Cuándo llegas a este punto y el banco te reclama de golpe que pagues la totalidad de la hipoteca de una vez, lógicamente no puedes pagar de golpe. El banco, amparándose en esta cláusula, ejecuta judicialmente la hipoteca y abre el proceso que te condena al desahucio y a una deuda de por vida. Dado que es precisamente en esta cláusula en la que se basan todas las ejecuciones hipotecarias, podemos afirmar sin ningún temor que todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios habidos desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la directiva 93/13/CE, lo han sido mediante la aplicación de una legislación que además de injusta, inhumana y criminal, era también ilegal. Una legislación que, a día de hoy, sigue siendo contraria a la normativa UE en materia de derechos de los consumidores, y que afecta también a una necesidad fundamental como la vivienda.

Desde la PAH denunciamos una vez más la violación sistemática de los derechos humanos y de la propia Constitución española con todas y cada una de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que hemos sufrido en los últimos años. Hemos denunciado la anomalía e ilegalidad de la ley hipotecaria española, hemos alertado de que hay vidas en juego y hemos desenmascarado la estafa hipotecaria. 

Cabe recordar que el Tribunal Supremo ya declaró la nulidad parcial de este tipo de cláusulas abusivas, pero proponía sustituir el inicio de la ejecución hipotecaria de un impago a tres, como dictó la ley 1/2013. Tanto esta ley como el Tribunal Supremo no ha parado de recibir varapalos en las ocho sentencias del TJUE que ya acumulamos en esta materia. 

Ahora, con esta nueva sentencia anunciamos que vamos a exigir y a reclamar la declaración de nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que se han producido desde 1995, y lo hacemos con la razón que nos da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No sólo vamos a exigir la declaración de nulidad, sino la restitución de derechos y la reparación de los daños producido a más de 700.000 familias desde 2008 y a todas aquellas que han sufrido las consecuencias desde 1995 de la ilegal ley hipotecaria española. 

En los próximos días haremos un llamamiento para iniciar ésta campaña de nulidad de ejecuciones hipotecarias, y desahucios, y exigiremos restitución de derechos y reparación de daños. Para presentar esa campaña, les convocamos a la rueda de prensa que daremos mañana viernes, día 27 a partir de las 11 horas en ante la puerta del Tribunal Supremo en Madrid.

#TJUEconLaPAH

PorLramisa

Enésimo varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la banca y las instituciones del estado español

La PAH reclamará masivamente la devolución del dinero cobrado por las cláusulas suelo y pide un cambio a fondo de la normativa hipotecaria española

Hoy celebramos que finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a las estafadas por la Banca.

 
La sentencia hecha pública hoy por el Tribunal de justicia de la Unión Europa supone el enésimo varapalo histórico a la estafa bancaria española, a los Gobiernos que la han permitido y a los tribunales nacionales que la han suavizado para proteger a la banca. Nueva demostración incontestable de que hay que cambiar las leyes criminales españolas para proteger los derechos fundamentales, en especial: el derecho a la vivienda. La sentencia deja en evidencia la doctrina antijurídica del Tribunal Supremo español, que ante la primera sentencia del TJUE afirmó categóricamente y fuera de toda lógica jurídica, que la devolución de lo estafado por la clausula suelo sería solo desde 2013. Hoy el TJUE da la razón a las estafadas, afirmando que la devolución de lo robado con éstas cláusulas debe de ser desde la firma del contrato, es decir, la Banca ha de devolver todo lo robado con la cláusula suelo, y no solo un poco como querían una vez más, las instituciones españolas que se dedican a proteger los beneficios de la banca. 
 
No es la primera vez que los tribunales europeos llaman la atención a la justicia y al Gobierno español por nuestro anómalo sistema hipotecario, que amenaza con deudas de por vida y con la pérdida de vivienda a más de 700.000 hogares. Esta sangría ha producido gravísimas consecuencias sociales y psicológicas para los afectados, y es la evidencia de un sistema hipotecario y de modelo de acceso a la vivienda completamente diseñados para producir beneficios a la banca y sufrimiento a las familias. LA PAH exigirá el cumplimiento de esta sentencia a la vez que vamos a seguir exigiendo que el Congreso apruebe las 5 de la PAH de forma urgente e inmediata. También advertimos contra posibles intentos, por parte del todopoderoso sector financiero, de obtener contrapartidas a cambio de la aplicación obligatoria de la sentencia europea. Cualquier contraprestación, sea en forma de un nuevo rescate o de ventajas legales o contables, será un nuevo episodio en una larguísima lista de favores del actual Gobierno del PP a la banca. 
 
En los próximos días desde la PAH, lanzaremos una campaña para exigir a la banca la devolución de todo lo robado con las clausulas suelo. Para ello, vamos a elaborar y hacer públicos unos documentos jurídicos para exigir el cumplimiento de la sentencia del TJUE.
 
No solo exigiremos la devolución de todo lo robado con las cláusulas suelo, sino que vamos a exigir la reparación para las familias ya desahuciadas, en muchas ocasiones ésta clausula ha sido el determinante a la hora de dejar de pagar, por lo tanto tiene que haber una reparación. Y denunciaremos prácticas como los contratos que ha hecho firmar la banca a deudores a cambio de eliminarles la cláusula suelo, contratos donde hacían renunciar a poder reclamar todo lo estafado si había futuras sentencias. 
 
Una vez más tenemos por delante la posibilidad de hacer posible lo que nos decian que era imposible: vamos a forzar a la banca a cumplir con la sentencia del TJUE.
 

 

Porsísepuede

El abogado general de la UE afirma que la normativa española sobre desahucios no protege a los ciudadanos frente a las ejecuciones hipotecarias

Esta semana se ha conocido el informe del Abogado General de la Unión Europea, por un caso planteado ante el Tribunal Europeo por un Juzgado de Martorell (Barcelona), en el que se califica de ilegal el plazo de un mes que el Gobierno aprobó en mayo de 2013 para que las personas inmersas en ejecuciones hipotecarias alegasen cláusulas abusivas.

El informe considera que aquel mes, que comenzaba a contar desde su publicación en el BOE, el 15 de mayo de 2013, resultaba irrazonable teniendo en cuenta los intereses en juego y el número de personas afectadas por la medida, a las que se colocaba en situación cercana a la indefensión. El Abogado de la UE entiende que treinta días para preparar acciones legales, en el ámbito de personas sometidas a procesos de desahucio, sin notificación en persona, es incompatible con una verdadera protección frente a abusos bancarios:

“La situación de precariedad económica en que se encuentra esa parte, la dificultad de oponerse a la ejecución y el coste del procedimiento de ejecución juegan en contra de los consumidores, que renuncian normalmente a personarse en el procedimiento. En este contexto, considero innegable que, en líneas generales, los consumidores afectados corrían un riesgo muy significativo de no poder formular oposición a la ejecución hipotecaria. A mi juicio, este riesgo se debe bien a los costes potencialmente disuasorios de la oposición (obligación de contar con un abogado y un procurador), bien al desconocimiento de los consumidores acerca de sus derechos, por no tener noticia de la publicación de la Ley 1/2013 y de la disposición transitoria cuarta o, en caso de tenerla, por haber llegado ésta a su conocimiento tardíamente, una vez iniciado el plazo extraordinario.”

Recordamos que la Ley 1/2013 vino forzada por la movilización sin precedentes que protagonizó la ciudadanía al recoger más de 1,5 millones de firmas a favor de paralizar los desahucios, y por la sentencia europea del caso Aziz que declaró ilegal el procedimiento de ejecución hipotecaria. En un momento en el que se tramitaban decenas de miles de procesos por impago de hipoteca en todo el Estado, y con un índice de desahucios superior a los 50 diarios, el Gobierno del Partido Popular aprobó una ley cicatera, que buscaba minimizar la posible defensa de los afectados frente a los abusos bancarios que contienen las hipotecas.

Desde la PAH movilizamos recursos y pusimos a disposición de la ciudadanía un Kit de Emergencia que, difundido desde el movimiento y sin ayuda oficial de ningún tipo, facilitó la presentación de miles de oposiciones a los desahucios por cláusulas abusivas. Sin embargo, es evidente que miles de personas no pudieron plantear oposición a su desahucio por cláusulas abusivas, al carecer de notificación en persona. En agosto del año 2013, presentamos un Recurso de Inconstitucionalidad que, entre otros motivos, planteaba la violación de Derechos Fundamentales que se cometía con aquella medida.

En la actualidad, mientras el Abogado General de la UE coincide con la PAH en su calificación jurídica de la conducta del Gobierno, el Tribunal Constitucional español mantiene sin resolver nuestro recurso, lo que es especialmente grave en el contexto de aumento del número de desahucios y en general, desprotección de la ciudadanía frente a los poderes económicos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sus sentencias de conformidad con las opiniones del Abogado General, en un 80% de los casos, por lo que es muy probable que en pocos meses se declare ilegal la normativa española por un tribunal internacional.

En este momento, el TJUE ya ha dictado tres sentencias contra España por vulneración de la normativa de protección a consumidores en las ejecuciones hipotecarias (caso Aziz contra CatalunyaCaixa, de 14 de marzo de 2013 – caso Sánchez Morcillo contra BBVA, de 17 de julio de 2014 – caso Hidalgo Rueda y otros contra Unicaja y CaixaBank, de 21 de enero de 2015). Si se confirma este nuevo informe del Abogado General de la UE, el Gobierno del PP acumulará cuatro sentencias condenatorias por vulneración de la protección a la ciudadanía frente a desahucios y abusos bancarios.

La situación social y política sobre desahucios es insostenible en un contexto de aumento del número de familias desalojadas y con cada vez mayores evidencias de la complicidad del Gobierno en esta situación. En este contexto, exigimos como medidas de urgencia:

1.- Paralización inmediata de todos los desahucios de primera vivienda.
2.- Derogación de la actual normativa sobre ejecuciones hipotecarias y aprobación de las medidas de mínimos de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH (stopdesahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social en las viviendas propiedad de la banca).
2.- Investigación oficial sobre la concesión de hipotecas en condiciones abusivas.
3.- Medidas de protección y reparación efectiva a las miles de víctimas de desahucios por impago de hipoteca que no han tenido defensa ni amparo desde los poderes públicos.

SÍ SE PUEDE – PERO NO QUIEREN.

Porsísepuede

La PAH en el Parlamento Europeo para denunciar los abusos del sistema hipotecario español

La Pah comparece hoy en Bruselas para denunciar las prácticas abusivas del sistema hipotecario español, y exigir al Parlamento Europeo que asuma sus responsabilidades en la protección de los derechos fundamentales.

Hoy la Plataforma de Afectados por la Hipoteca comparecemos en el Parlamento Europeo representando a las miles y miles de famílias afectadas que participan de este movimiento ciudadano. La intervención en sede parlamentaria europea se debe a dos denuncias ciudadanas en 2011 y 2012 que tan sólo años después nos permiten explicar a Europa estos abusos.

En primer lugar, intervendrá un portavoz de la PAH para denunciar como el proceso de ejecución hipotecaria en España viola los derechos fundamentales de las personas y deja a los deudores hipotecarios en una situación de desigualdad e indefensión absoluta. Aprovecharemos para repasar el fracaso de todas las medidas adoptados por los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP, que han tenido unos efectos ínfimos en la situación de emergencia habitacional en España.

En segundo lugar denunciaremos la problemática del IRPH (Indice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). Un índice que afecta aproximadamente al 15% de las hipotecas en España que es claramente abusivo y opaco, y que no representa la realidad del mercado hipotecario español.

El estado español tiene una ley hipotecaria anómala en Europa y en el mundo, que hace que cuando una familia pierde su empleo y no puede hacer frente a la hipoteca, el banco se queda la casa por el 60% del valor de tasación a efectos de subasta. Mientras tanto, el deudor se queda en una situación de total desamparo teniendo que hacer frente al resto de la deuda acumulada, más los intereses de mora y costas judiciales. Es así como las personas quedan condenadas a una deuda de por vida, a la exclusión social y a la economía sumergida.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca queremos dejar claro al Parlamento Europeo que no solo hemos denunciado la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos e instituciones, sino que hemos actuado para dar soluciones de urgencia. Por ejemplo, con la Iniciativa Legislativa Popular que consiguió el apoyo de más de 1 millón y medio de firmas y cuyas demandas eran de mínimos: dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios y alquiler social. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP y su desprecio hacia el sufrimiento de las familias y los procesos de participación democrática, hizo que finalmente no se pudiera aprobar.

Actualmente estamos llevando a cabo una ILP autonómica en Cataluña que además de la problemática de las ejecuciones hipotecarias, aborda también los desahucios de alquiler (en aumento), los cortes de suministros y la necesidad imperiosa de la creación de un parque público de alquiler social. Esta ILP tiene que ser aprobada y generar un efecto dominó en el resto de CCAA que permita conquistar el derecho a la vivienda y los suministros. Otra vez nos encontramos con la negativa del PP y hasta ahora de CIU.

También señalaremos una vez más que el Gobierno español ha hecho caso omiso a las reiteradas sentencias europeas sobre abusos bancarios y derecho a la vivienda que cuestionan los fundamentos y la arquitectura misma de las injustas leyes españolas, aplicando tan sólo algunos burdos parches que no consiguen ni de lejos proteger a las personas tal y como fallaron a día de hoy tantas sentencias europeas. Queda claro por lo tanto que, tal y como defiende la PAH, la ley actual no da al afectado mecanismos de oposición efectivos para hacer valer sus derechos en el marco del procedimiento de ejecución. Por esta razón, sólo una reforma estructural solvente de las leyes puede resolver esa situación de desprotección de los ciudadanos europeos españoles.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denunciamos que la situación de emergencia habitacional que se da en España es una anomalía, ya que se trata del país europeo con más desahucios y en el que existe más vivienda vacía. Asimismo, aprovecharemos para instar de nuevo a las instituciones europeas a actuar frente a la vulneración de derechos fundamentales que se dan en territorio europeo y cambiar las leyes si quieren recuperar la confianza de la ciudadanía.

¡Sí Se Puede!
#EuroPAH

Porsísepuede

La justicia de la UE da un nuevo golpe a la ley hipotecaria del PP por no proteger al consumidor

Si los intereses de mora son abusivos, el juez no tiene que recalcularlos sino debe declararlos nulos. 

El  Tribunal de Justicia de la Unión  Europea (TJUE) ha resuelto una  cuestión prejudicial planteada por un  juez de Marchena (Sevilla) que  supone un nuevo golpe al gobierno español por no proteger al consumidor  frente a las entidades financieras.

El TJUE sentencia que si los intereses de mora ante un impago hipotecario son abusivos, el  juez  podrá apreciar que se trata de una cláusula abusiva y decretar su nulidad  para que no se apliquen en la ejecución hipotecaria en marcha. Asimismo, el Tribunal advierte que estas cláusulas declaradas nulas no podrán integrarse por otra norma nacional. La sentencia supone otro duro golpe a la Ley hipotecaria 1/2013  aprobada por el Gobierno del PP que pretendía que en estos casos el juez  se limitara a recalcular los intereses considerados abusivos.

En marzo de 2013, la sentencia del caso Aziz de este tribunal puso patas arriba  el caduco sistema de ejecución hipotecaria española  al permitir al  juez entrar a analizar el contrato hipotecario -hasta  entonces no podía-  ante una posible existencia de cláusulas abusivas,  analizarlas de  oficio y suspender el proceso hasta resolverlo. Con  ello, el TJUE aplicaba la Directiva 93/13 vigente desde 1993 en la Unión  Europea.

Con  esta resolución, el TJUE ratfificaba los postulados de la PAH: el  procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de   lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía,  sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que  infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.

Porsísepuede

Una nueva sentencia ordena la devolución de una vivienda que ya fue subastada

Esta resolución confirma los postulados de la PAH: es posible recuperar las viviendas de todas las personas que han sufrido desahucios por medio de prácticas bancarias abusivas y procedimientos judiciales ilegales.

El pasado 22 de diciembre una sentencia de la Audiencia de Girona ha obligado a un banco a devolver un piso que ya había sido subastado a la familia ejecutada por la aplicación de cláusulas abusivas. La sentencia, ha sido dictada siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso AZIZ, de 14 de marzo de 2013.

Como en otras resoluciones anteriores, los fundamentos principales de esta decisión judicial son que el procedimiento de ejecución hipotecaria no permitió al juez de primera instancia de Girona valorase las condiciones del contrato hipotecario ni analizar si en el existían clausulas abusivas. Lo que vulnera el derecho a la defensa del ejecutado.

La familia afectada llevaba nueve años pagando regularmente las cuotas hipotecarias. Tras el impago de cuatro recibos, el banco inicio de forma automática e irreversible la ejecución, sin tomar en consideración la voluntad de seguir pagando lo que podían de los afectados.    

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Nueva sentencia del TJUE: la PAH exige la aplicación inmediata de las medidas de la ILP

El pasado viernes, el TJUE dictó una nueva sentencia que vuelve a poner en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y deja al deudor hipotecario en una situación de desigualdad e indefensión. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esta sentencia coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978 : “Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho a tutela efectiva de los jueces y tribunales, sin que pueda producirse indefensión“.

Por tanto, y como advertía la PAH, la ley del PP es ilegal y vulnera los derechos humanos. Una nueva victoria de la ciudadanía organizada que vuelve a dejar al gobierno del PP y a la banca criminal en evidencia.

Todos estos pasos no se hubiesen producido sin el trabajo continuado y solidario de miles de personas que se han dejado la piel desinteresadamente, sin las campañas de desobediencia civil que han permitido la autotutela de nuestros derechos en momentos límite y sin el apoyo incontestable del conjunto de la población que ha recogido la PAH durante los últimos años. Sin la fuerte movilización social organizada en torno a los desahucios y las ejecuciones hipotecarias tampoco hubiese sido posible que los estamentos judiciales se posicionasen a favor de los DDHH.

Hace ya más de un año que la PAH presentó una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por casi un millón y medio de firmas. Quienes realmente quieran terminar con los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda sólo deben escuchar las demandas de la ciudadanía que durante los últimos años no sólo ha hecho propuestas legislativas, sino que las ha defendido día a día jugándose incluso su integridad física, parando desahucios, arrancando daciones y alquileres sociales a los bancos y denunciando a los responsables del sufrimiento de miles de familias a través de la campaña de escraches. Mientras tanto la única respuesta del gobierno ha sido menospreciar el clamor de la calle, culpabilizar a las víctimas de esta estafa, multar a los que se manifestaban pacíficamente denunciando a los culpables y agredir a las personas que se concentraban en las puertas de las casas para impedir unos desahucios que, además de ilegítimos, son ilegales. Como hemos repetido desde hace 5 años, cuando se producen violaciones de DDHH, desobedecer las leyes injustas y señalar a los responsables políticos que las redactan y aplican se convierte en un deber de toda la ciudadanía.

Tras este nuevo varapalo judicial, al gobierno del Partido Popular no le queda otra opción que aprobar las medidas que la PAH viene demandando a través de la ILP: paralización de los desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social de las viviendas vacías en manos de los bancos. Se trata de algo muy sencillo, dar una solución rápida, efectiva y posible a la situación de emergencia habitacional que vive nuestra sociedad.

No es el momento de volver a andar un camino ya recorrido. Es el momento de hacer cumplir por parte de los representantes políticos un mandato claro y conciso. La Plataforma de Afectados por la hipoteca exige, a todos y a cada uno de los partidos que se sientan defensores de los DDHH y de la democracia, que legislen por la via de urgencia la ILP de la PAH y se garantice, de una vez por todas, el derecho a una vivienda en nuestro país. Se trata de unas medidas de mínimos, de sentido común y que están avaladas por una aplastante mayoría social.

Por último, y en aplicación de la sentencia del TJUE, exigimos que se paralicen todos los procesos de ejecución hipotecaria en curso hasta que se modifiquen las leyes vigentes para adaptarlas a una normativa acorde con los derechos humanos.

La ciudadanía manda y los gobiernos tienen que obedecer
Nos va la vida en ello

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Sentencia del TJUE quiebra la Ley del PP sobre desahucios

Sentencia del TJUE quiebra la Ley del PP sobre desahucios

La ley del PP viola los derechos humanos, así lo establece la sentencia del TJUE del 17 de julio.

El pasado mayo de 2013, el Partido Popular aprobó en solitario la ley 1/2013, rechazando las medidas propuestas por la Inicitiva Legislativa Popular de la PAH, que llegaba al Congreso con un millón y medio de firmas después de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis. La aprobación de la ley 1/2013 demostró un desprecio por la democracia por parte del Partido Popular, así como un desprecio por el sufrimiento de las miles de familias víctimas de la estafa hipotecaria.

Un año después, el TJUE dicta una nueva sentencia que pone de nuevo en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y situa al deudor hipotecario en una situación de desigualdad. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica. Tal y como viene reclamando desde hace años la ciudadanía, que ha sido la primera en denunciar la vulneración sistemática de derechos humanos que supone la anómala legislación española. Es la ciudadanía la que está ofreciendo soluciones mientras las administraciones no sólo no están a la altura de las circunstancias, sino que legislan para beneficiar a los responsables de esta situación, tal y como demuestra la sentencia del TJUE.

La sentencia limita el derecho a la defensa de los deudores al impedirles recurrir en segunda instancia permitiendo que los bancos si lo hagan en una escandalosa desigualdad de las partes en el procedimiento. La ley española protege al fuerte y castiga al débil violando los principios más básicos del derecho a un juicio justo.  

La Sentencia del TJUE coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978. Hasta la fecha el TC no realizado manifestación alguna al respecto de la necesidad de proteger a los deudores hipotecarios frente a Ley que hoy es declarada contraria al derecho comunitario.    

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala Primera) ha dictado Sentencia en el asunto C-169/14, Sánchez Morcillo/Abril García vs BBVA, a raíz de unas Cuestiones Prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Castellón mediante Auto de fecha 02 de abril de 2014 afirmando que la Ley 1/2013 vulnera en el derecho a la tutela judicial efectiva el artículo 47 Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 93/13 en materia de Consumidores y el no suspender el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil es contrario al derecho comunitario.

La legislación anterior que regulaba las ejecuciones hipotecarias fue declarada ilegal por la Sentencia AZIZ dictada tambien por el TJUE. La Ley 1/2013 fue dictada en contra de la ILP de la PAH que reunió un millon y medio de firmas manteniendo las deudas perpetuas, los desahucios y un procedimiento sin garantias. Esta ley no solo no ha solucionada el problema sino que además ahora ha generado un nuevo caos procesal.

De nuevo, el gobierno del Partido Popular ha quedado en ridículo, ha quedado retratada su voluntad de favorecer los privilegios de la banca frente a los derechos fundamentales de las personas.

Tras este nuevo varapalo, el gobierno del Partido Popular queda retratado de nuevo. Desde la PAH exigimos la aprobación de las medidas de la ILP: moratoria de desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social para paliar una situación de emergencia habitacional provocada por las entidades financieras en connivencia con gobiernos de todos los colores.

Sí se Puede

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Dos procedimientos declarados nulos gracias al escrito de la PAH

Se declara la nulidad del procedimiento porque la vivienda es un derecho fundamental

La Ley 1/2013 de 14 de mayo del Partido Popular dictada supuestamente para reforzar la protección a los deudores hipotecarios fija el plazo de un mes para que las personas afectadas por la hipoteca con procedimiento judicial iniciado en el que no se haya producido el lanzamiento puedan alegar cláusulas abusivas ante los tribunales. Con ese plazo perentorio que finaliza el próximo 17 de junio se produce además de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva una nueva vulneración de los derechos humanos.

La Ley 1/2013 aprobada por el gobierno desoye el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el caso Aziz áun sabiendo que la misma es de obligado cumplimiento para el estado español y para todos los operadores jurídicos. El PP sigue ignorando las demandas de mínimos de la PAH contenidas en la ILP y las órdenes recibidas de Europa en la sentencia Aziz y ha dictado esta ley siguiendo los mandatos de la banca. A pesar de su ignominia, tenemos una buena noticia: uno de los operadores jurídicos, el Juzgado de Primera Instancia número 50 de los de Barcelona ha dictado dos Autos por los que decreta la improcedencia de dos demandas de ejecución hipotecaria presentadas por Catalunya Banc y declara la nulidad sobrevenida de los procesos y su archivo.

Estos Auto, pioneros en Barcelona, fundamentan sus argumentaciones en una idea: la vivienda es un derecho fundamental. El juzgador decreta que los jueces nacionales están vinculados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en base a ésta aprecia la nulidad sobrevenida de los procedimientos por cuanto los contratos de préstamo hipotecario contienen cláusulas abusivas. Apela, pues, a la innegable aplicación tanto de la normativa española como de la europea.

En los préstamos hipotecarios ejecutados en lo dos procedimientos se incluía una cláusula de vencimiento anticipado por la que se podía dar por vencido el préstamo por el impago de una sola cuota o el impago de la prima del seguro. El juez considera que la sola existencia de esta cláusula es el primer argumento para declarar improcedentes las ejecuciones y sus archivos por nulidad sobrevenida y ello porque así lo estableció la STJUE de 14 de mayo y así lo establece el artículo 693 incluido en la nueva Ley 1/2013.
En uno de los autos establece que, además, la ejecutante de la hipoteca –Catalunya Banc- no es la titular registral de la misma: Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa y al no haberse producido la inscripción de la cesión a favor de Catalunya Banc SAU, debe acordarse la terminación del proceso.

El Magistrado Sergio Fernández Iglesias, en base a las STJUE 14.06.12, 21.02.13 y la del caso Aziz 14.03.13, señala en estos autos que en los mismos préstamos podrían tener carácter abusivo al menos otras cláusulas: las relativas al interés de demora, la liquidación unilateral de la deuda y la cláusula suelo.
Establecen también los autos que siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo el juez nacional debe compensar el desequilibrio que se produce entre las partes que intervienen en el contrato de préstamo hipotecario -el profesional (Banco) y el consumidor- cuando no concurra un verdadero acuerdo entre ellos; arguye el juzgador que los contratos hipotecarios son de adhesión y las referidas cláusulas abusivas no se han negociado individualmente. Así, para determinar si el desequilibrio se produce, el juez deberá valorar si el consumidor aceptaría unas cláusulas de este tipo en el marco de una negociación individual.

El Magistrado deriva en ambos procedimientos al consumidor afectado a que inste la correspondiente demanda en los juzgados para pedir la nulidad de las cláusulas abusivas y en sus partes dispositivas declara la nulidad sobrevenida de los procedimientos hipotecarios y el archivo de los mismos.

Se ha abierto la veda. Esperemos que mientras el gobierno hace oídos sordos a nuestras demandas los jueces sigan avanzando y dando un paso más.

Sí, se puede.

Descarga el auto de nulidad 1

Descarga el auto de nulidad 2

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El Partido Popular desahucia la ILP

El Partido Popular anunció el pasado martes el cierre del debate sobre la ILP. El jueves, en la comisión de economía, el Partido Popular votará en solitario a favor de su propuesta de reforma de la ley hipotecaria. En la más absoluta soledad. Sin aceptar las enmiendas de ningún grupo político y, lo que es más preocupante para la democracia de este país, desoyendo unas demandas que cuentan con el apoyo del 90% de la población, unas demandas de mínimos necesarias para no condenar a la exclusión social de por vida, a miles de familias.

Ninguna mayoría absoluta legitima la violación sistemática de derechos humanos.

La ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios cuenta con el aval de 1.402.854 firmas. Son demandas de mínimos, cuyo rechazo muestra una preocupante ignorancia por parte del PP de la realidad social en la que se encuentran cientos de miles de personas en este país.

La propuesta de ley del PP desvirtúa por completo la ILP, no respeta el texto y vuelve a sus medidas parciales, arbitrarias e insuficientes que excluyen a la mayoría grueso de la gente las personas afectadas. Unas medidas que ya se han mostrado fracasadas. Su propuesta muestra un desprecio por la sentencia del TJUE, ya que no modifica el fondo del procedimiento de ejecución hipotecaria, ni dice nada de los cientos de miles de procedimientos ya realizados con una ley ilegal que vulnera derechos fundamentales. Les condenan y sacrifican de por vida al no aceptar ningún tipo de retroactividad efectiva. El texto hecho público la semana pasada ofrece una posibilidad teórica: que las familias paguen el 65% de la deuda en en cinco años a partir de la hecha de la subasta. Algo que, quienes conocemos el problema de cerca, sabemos que es inviable para el 99% de las familias afectadas. Impide también que la inmensa mayoría de las personas afectadas se acojan a la paralización de los desahucios de viviendas habituales y no contempla ninguna medida significativa de impulso del alquiler social.

Lo que dice la Sentencia del TJUE ya es de obligado cumplimiento para los jueces españoles. Sin embargo, el texto del PP persiste en la ilegalidad vulnerando los derechos de los afectados y generando indefensión. Nada se introduce para mejorar la regulación, al contrario, reduce a un mes el plazo para alegar cláusulas abusivas se impone al afectado la obligación de alegar las cláusulas y de advertir el inicio del plazo, cuando el juez de oficio debe apreciarlas, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE. Por tanto, es persistir en la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados.

Las propuestas del PP suponen una operación de maquillaje de los decretos De Guindos y Antidesahucios, cuyo fracaso ya se ha constatado.

De este modo, el texto del Partido Popular aboca al caos social, económico y jurídico al país. Negar el derecho a una segunda oportunidad supone el caos social porque serán miles de personas las que creerán que no tienen solución posible a su situación. Las propuestas del PP nos abocan al caos económico, porque un país no podrá salir de la crisis, si sus ciudadanos no salen de ella, condenados a la economía sumergida y la exclusión social de por vida. Y conllevarán caos jurídico, porque si el Estado no tutela los derechos de las personas afectadas, éstas buscarán una solución en juzgados, opción que acabará por colapsarlos.

La estrategia del Partido Popular de las últimas semanas de criminalizar la campaña de escraches, reprimir a los participantes, y poner toda su estructura al servicio de la difamación de la PAH y su portavoz Ada Colau muestra una actitud profundamente antidemocrática y la decisión de cerrar el debate es la prueba de que su intención no era otra que desviar la antención sobre un debate que va más allá de la ILP hipotecaria y que pone de manifiesto que la ciudadanía población ha dejado de confiar en un gobierno ilegítimo para garantizar sus derechos. Frente al acoso de la banca y la complicidad del gobierno, la ciudadanía ha tenido que organizarse y auto tutelar sus derechos a través de movimientos ciudadanos como la PAH.

La decisión del PP de cerrar el debate sobre la reforma de la ley hipotecaria, rechazando las propuestas de la ILP, y sin contar con otros grupos políticos ni con la ciudadanía, muestra un peligroso desconocimiento de la realidad social. Son un insulto a la democracia, y una muestra de cómo el poder político se encuentra subyugado por los intereses de la banca. Una banca que ha hundido el sistema económico y nos ha llevado hasta esta crisis.

El jueves la propuesta de ley saldrá de la comisión de economía y llegará al Senado, donde los senadores, desde nuestro punto de vista, tienen la obligación moral, política y democrática de presentar enmiendas y reabrir un debate que el Partido Popular quiere finiquitar.

Desde la PAH sabemos que, como sociedad, no podemos permitirnos el lujo de tirar la toalla. Por eso, seguiremos presionando hasta el día de la votación para que se introduzcan las medidas que efectivamente darían una solución a la sangría de los desahucios.

Si el PP insiste en sacar adelante un proyecto tan claramente insuficiente, las PAH seguiremos actuando para hacer lo que no hace el gobierno: defender los derechos de la ciudadanía población frente a los abusos de la banca. Seguiremos parando desahucios, actuaremos para forzar negociaciones con los bancos y lograr daciones en pago, recuperaremos viviendas vacías en manos de las entidades financieras e inundaremos los juzgados de escritos para solicitar la nulidad de procedimientos ya ejecutados. La ILP ofrece la posibilidad de no judicializar el conflicto y no colapsar los juzgados, pero si el PP no nos deja más remedio, haremos lo que debamos para defender los derechos humanos. Hay vidas en juego, aunque parezce que al Gobierno del PP le da igual.

Rescatemos personas, no bancos

¡SÍ SE PUEDE!

El grupo promotor está formado por:
CCOO, UGT, Taula del tercer Sector, Observatori DESC, Confacv, y Plataforma de Afectados por la Hipoteca