Escrito ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y resolución del TEDH para descarga.
Resolución de Estrasburgo sin precedentes ante una masiva movilización para defender a 16 familias realojadas en el Bloc Salt, un bloque de viviendas propiedad de la SAREB o banco malo, recuperado por la la PAH en el marco de la campaña “Obra Social”
El Bloc Salt se ha convertido en las últimas semanas en el símbolo de dos modelos contrapuestos: el del Banco Malo y la vulneración de derechos humanos por una lado, y el de la autotutela de derechos frente al vacío gubernamental, por el otro.
Desde que, a principios de setiembre, la Audiencia Provincial de Girona comunicó fecha de desalojo para las 43 personas que viven en el edificio de Salt, la PAH ha activado todas las vías posibles para detenerlo y forzar una solución para las famílias. Ayer y hoy, un millar de personas de todas las plataformas del estado y solidarios han acudido a Salt (Girona) para evitar este macro-desahucio. La movilización ha tenido una gran repercusión social y numerosos medios de comunicación se han hecho eco de ella.
La medida cautelar de TEDH
La movilización ciudadana masiva en defensa del Bloc Salt ha venido acompañada de una resolución de última hora del Tribunal de Estrasburgo que fuerza a la suspensión cautelar del desalojo. Una resolución que supone un toque de atención a las administraciones españolas y catalanas, y que exige un cambio radical en la política de la SAREB.
El pasado 4 de octubre, y tras agotar la vía interna, la PAH presentó recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para solicitar por la vía de urgencia la paralización del desalojo del Bloc Salt, al considerar que se estaban vulnerando derechos fundamentales de las personas afectadas.
Hoy, el TEDH ha notificado la suspensión cautelar del desalojo, y da plazo al Gobierno español hasta el día 24 de octubre para que exponga cuales son las medidas que las autoridades locales petenden implementar para prevenir la vulneración de los artículos 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar, incluida la inviolabilidad del domicilio) de la Convención Europea de Derechos Humanos, especialmente en relación a los menores, y concretamente las medidas sobre vivienda y asistencia social.
Una vez recibida la respuesta del Gobierno español, el 29 de octubre el Tribunal resolverá si mantiene o no la suspensión cautelar.
Exigimos una reunión urgente para regularizar un alquiler social
Recordamos que la situación del estado español es una auténtica anomalía en el contexto europeo. Cualquier gobierno que se considere mínimamente democrático ya habría reaccionado frente a la emergencia habitacional en la que vivimos. Sería por tanto inconcebible que las administraciones públicas no reaccionaran frente a las demandas ciudadanas y siguieran sin actuar tras el grave revés de Estrasburgo a su posición. Es por ello que desde la PAH exigimos al Gobierno y a la Generalitat de Catalunya que convoquen una reunión entre SAREB, PAH, Banco Mare Nostrum (el gestor del Bloc Salt) y las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, es decir, la misma Generalitat y el Ayuntamiento de Salt. Una reunión que sirva para resolver un alquiler social para las familias que actualmente viven en el bloc Salt. Estrasburgo ha dado un plazo muy breve a las administraciones públicas -estatales y autonómicas- para garantizar que no se vulneran los derechos fundamentales de las familias afectadas: el 24 de octubre. En este caso, la solución está afortunadament al alcance de todos: se trata de regularizar la situación de las familias a través de un alquiler social.
La SAREB o Banco Malo: un expolio a la ciudadanía
Mientras el estado español vive una auténtica emergencia habitacional, las viviendas vacías en manos de los bancos son más que abundantes. Mientras las administraciones públicas no tienen apenas viviendas para dar respuesta a la situación límite en la que se encuentran miles de familias, la SAREB acumula miles de viviendas vacías. Pero la peor de las paradojas es que la misma SAREB es una sociedad creada por el Gobierno, siguiendo ordenes de la Troika. Es, pues, una iniciativa pública que, una vez más, en lugar de rescatar personas persigue rescatar a la banca saneándola de activos tóxicos. Su capital inicial lo hemos pagado ya los ciudadanos: más de 50.000 millones de euros, más una deuda bancaria que también avala el Estado. Es además un doble rescate, puesto que los activos que gestiona son de entidades nacionalizadas, como Bankia o CX, que ya han recibido rescates millonarios. Miles de viviendas pagadas con dinero público que se niegan a alquilar porque pretenden malvenderlas a fondos buitres y grandes inversores nacionales e internacionales.
Obra Social de la PAH: sí se puede hacer efectivo el derecho a la vivienda
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la campaña de la Obra Social la PAH, que realoja familias desahuciadas en viviendas vacías en manos de las entidades financieras y el Banco Malo, es hoy más necesaria que nunca, es una obligación democrática y una necesidad.
Sin esta campaña de autotutela de derechos a través de la desobediencia civil, la resolución de hoy de Estrasburgo hubiera sido poco menos que imposible. De nuevo, la movilización ciudadana en defensa de los derechos humanos ha forzado que instancias internacionales dén un toque de atención a las administraciones del Estado español. Pero aún más importante, gracias a la Obra Social de la PAH hoy más de 700 personas desahuciadas han sido realojadas en 14 edificios recuperados. El mismo día en el que se conocía la noticia de la paralización del desalojo de Salt, la PAH Valencia hacía pública la recuperación de un bloque de viviendas propiedad de BBVA en el marco de la campaña Obra Social la PAH. Mientras administraciones públicas escurren el bulto y se escudan en la falta de competencias para no enfrentarse a los intereses bancarios, la ciudadanía actúa y hace efectivos derechos. Que sepan administraciones, bancos e inversores y fondos buitre que esto sólo es el principio, que no nos dejaremos robar el patrimonio colectivo. Las viviendas rescatadas deben ser para los ciudadanos y ciudadanas que las necesiten. Seguiremos recuperando viviendas, parando desalojos y recurriremos a todas las instancias internacionales posibles. Se trata de hacer justicia.
RESUMIENDO:
La movilización ciudadana y la resolución de Estrasburgo exigen pues una reunión urgente entre SAREB, Mare Nostrum, PAH y Generalitat para resolver un alquiler social en el Bloc Salt. Se trata de una cuestión de derechos fundamentales. La ciudadanía está actuando. La Generalitat no debe esperar más. La SAREB debe ceder. Necesitamos soluciones urgentes y reales YA.
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Escrito ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y resolución del TEDH
El Observatori DESC ha hecho público el escrito presentado ante el TEDH en su web.
Podéis descargar el escrito ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo solicitando suspensión cautelar del desalojo del edificio de Salt en .doc, en .pdf
Resolución de Estrasburgo:
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