Nuevos datos del CGPJ: 11.072 familias en todo el Estado han sido desahuciadas de sus casas en el 1r Trimestre 2022

Según datos del CGPJ hechos públicos ayer, durante el primer trimestre de este año se ejecutaron 11.072 desahucios en todo el país repartidos de la siguiente forma:

• 2.755 como consecuencia de ejecuciones hipotecarias
• 7.625 derivados de la LAU, y
•   692 por otras causas

Suponen 107 desahucios más que en el mismo período de 2021, y ello a pesar del “escudo social” vigente, lo que, por un lado, confirma una vez más lo insuficiente de esas medidas de protección, y por otro el terrorífico futuro que nos espera si la próxima Ley por el Derecho a la Vivienda no aborda con valentía las propuestas que la PAH, junto al resto de organizaciones que integramos la Iniciativa Ley Vivienda hemos hecho llegar al Congreso.

La carencia de un Parque Público de Vivienda que no incluye el parque de la Sareb, el que no se reconozca el Derecho a la Vivienda como el Derecho Fundamental que es, los incumplimientos de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que provoca reiteradas condenas del Comité DESC a España, la falta de limitación a los precios del alquiler que facilita e incrementa la especulación, así como la caducidad de las medidas del “escudo social” el próximo 30 de septiembre apuntalan los peores presagios si esa primera Ley estatal sobre vivienda no aborda soluciones a todos estos problemas.

Es por ello que reclamamos de forma urgente actuar frente a los desahucios, punta del iceberg de la falta de políticas públicas que prioricen el derecho a la vivienda por encima de los intereses financieros de los especuladores. 

Hacemos un llamamiento público al Gobierno del Estado de PSOE y Unidas Podemos a que se reúna con urgencia con la PAH, para dejar atrás el ranking de la vergüenza de los desahucios a nivel Europeo y abordar de una vez por todas la futura Ley de vivienda a la altura de las circunstancias y de las necesidades de la ciudadanía.

Desde la PAH anunciamos fuerte presión social y ciudadana al Gobierno para lograr que priorice el interés social sobre los intereses de los especuladores.