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Nueva agresión de la justicia española al derecho a la vivienda

En menos de 24hs hemos vivido la noticia de un nuevo varapalo a la banca y la de un nuevo favor a sus intereses. ¿La diferencia? La primera viene de Europa y la segunda de la justicia española. Desde la PAH manifestamos nuestro absoluto rechazo a la sentencia sobre el vencimiento anticipado y nos preguntamos, una vez más, de que lado está el Tribunal Supremo español, si de la justicia que supuestamente deben defender o de la banca.

Ayer conocimos el posicionamiento del Abogado General de Europa en relación con el IRPH, declarándolo abusivo por incomprensible y falto de transparencia.Ello, pese a la vergonzosa actuación en el proceso de la Abogada del Estado español, que, cumpliendo órdenes del Gobierno suponemos, avaló a la banca ¡Cómo no!, y más que eso, pidió al Tribunal que, en caso de considerarlo abusivo, no establezca retroactividad para que los bancos, no tengan que devolver a la gente los miles de millones estafados. No obstante, tendremos que esperar a la sentencia definitiva, que conoceremos en el primer trimestre de 2020.

Hoy el Tribunal Supremo de España ha vuelto, como nos tiene acostumbrados, a dar trato de favor a la banca con la sentencia sobre los efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia dictada, como siempre, desde la lógica del prestamista. La sentencia considera que lo que está en peligro es el negocio de los prestamistas (bancos) que sin ejecución hipotecaria no darían préstamos. Sigue la estela de la Ley de Créditos Inmobiliarios, aprobada este año, a la que se remite constantemente. Ya en su momento, la PAH denunciamos que, lamentablemente el PSOE había seguido la estela de De Guindos y las políticas a favor de los desahucios del PP.

Los contratos hipotecarios tienen la cláusula abusiva de vencimiento anticipado por impago de una cuota. La Ley 1/2013 modificó la ley procesal y permitía ejecutar al banco por 3 cuotas impagadas. El TJUE a lo largo de diversas resoluciones judiciales ha establecido que para valorar la abusividad de la cláusula hay que estar a lo que dice el contrato y no a la práctica que se haya hecho de ella. En la Sentencia de 26 de marzo, tras unas dudas tramposas por parte del Tribunal Supremo, el TJUE considera que los jueces deben valorar la esencialidad de la cláusula, si puede existir el contrato sin la cláusula de vencimiento anticipado, si llegan a la conclusión que puede existir el contrato sin el vencimiento anticipado no pueden sustituir la cláusula por ninguna otra.

Dedica gran espacio a explicar que lo que importa en la garantía hipotecaria, la garantía de cobrar, que es la razón de ser de la sentencia, y pensamos que la razón última de la posición del Tribunal Supremo en abusos bancarios en la última década. De hecho, en la sentencia se menciona la palabra “garantía” 18 veces mientras que palabra “vivienda” solo se nombra en dos ocasiones.

El Supremo ignora el mandato del TJUE de preguntar al consumidor afectado si quiere seguir vinculado o no a la cláusula de vencimiento anticipado pese a saber las consecuencias que se derivarían de ella en el procedimiento de ejecución hipotecaria.

El Supremo interpretando la Sentencia del TJUE, hoy da las directrices de que, si el préstamo hipotecario se dio por vencido antes de la reforma de la Ley 1/2013, debe ser sobreseído sin más trámite. Ahora bien, los procesos en los que las familias afectadas hayan incumplido la gravedad que establece la Ley 5/2019, LRCCI (de crédito inmobiliario), 12 o 15 cuotas impagadas dependiendo del número de años de la vida del préstamo que hayan abonado, podrán los bancos continuar la ejecución. Y avala definitivamente a la banca en todas aquellas ejecuciones hipotecarias en las que se haya dictado un auto sobreseyendo el procedimiento en no dotar de cosa de fuerza juzgada pudiendo nuevamente iniciar una ejecución hipotecaria basada en lo previsto en el art. 24 LRCCI (12 ó 15 cuotas).

Desde un punto de vista meramente jurídico, el tratamiento de la jurisprudencia europea sigue la técnica del “espigueo”, tomando sólo lo que interesa para justificar la decisión ya tomada de consagrar el vencimiento anticipado y la ejecución hipotecaria. Destaca la ausencia de la reciente doctrina sobre el “orden público comunitario” y el artículo 6.1 de la Directiva 13/93. Tampoco aparece nada sobre la sentencia de 28 de febrero de 2019 del Tribunal Constitucional, que ha declarado que la protección a consumidores en ejecuciones hipotecarias forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por último, aunque esto ya no sorprenda, no existe alusión alguna a los Tratados de Derechos Humanos que determinan una protección cualificada de la vivienda habitual como Derecho Humano de toda persona.

No hay ni una palabra sobre el destrozo social causado por las ejecuciones hipotecarias en los últimos diez años, lo que supone un desprecio absoluto a las víctimas de los abusos bancarios. Ni una palabra sobre las razones de las afectadas. Ni una mención al desalojo de familias al amparo de prácticas abusivas constantemente consentidas o las cantidades millonarias cobradas gracias a cláusulas abusivas y que nunca serán devueltas. Por supuesto ninguna autocrítica.

Esta sentencia tendrá como efecto inmediato, el desatasco de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria con el consiguiente aumento del número de desahucios que habrá que sumar a los 173 diarios que según el CGPJ se ejecutaron en el primer trimestre de este año.

 

Desde la PAH si que estamos del lado de las familias y que se haga de una vez por todas justicia tras haber sido estafadas y desahuciadas. Por eso exigimos:

  •  La anulación total y con caracter retroactivo del IRPH, con la devolución a las familias de todo lo que les han robado. Si es ilegal, lo ha sido siempre.
  •  La anulación total y retroactiva de todas las claúsulas abusivas, grandes protagonistas y causantes de que la ley hipotecaria español sea criminal como declaran las 8 sentencias europeas sobre el tema.
  •  Modificación de la Ley de Crédito Inmobiliario en lo referente al Vencimiento Anticipado, de manera que no se modere su abusividad sino que se elimine definitivamente.
  •  La destitución del Tribunal Supremo por su constante defensa a los intereses de la banca y su ataque a los derechos de las familias.
  •  Ampliación de la moratoria de los desahucios asi como la ampliación a los requisitos para acogerse a ella. No podemos permitir reformas que generen una explosión de los desahucios en lugar de acabar con ellos.

Si hay algo más vergonzoso que medidas de maquillaje cara a la galería por parte del Gobierno, es que las medidas solo sirvan para retroceder en lugar de avanzar en materia de derechos sociales.

La PAH seguiremos enfrentándonos a estas injusticias hasta conseguir que el Derecho de acceso a una vivienda adecuada y digna sea una realidad en nuestro país y lograr las reformas legislativas se hagan con el objetivo de acabar con los desahucios y no alimentarlos, aplicando las medidas que llevamos casi una década presentando.

NUEVO PLAZO DE OPOSICIÓN EN EJECUCIONES HIPOTECARIAS

LA PAH INFORMA

Domingo 16 de junio de 2019

Hoy entra en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. En esta ley se quiere “camuflar” la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado reconocida por TJUE y que afecta a todos los préstamos hipotecarios. En su disposición transitoria tercera dice que los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados en los que NO se haya interpuesto oposición por cláusulas abusivas, dispondrán nuevamente del plazo señalado en dicho artículo para formular un incidente extraordinario de oposición y que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble por banco o entidad.

EL NUEVO PLAZO será de diez días desde que el juzgado se comunique a las partes ejecutadas la posibilidad de formular incidente extraordinario en los términos indicados en el apartado anterior. (el juzgado tiene 15 días para notificarte).

Sin embargo, ninguna norma establece los criterios que van a seguir los juzgados a la hora de avisar del nuevo plazo para denunciar cláusulas abusivas y suspender el procedimiento de ejecución.

Por ello La PAH pretende seguir su lucha e informar a las personas a afectadas por la hipoteca con herramientas para su defensa tanto en las calles como en los juzgados. Ante tal situación queremos informar de lo siguiente:

Notificaciones de los juzgados: cada juzgado tendrá 15 día para notificar a las personas ejecutadas y darles nuevo plazo para oponerse por cláusulas abusivas y poder suspender el procedimiento. El plazo para oponerse será de diez días desde el siguiente a la notificación.

Procesos hipotecarios iniciados antes del año 2013: las personas que no pudieron presentaron escrito de oposición a la demanda de ejecución hipotecaria por cláusulas abusivas que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente pueden hacerlo ahora.

Procesos hipotecarios iniciados después del año 2013 (con la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social): las personas que no pudieron presentar escrito de oposición a la demanda de ejecución hipotecaria que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente y siempre que no se hubiera notificado la posibilidad de formular incidente extraordinario de oposición por tener cláusulas abusivas en el contrato de préstamo ni se hubiere admitido la oposición del ejecutado con base en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 2015 o cuando el juez de oficio ya hubiera analizado la abusividad de las cláusulas contractuales, pueden hacerlo ahora.

CUESTIONES PRÁCTICAS

Hemos elaborado una carta de solicitud en los juzgados para aquellas personas que decidan interpelar al juez de su procedimiento de ejecución hipotecaria y avisarle que debe otorgarle nuevo plazo para oponerse por la abusividad del préstamo.

Te la puedes descargar en este enlace.

Abogado y Procurador: Si ya tienes abogado y procurador asignados en el procedimiento, son ellos quiénes pueden plantear el escrito. Si no cuentas con abogado ni procurador puedes presentar el escrito por ti mismo, pero recomendamos acudir al Colegio de Abogados lo antes posible para que te asignen defensa legal.

Si Se Puede!!!

La justicia de la UE da un nuevo golpe a la ley hipotecaria del PP por no proteger al consumidor

Si los intereses de mora son abusivos, el juez no tiene que recalcularlos sino debe declararlos nulos. 

El  Tribunal de Justicia de la Unión  Europea (TJUE) ha resuelto una  cuestión prejudicial planteada por un  juez de Marchena (Sevilla) que  supone un nuevo golpe al gobierno español por no proteger al consumidor  frente a las entidades financieras.

El TJUE sentencia que si los intereses de mora ante un impago hipotecario son abusivos, el  juez  podrá apreciar que se trata de una cláusula abusiva y decretar su nulidad  para que no se apliquen en la ejecución hipotecaria en marcha. Asimismo, el Tribunal advierte que estas cláusulas declaradas nulas no podrán integrarse por otra norma nacional. La sentencia supone otro duro golpe a la Ley hipotecaria 1/2013  aprobada por el Gobierno del PP que pretendía que en estos casos el juez  se limitara a recalcular los intereses considerados abusivos.

En marzo de 2013, la sentencia del caso Aziz de este tribunal puso patas arriba  el caduco sistema de ejecución hipotecaria española  al permitir al  juez entrar a analizar el contrato hipotecario -hasta  entonces no podía-  ante una posible existencia de cláusulas abusivas,  analizarlas de  oficio y suspender el proceso hasta resolverlo. Con  ello, el TJUE aplicaba la Directiva 93/13 vigente desde 1993 en la Unión  Europea.

Con  esta resolución, el TJUE ratfificaba los postulados de la PAH: el  procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de   lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía,  sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que  infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.

Un juzgado de Villalba declara abusivo no haber incluido la dación en pago en una hipoteca gracias a los escritos de la PAH

Un juzgado de Villalba asume los argumentos de la PAH y declara abusivo no haber incluído la dación en pago en una hipoteca

Auto de Villalba

También declara abusivo el IRPH, la cláusula suelo o la venta extrajudicial.

Tras la aprobación de la ley 1/2013, la PAH denunció que el plazo establecido para alegar claúsulas abusivas (fijado en un mes tras la aprobación de la ley) era ilegal, no obstante, se elaboró un «kit de emergencia» para que las personas con procedimiento hipotecario abierto pudieran actuar en juzgados. La semana pasada, el juzgado de Primera Instaciá nº 7 de Collado Villalba resolvió en una ejecución hipotecaria a favor del afectado archivando el proceso instado por Banca Cívica (antes Caja de Ahorros de Navarra, hoy Caixabank, S.A.) y condenado en costas a la entidad financiera. La resolución, de fecha 5 de septiembre, da contestación a un escrito interpuesto por el Letrado del ejecutado que utilizó el “Kit de Emergencia” distribuido por la PAH de manera gratuita a través de internet entre mayo y junio pasados.

El escrito de la PAH denunciaba el carácter abusivo de numerosas cláusulas de los contratos hipotecarios, aún a pesar de no haber sido así declarado aún por el Tribunal Supremo. La magistrada del Juzgado de Villalba nº 7, Dña. Maravillas Carreras Rodríguez, acoge las tesis del escrito de la PAH y estima abusiva la falta de información sobre la posibilidad de haber pactado la dación en pago, la cláusula suelo del 5,5 %, la imposición del IRPH como índice de referencia en lugar del EURIBOR, la imposición de gastos procesales al afectado, los intereses de demora del 20%, la prohibición de arrendar, el vencimiento anticipado por impago de una sola cuota y la inclusión de la venta extrajudicial.

No haber informado sobre posible pacto de dación en pago es abusivo.

El documento, al que hemos tenido acceso, plantea por primera vez en nuestro país que resulta abusivo no haber informado al cliente sobre la posibilidad de incluir una cláusula de dación de en pago, en el momento de la firma del contrato de la hipoteca. Es decir, no haber informado de la limitación de la responsabilidad para que el posible impago quedase completamente saldado con la entrega del inmueble. La Ley Hipotecaria (art. 140) recoge la posibilidad de que las hipotecas queden limitadas a la responsabilidad “real”, respondiendo únicamente con el inmueble, mediante un pacto entre las partes, no pudiendo alcanzar otros bienes del deudor. Esta posibilidad, de haberse recogido en los contratos, impediría a los bancos seguir reclamando la deuda una vez que se han adjudicado la vivienda en un proceso de subasta. Sin embargo, lo cierto es que las entidades financieras nunca han informado de esta posibilidad a los clientes, imponiendo de hecho la responsabilidad universal (se responde de la deuda con todos los bienes presentes y futuros del deudor).

La imposición del IRPH, declarado abusivo.

Otro aspecto inédito hasta ahora es la imposición unilateral por el banco de un índice, el IRPH, que resulta más gravoso para el cálculo del interés a pagar que el EURIBOR. Un índice acerca del cual tampoco se informó adecuadamente, a lo que se suma que no se ofertaran al cliente las diversas posibilidades, ni se le explicara en absoluto las consecuencias de elegir un índice u otro.

La ejecución extrajudicial, de nuevo en tela de juicio

También es novedoso que se declare abusiva la incorporación a las hipotecas del procedimiento de “ejecución extrajudicial”, o “venta extrajudicial”. Este procedimiento permite a las entidades acudir a subastas notariales, lejos de la supervisión de los órganos judiciales, y adjudicarse los inmuebles en plazos muy breves con escaso margen de reacción y defensa efectiva para los afectados. Este procedimiento se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional, a través del Recurso que la PAH impulsó en agosto 2013 contra la Ley 1/2013, en el que debe pronunciarse sobre la indefensión en que coloca a los ejecutados y por tanto, sobre su constitucionalidad.

Archivo de la ejecución hipotecaria e imposición de costas a Banca Cívica (CaixaBank)

La resolución judicial, tras enumerar y declarar abusivas hasta un total de ocho cláusulas de la hipoteca, archiva el procedimiento y condena en costas a la entidad financiera, que deberá correr con los gastos de defensa legal ocasionados a los afectados por la hipoteca de Banca Cívica.

Queda por saber ahora si Banca Cívica (hoy Caixabank,S.A) recurrirá la resolución, pero de momento se abren nuevas posibilidades para el archivo de ejecuciones hipotecarias basadas en hipotecas que contienen abusos bancarios. Además, al declarar abusivo el no haber informado sobre la posibilidad de dación en pago, permite a la familia solicitar la dación en pago apoyándose en esta reciente resolución.

¡Basta de impunidad financiera: stop desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social!
Sí Se Puede

Descarga aquí el Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Villalba, de 5-9-2013.

Respuesta de la PAH a la Ley 1/2013 del Partido Popular: una ley inútil, ilegal y que vulnera derechos humanos

Entre los muchos despropósitos de la ley, destaca el plazo de sólo un mes para que las personas afectadas aleguen cláusulas abusivas. Para ello la PAH ha elaborado un “kit de emergencia


1. Análisis de la Ley

El pasado 14 de marzo se hacía pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona en el caso Aziz. Dicha sentencia vino a ratificar lo que la PAH, el Poder Judicial y muchos otros colectivos venimos denunciando: que el procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía, sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.
Tras dicha sentencia, todo el país esperaba que el Gobierno actuara de forma responsable, decretando una moratoria de todos los procedimientos hasta adecuar la norma española a la directiva comunitaria de obligado cumplimiento, así como estableciendo un mecanismo de revisión de los procedimientos ya ejecutados, puesto que se han sentenciado vulnerando la ley europea y la tutela judicial efectiva. Se esperaba también que, entre esas medidas urgentes, se adoptaran por fin las medidas de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por casi un millón y medio de firmas y por el 80% de la población según todas las encuestas: la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social de las viviendas vacías. Sin embargo, una vez más el Gobierno se plegó a la presión de las entidades financieras: despreció las medidas de mínimos recogidas en la ILP, no ordenó ninguna moratoria de procedimientos y se ha limitado a aprobar la ley 1/2013, una ley dictada por la propia patronal bancaria, que complica aún más la situación de las personas afectadas. Lo hizo en soledad, sin apoyo de ninguna otra fuerza política. Incluso el Banco Central Europeo (BCE) ha criticado la nueva ley por insuficiente (ver Dictamen del 22 de mayo de 2013).

Resumiendo, la ley 1/2013:

1. 1- No respeta un procedimiento con todas las garantías legales necesarias
Nos encontramos con una primera y clara diferenciación entre los procedimientos judicialmente acabados y los procedimientos judicialmente vivos o en curso.

  • Con respecto a los procedimientos acabados, con esta nueva regulación no se aborda ninguna opción para todas aquellas personas que ya han perdido su vivienda, condenándolos de esta forma a la exclusión social. Se legaliza el abuso bancario sobre el consumidor que ya ha sido desalojado.
  • Con respecto a los procedimientos vivos:
    Se fija un plazo de caducidad de un mes, cuando hasta ahora no había plazo, y equipara la publicación en el BOE a la expresión “tener conocimiento”, provocando la consiguiente inseguridad jurídica por notificación mal realizada. En muchos casos este plazo supone absoluta indefensión, pues la mayoría de la población no tiene por costumbre leer el BOE.

Pretende legalizar cláusulas abusivas. Así, fija los intereses de demora en tres veces el interés legal del dinero, cuando venían fijándose en 2,5 veces o incluso menos (ver Audiencia de Girona así como la ley de contratos de consumo 16/2011). En Alemania, por ejemplo, los intereses no pueden superar el 3%, y en otros países europeos se fija en el tipo legal más 1 ó 2 puntos.
Se permite la aplicación de intereses de demora una vez declarada nula la cláusula, cuando antes se impedía su integración.
Se permite fijar el precio para la subasta en un 75% de su valor de tasación, cuando antes era del 100%. En caso de quedar desierta la subasta, aparentemente el valor de adjudicación sube al 70% (respecto al 60% anterior); sin embargo, si ese porcentaje generara saldo a favor del deudor, la adjudicación seguirá siendo por el 60%. El banco nunca pierde.
Se rompe el principio de ineficacia de los actos declarados nulos.
Se produce una violación del derecho a la tutela judicial efectiva y queda patente la ausencia de igualdad de “armas” para poder defenderse. En caso de que el juez estime la existencia de cláusulas abusivas, el banco puede interponer recurso. En cambio, si el juez desestima la existencia de las mismas la persona afectada no podrá recurrir.
Se produce incluso discriminación por edad (caso de las familias que pueden acogerse a la moratoria del desahucio sólo en caso de que haya un menor a 3 años), una discriminación que podría considerarse inconstitucional.

1. 2-Se mantienen los desalojos forzosos
Se permiten desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Desalojos con criterios arbitrarios, violándose la Convención de derechos del niño (ONU), y el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), entre otras normas vinculantes, anteriores a la Ley 1/2013 del 14 de mayo.

3-Se mantiene la deuda perpetua
Prevalece la idea de “muerte civil” del deudor hipotecario. A pesar de que formalmente introduce la posibilidad de la retroactividad (desmintiendo así la imposibilidad técnica de la retroactividad, defendida hasta ahora por el legislador), las condiciones prácticas de dicha retroactividad (poder pagar el 65% de la deuda, más intereses, en 5 años, o el 80% más intereses en 10 años) impiden llevarla a la práctica. Así, representa una condonación irreal de la deuda. Para el 99% de los afectados, en la práctica, supone mantener la deuda para el resto de su vida, produciéndose una vez más una violación de los DDHH, y condenando a la exclusión social a la inmensa mayoría de los afectados.
La Ley tampoco acaba con el abuso fiscal que vienen sufriendo las personas afectadas por ejecuciones o aquellas que, con gran dificultad, logran la dación en pago. En ambos casos (a excepción de los pocos casos que entran en el llamado “decreto de buenas prácticas”) el estado seguirá lucrándose gravando la pérdida de vivienda como si se tratara de una compraventa beneficiosa para la persona afectada.

Resumiendo:

Se deniegan derechos ya reconocidos por la legislación vigente, la jurisprudencia o las directivas europeas.
Una norma hecha al dictado de los bancos, que una vez más viola DDHH y excluye totalmente a los más vulnerables.
Evidentemente no han querido solucionar el problema con la nueva ley y ni mucho menos con la finalidad que dicen haberla aprobado: no es su intención proteger a los deudores, sino hacer un muro de contención contra sus legítimas reclamaciones y contra el avance de las medidas respaldadas tácita o expresamente por una gran mayoría de la población a través de la ILP.


2. Respuesta de la PAH

  • Kit de emergencia: consideramos que el plazo de un mes que establece la nueva ley para alegar cláusulas abusivas es ilegal, puesto que es contrario a la legalidad comunitaria de defensa del consumidor frente a cláusulas abusivas (Directiva 93/13/CEE y jurisprudencia del TJUE que la interpreta). Sin embargo, aunque esperamos que ese plazo podrá ampliarse en los juzgados, el equipo jurídico de la PAH ha realizado un “kit de emergencia”, con el fin de facilitar a las personas afectadas con procedimientos de ejecución en curso que puedan plantear las cláusulas abusivas dentro del plazo inicial de un mes, y que finaliza el próximo 16 de junio de 2013. El kit se compone de: consejos generales para alegar cláusulas abusivas; modelo de escrito para solicitar justicia gratuita; modelo escrito para plantear las cláusulas abusivas; modelo escrito para solicitar suspensión subasta notarial (en el caso de procedimientos extrajudiciales, acompañado también por una guía específica para las notariales). Ver documentos
  • Llamamiento a los jueces: sin duda en el último año la mayoría de los jueces han demostrado mayor y mejor conocimiento de la realidad social que el propio Gobierno, y muchos han denunciado ya la ineficacia de la ley recientemente aprobada por la mayoría absoluta del PP. Ahora les pedimos que mantengan esa sensibilidad, que no se resignen y, en aplicación de la normativa europea, vayan más allá de la Ley 1/2013. Así, confiamos en que actuarán de oficio en el análisis de las cláusulas abusivas o, en su defecto, no permitirán la indefensión de las personas afectadas (generada por la notificación vía BOE), dando traslado de la posibilidad de plantear las cláusulas abusivas a todas las personas con procedimientos en marcha. Les invitamos también a estudiar la posibilidad de trasladar las contradicciones relacionadas tanto con la indefensión, como con la contradicción con la normativa comunitaria, tanto por la vía de la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como por la vía de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  • Llamamiento a la población: el estado español vive una vulneración de derechos fundamentales generalizada y una auténtica emergencia habitacional, a pesar de tener viviendas de sobra. Si algo no falta en este país son viviendas, pero al menos tres millones y medio de primeras residencias (según los últimos datos del INE) se encuentran vacías, muchas de ellas en manos de entidades financieras rescatadas con nuestro dinero, o directamente en manos de la gestión pública a través de la SAREB o “banco malo”. El estado prioriza la especulación por encima de los derechos humanos de la población y legisla una y otra vez a favor de los criminales que han hundido la economía entera del país.Frente a una situación tan excepcional, es más necesaria que nunca la movilización ciudadana. No sólo para seguir presionando a los poderes públicos y así forzarles a que actúen de acuerdo al interés general. Sino sobre todo para demostrar que, si hay voluntad política, sí se puede. Se puede tutelar de manera efectiva nuestro derecho a una vivienda digna, forzando a los bancos a negociar daciones en pago, condonaciones y alquileres sociales. Se puede desobedecer leyes injustas y parar desahucios gracias a la solidaridad y el apoyo mutuo entre vecinas y vecinos. Se puede recuperar las viviendas vacías en manos de los bancos y que incumplen su función social, para entregarlas a quienes las necesitan, a través de la Obra Social de la PAH.

La ILP impulsada por la PAH y otros colectivos está más viva que nunca, porque sus medidas son más necesarias que nunca. Tarde o temprano el Gobierno se verá obligado a aprobarlas, porque sin ellas no sólo se vulneran los derechos de los ciudadanos, sino que será imposible salir de la crisis. Hasta entonces, seguiremos defendiendo la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social en la calle, rescatando personas y señalando responsables.

¡Sí se puede! Y lo estamos demostrando

Kit de emergencia

Consejos para solicitar la justicia gratuita

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