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Porsísepuede

La justicia de la UE da un nuevo golpe a la ley hipotecaria del PP por no proteger al consumidor

Si los intereses de mora son abusivos, el juez no tiene que recalcularlos sino debe declararlos nulos. 

El  Tribunal de Justicia de la Unión  Europea (TJUE) ha resuelto una  cuestión prejudicial planteada por un  juez de Marchena (Sevilla) que  supone un nuevo golpe al gobierno español por no proteger al consumidor  frente a las entidades financieras.

El TJUE sentencia que si los intereses de mora ante un impago hipotecario son abusivos, el  juez  podrá apreciar que se trata de una cláusula abusiva y decretar su nulidad  para que no se apliquen en la ejecución hipotecaria en marcha. Asimismo, el Tribunal advierte que estas cláusulas declaradas nulas no podrán integrarse por otra norma nacional. La sentencia supone otro duro golpe a la Ley hipotecaria 1/2013  aprobada por el Gobierno del PP que pretendía que en estos casos el juez  se limitara a recalcular los intereses considerados abusivos.

En marzo de 2013, la sentencia del caso Aziz de este tribunal puso patas arriba  el caduco sistema de ejecución hipotecaria española  al permitir al  juez entrar a analizar el contrato hipotecario -hasta  entonces no podía-  ante una posible existencia de cláusulas abusivas,  analizarlas de  oficio y suspender el proceso hasta resolverlo. Con  ello, el TJUE aplicaba la Directiva 93/13 vigente desde 1993 en la Unión  Europea.

Con  esta resolución, el TJUE ratfificaba los postulados de la PAH: el  procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de   lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía,  sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que  infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.

Porsísepuede

Una nueva sentencia ordena la devolución de una vivienda que ya fue subastada

Esta resolución confirma los postulados de la PAH: es posible recuperar las viviendas de todas las personas que han sufrido desahucios por medio de prácticas bancarias abusivas y procedimientos judiciales ilegales.

El pasado 22 de diciembre una sentencia de la Audiencia de Girona ha obligado a un banco a devolver un piso que ya había sido subastado a la familia ejecutada por la aplicación de cláusulas abusivas. La sentencia, ha sido dictada siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso AZIZ, de 14 de marzo de 2013.

Como en otras resoluciones anteriores, los fundamentos principales de esta decisión judicial son que el procedimiento de ejecución hipotecaria no permitió al juez de primera instancia de Girona valorase las condiciones del contrato hipotecario ni analizar si en el existían clausulas abusivas. Lo que vulnera el derecho a la defensa del ejecutado.

La familia afectada llevaba nueve años pagando regularmente las cuotas hipotecarias. Tras el impago de cuatro recibos, el banco inicio de forma automática e irreversible la ejecución, sin tomar en consideración la voluntad de seguir pagando lo que podían de los afectados.    

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Un juzgado de Villalba declara abusivo no haber incluido la dación en pago en una hipoteca gracias a los escritos de la PAH

Un juzgado de Villalba asume los argumentos de la PAH y declara abusivo no haber incluído la dación en pago en una hipoteca

Auto de Villalba

También declara abusivo el IRPH, la cláusula suelo o la venta extrajudicial.

Tras la aprobación de la ley 1/2013, la PAH denunció que el plazo establecido para alegar claúsulas abusivas (fijado en un mes tras la aprobación de la ley) era ilegal, no obstante, se elaboró un “kit de emergencia” para que las personas con procedimiento hipotecario abierto pudieran actuar en juzgados. La semana pasada, el juzgado de Primera Instaciá nº 7 de Collado Villalba resolvió en una ejecución hipotecaria a favor del afectado archivando el proceso instado por Banca Cívica (antes Caja de Ahorros de Navarra, hoy Caixabank, S.A.) y condenado en costas a la entidad financiera. La resolución, de fecha 5 de septiembre, da contestación a un escrito interpuesto por el Letrado del ejecutado que utilizó el “Kit de Emergencia” distribuido por la PAH de manera gratuita a través de internet entre mayo y junio pasados.

El escrito de la PAH denunciaba el carácter abusivo de numerosas cláusulas de los contratos hipotecarios, aún a pesar de no haber sido así declarado aún por el Tribunal Supremo. La magistrada del Juzgado de Villalba nº 7, Dña. Maravillas Carreras Rodríguez, acoge las tesis del escrito de la PAH y estima abusiva la falta de información sobre la posibilidad de haber pactado la dación en pago, la cláusula suelo del 5,5 %, la imposición del IRPH como índice de referencia en lugar del EURIBOR, la imposición de gastos procesales al afectado, los intereses de demora del 20%, la prohibición de arrendar, el vencimiento anticipado por impago de una sola cuota y la inclusión de la venta extrajudicial.

No haber informado sobre posible pacto de dación en pago es abusivo.

El documento, al que hemos tenido acceso, plantea por primera vez en nuestro país que resulta abusivo no haber informado al cliente sobre la posibilidad de incluir una cláusula de dación de en pago, en el momento de la firma del contrato de la hipoteca. Es decir, no haber informado de la limitación de la responsabilidad para que el posible impago quedase completamente saldado con la entrega del inmueble. La Ley Hipotecaria (art. 140) recoge la posibilidad de que las hipotecas queden limitadas a la responsabilidad “real”, respondiendo únicamente con el inmueble, mediante un pacto entre las partes, no pudiendo alcanzar otros bienes del deudor. Esta posibilidad, de haberse recogido en los contratos, impediría a los bancos seguir reclamando la deuda una vez que se han adjudicado la vivienda en un proceso de subasta. Sin embargo, lo cierto es que las entidades financieras nunca han informado de esta posibilidad a los clientes, imponiendo de hecho la responsabilidad universal (se responde de la deuda con todos los bienes presentes y futuros del deudor).

La imposición del IRPH, declarado abusivo.

Otro aspecto inédito hasta ahora es la imposición unilateral por el banco de un índice, el IRPH, que resulta más gravoso para el cálculo del interés a pagar que el EURIBOR. Un índice acerca del cual tampoco se informó adecuadamente, a lo que se suma que no se ofertaran al cliente las diversas posibilidades, ni se le explicara en absoluto las consecuencias de elegir un índice u otro.

La ejecución extrajudicial, de nuevo en tela de juicio

También es novedoso que se declare abusiva la incorporación a las hipotecas del procedimiento de “ejecución extrajudicial”, o “venta extrajudicial”. Este procedimiento permite a las entidades acudir a subastas notariales, lejos de la supervisión de los órganos judiciales, y adjudicarse los inmuebles en plazos muy breves con escaso margen de reacción y defensa efectiva para los afectados. Este procedimiento se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional, a través del Recurso que la PAH impulsó en agosto 2013 contra la Ley 1/2013, en el que debe pronunciarse sobre la indefensión en que coloca a los ejecutados y por tanto, sobre su constitucionalidad.

Archivo de la ejecución hipotecaria e imposición de costas a Banca Cívica (CaixaBank)

La resolución judicial, tras enumerar y declarar abusivas hasta un total de ocho cláusulas de la hipoteca, archiva el procedimiento y condena en costas a la entidad financiera, que deberá correr con los gastos de defensa legal ocasionados a los afectados por la hipoteca de Banca Cívica.

Queda por saber ahora si Banca Cívica (hoy Caixabank,S.A) recurrirá la resolución, pero de momento se abren nuevas posibilidades para el archivo de ejecuciones hipotecarias basadas en hipotecas que contienen abusos bancarios. Además, al declarar abusivo el no haber informado sobre la posibilidad de dación en pago, permite a la familia solicitar la dación en pago apoyándose en esta reciente resolución.

¡Basta de impunidad financiera: stop desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social!
Sí Se Puede

Descarga aquí el Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Villalba, de 5-9-2013.

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LA PAH fuerza la presentación del Recurso de Inconstitucionalidad de ley de la vergüenza y denuncia el oportunismo del PSOE

La PAH vuelve a denunciar la vulneración sistemática de los Derechos Humanos en materia de vivienda con el Recurso de Inconstitucionalidad a la ley 1/2013 de 14 de Mayo, y pone de manifiesto los déficits democráticos y de participación ciudadana que también denunciamos con la tramitación de la ILP. Este recurso cuenta con los avales de 24 diputados y la PAH “lamenta” que el PSOE vuelva a intentar apropiarse de esta iniciativa y no apoye a la sociedad civil para presentarlo. Pese a esta actitud lamentable,  la PAH reclama que el Tribunal Constitucional (TC) declare la inconstitucionalidad de la ley 1/2013 por violación de derechos fundamentales.

Y comunica

  • Ante el anuncio del PSOE de la presentación del recurso de inconstitucionalidad a la ley de la vergüenza 1/2013 de 14 de Mayo, que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le solicitó que avalase (como hizo con el resto de partidos de la oposición), consideramos una victoria haber forzado al principal partido de la oposición a un cambio de posición y al reconocimiento de la situación de “estafa política” que la tramitación de la ILP por parte de la mayoría parlamentaria del gobierno del Partido Popular ha supuesto para la ciudadanía.


    Que entendemos la presentación de recurso de inconstitucionalidad como una victoria de la PAH y del conjunto del movimiento por el derecho a la vivienda contra la exclusión y en defensa de los derechos humanos. No estaba previsto por ningún grupo político presentar el recurso de inconstitucionalidad, una vez más la sociedad civil ha traspasado los límites establecidos y ante la violación de derechos fundamentales que supone la Ley de la vergüenza 1/2013, y ha conseguido forzar su presentación. La PAH con su equipo jurídico y sus luchadoras sociales ha vuelto a poner en jaque al status quo y ha conseguido que ocurra lo imprevisto: que la ley ilegítima, inconstitucional que salió mediante una estafa al derecho de la ciudadanía de presentar leyes, y a la ILP avalada por más de 1.400.000 firmas, sea cuestionada de nuevo.

    La presente ley 1/2013 que se recurre no ha venido a solucionar ningún problema de vulneración sistemática de Derechos Humanos, Constitucionales y Comunitarios,  que era lo que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que la PAH presentó en el Congreso de los Diputados, quería conseguir.

    Aunque es una victoria de la PAH y del conjunto del movimiento por el derecho a la vivienda contra la exclusión y en defensa de los derechos humanos, recordamos que hay cientos de miles de Ejecuciones Hipotecarias realizadas de espaldas a los Derechos Humanos, al Derecho a una Vivienda Digna, y a la Ley Comunitaria, y por lo tanto ilegales, según lo dictaminado por el Tribunal de la Unión Europea en sentencia 14 de Marzo y que en ningún caso se ha resuelto, ni se podrán restituir los derechos infringidos. Es por lo que seguimos exigiendo el cese inmediato de todo desalojo forzoso de familias vulnerables en todo el territorio español.

    La PAH se ha vuelto a colocar como la impulsora al señalar el problema y proponer las soluciones a problemas jurídicos y sociales creados por los gobiernos del PP y el PSOE en 35 años de alternancia política en materia de vivienda y derechos sociales recogidos en nuestra Constitución de 1978 y que ninguno de los dos partidos llamados mayoritarios han desarrollado, modificado, ni adecuado a las diferentes situaciones socio-políticas del país.

  • La elaboración del recurso de inconstitucionalidad por parte de la PAH ha puesto de manifiesto el déficit democrático que existe, porque muestra que es incomprensible que en una sociedad que pretende llamarse democrática no se permita a los agentes y actores de la sociedad civil y los movimientos sociales en defensa de los derechos humanos, presentar recursos de inconstitucionalidad frente a normas que violan derechos fundamentales, incluso ante la pasividad de los actores que sí deberían promoverlos.

  • Ante la iniciativa de presentación del recurso de inconstitucionalidad de la PAH y la petición de apoyos y avales para su presentación a los sujetos legitimados para hacerlo, queremos además manifestar como muy grave que La Defensoría del Pueblo a fecha de hoy no se ha posicionado, incumpliendo la obligación de defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

    Hasta la fecha hemos reunido 24 avales de diputados para la presentación del recurso correspondientes al Grupo Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) Grupo mixto (Compromis, Amaiur, ERC, Geroa Bai y BNG). Las formaciones políticas PNV, UPyD, CIU,FAC y CC no se han pronunciado haciendo oídos sordos a la llamada de la sociedad civil.

  • Lamentamos por último que el PSOE no haya tenido la capacidad política de permitir que la sociedad civil lleve a cabo la acción procesal excluyendo del recurso de inconstitucionalidad a la parte que lo impulsa, lo inicia y para la que ha supuesto un trabajo jurídico de enorme envergadura.
  • Entendemos que los intereses partidistas de una forma obsoleta de hacer política no pueden seguir imperando. El PSOE con esta forma de actuar demuestra que no entiende las formas éticas y honestas de estar en política, y refuerza más el distanciamiento de los ciudadanos con algunos partidos políticos.

    El movimiento ha tenido la inteligencia y la tenacidad para unir a mucha gente al margen de los partidos, sobre todo al margen de los partidos responsables de la burbuja inmobiliaria y que han negado el derecho a la vivienda. La PAH ha conseguido realizar el Recurso de Inconstitucionalidad cuando nadie creía que fuera posible

    Constatamos que nos acabamos de topar con sus viejas instituciones y sus miserias electorales. La misma fuerza institucional que le ha llevado al PSOE a ser cómplice de la burbuja y privación del derecho a la vivienda, la ha aprovechado ahora para la manipulación de un Recurso que no le pertenece. Solicitábamos cincuenta avales de la iniciativa, pero algunos no quieren trabajar con los movimientos sociales, sino que los movimientos sociales trabajen para ellos.

    Aun así la Plataforma de Afectados por Hipoteca reclama que el TC declare la ilegitimidad de la ley 1/2013 de 14 de Mayo y paralice cualquier procedimiento judicial hasta resolver la inconstitucionalidad de la ley que vulnera los tratados firmados por este país sobre derechos humanos.

    Descarga el recurso de inconstitucionalidad de la PAH de aquí

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    Recurso de inconstitucionalidad de la PAH contra la ley 1/2013: un paso más en la lucha contra la violación de derechos humanos

     

    La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha elaborado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 1/2013 para la protección de los deudores hipotecarios. El recurso necesita de al menos 50 diputados para poder ser presentado ante el Tribunal Constitucional, por ello, la PAH se ha puesto en contacto con todos los partidos políticos con representación parlamentaria con el fin de solicitarles que se adhieran al recurso. Ninguna de las formaciones políticas tenía previsto presentar recurso alguno. El recurso de inconstitucionalidad se ha elaborado desde la sociedad civil frente a la vulneración sistemática de derechos humanos que supone la actual legislación en materia hipotecaria.  De nuevo es la gente, son las PAHs, las que se organizan para defender los derechos fundamentales. 

    • Resumen del recurso de inconstitucionalidad

    El recurso se puede descargar aquí
    Recurso de inconstitucionalidad contra la ley antidesahucios impulsada y redactada por la PAH

    Resumimos a continuación los seis puntos por los cuales las Plataformas de Afectados por las Hipotecas consideramos que la llamada “Ley Antidesahucios” vulnera los derechos contemplados por la Constitución Española y la legislación internacional.

    Motivo 1: Inviolabilidad del domicilio y tutela judicial efectiva.


    La Ley en cuestión establece unas condiciones fijas para el mantenimiento de la vivienda, sin dejar margen a la interpretación y al contexto de cada caso, con lo que directamente deja en suspenso el derecho a la vivienda establecido por la Constitución y sin margen para que los jueces tomen decisiones basadas en la situación de las familias afectadas cuando no se dan las condiciones establecidas por la ley.

    La vivienda más allá de una propiedad es el ámbito íntimo, personal y privado de las familias y por lo tanto debe ser protegido por los derechos implícitos que conlleva. Así lo reconoce la Constitución Española en su artículo 18 en el que explica que las circunstancias para la entrada en el domicilio privado sólo puede ser autorizado por un juez que las valore, justifique y motive. La Ley al no dar margen de establecer esta valoración más allá de criterios arbitrarios establecidos por el Gobierno atenta contra contra la inviolabilidad del hogar.
    Además en este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece en diferentes sentencias que el desalojo forzoso sólo se debe dar si no se coloca a las personas en situaciones degradantes como la exclusión social y siempre que se adopten las medidas adecuadas para no agredir los derechos de las personas.
    El Estado Español suscribe varios tratados internacionales en materia de derechos humanos en las que se establecen garantías que se deben dar antes, durante y después del desahucio. Dichas garantías tampoco se establecen en la Ley.

    Motivo 2. Vulnera los derechos del niño y los discrimina por la edad.


    La ley establece como una de las condiciones que en el domicilio haya menores de 3 años de edad, tanto en la moratoria de lanzamientos como en las medidas de reestruturación de deuda.

    No existen criterios objetivos para establecer ese límite de edad ni nada que justifique en los casos de ejecución hipotecaria y posterior desahucio.
    El desahucio de las familias exponen a los menores independientemente de su edad a situaciones de calle o desamparo y en consecuencia a situaciones de violencia, temor, incertidumbre y dolor. A su vez provoca el riesgo de afectación de su integridad física, psíquica y moral y libre desarrollo de la personalidad.
    La situación actual en España en que miles de familias viven bajo el umbral de la pobreza que se acentúa por una altísima tasa de paro, denunciada por organismos gubernamentales estatales e internacionales agravan esta situación y son víctimas de las citadas consecuencias todos los niños independientemente de su edad.

    No existen motivos para la distinción realizada por la Ley y por ello vulnera tanto los derechos recogidos en la Constitución Española como en los Derechos del Niño.

    Motivo 3. Vaguedad e indeterminación en la constitución del fondo social de viviendas.


    La Ley en cuestión “Encomienda” al Gobierno que “promueva” con el sector financiero un fondo social de viviendas destinadas a personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de préstamo hipotecario.
    No se establece un plazo, las condiciones de arrendamiento ni instrumentaliza en forma alguna la forma en que este mandato debe llevarse a cabo.
    La vaguedad en las condiciones y medidas para llevar a cabo este mandato no ofrecen una respuesta adecuada al contexto de emergencia social y no garantizan el fin del mismo: la protección de las personas y la garantía del acceso a una vivienda digna.

    Este hecho se agrava más en el contexto de crisis donde esta medida debería ser potenciada y no sugerida, y en especial cuando va dirigida especialmente a colectivos en situaciones de vulnerabilidad en general y más concretamente a los niños en particular. Y con ello la vulneración de los derechos a la intimidad, vivienda, protección de la vida que se establecen tanto en la Constitución Española como en los tratados internacionales.

    Motivo 4. Vulneración de la tutela judicial efectiva y defensa en relación a las garantías procesales ofrecidas a los consumidores frente a los profesionales.
    Básicamente el tema es que la Ley da la opción y no el deber a los jueces a que puedan apreciar cláusulas abusivas de oficio, pero no obliga a ello. No obstante el Tribunal Europeo reconoce que las familias están en una situación de inferioridad ante las entidades financieras y que dicha desigualdad debe ser compensada por la figura de juez quien debe apreciar de oficio las cláusulas abusivas.

    Por otra parte la Ley 1/2013 establece un plazo máximo de 1 mes para denunciar la cláusulas abusivas des del momento de la publicación de la Ley en el BOE y dándose así por informada a todas las posibles personas afectadas. No obstante tanto la administración como los juzgados deben agotar todas las vías de notificación antes de recurrir a los edictos y diarios oficiales. Esta forma de notificación no fue aplicada a la Ley 1/2013 limitándola a la mera publicación en el BOE por lo que en su forma vulnera la tutela efectiva que el Estado debía procurar a las personas que se encuentran en un proceso de ejecución hipotecaria y por lo tanto no puede ser admitida dicha limitación de tiempo en los procesos hipotecarios en curso.

    Motivo 5. Violación del principio de igualdad de armas procesales y acceso a los recursos establecidos por la ley.
    La Ley 1/2013 abre la posibilidad de oposición por cláusulas abusivas tanto de oficio por el juez o a instancia de la parte ejecutada. No obstante no modifica la ley de enjuiciamiento civil en la parte en que dice que la apelación sólo es posible por la parte acreedora. De esta forma está creando una situación de desigualdad, dando a la parte más fuerte herramientas que niega a la parte más vulnerable, en lugar de compensar la parte más débil como explícitamente ordena la legislación europea.

    Motivo 6. Referencias en la Ley a la ejecución o venta extrajudicial


    La Ley 1/2013 hace referencia a la ejecución o venta extrajudicial, un sistema de ejecución que quita de manos de los jueces la función jurisdiccional y la deja en manos de los notarios.
    Un procedimiento más rápido que provoca una mayor indefensión de las personas y familias afectadas, dificultando su defensa en el mismo y que además es establecida unilateralmente por la entidad financiera en el contrato hipotecario.
    Este procedimiento quita de las manos de los jueces la administración de la justicia y la tutela judicial efectiva de las personas que establece la Constitución y a su vez provoca una discriminación de las personas sometidas a este procedimiento respecto a las que son ejecutadas en el procedimiento judicial ordinario.

    Por todos estos motivos consideramos que la ley aprobada por el Gobierno vulnera los derechos de las personas y familias, contraviene la Constitución, la legislación europea y los tratados internacionales de derechos humanos, manteniendo las desigualdades entre las entidades financieras a las que protege frente a las familias a las que perpetua en su situación de indefensión.

    • Carta a los diputados

    A la atención del sr/a. diputado/a.

    Nos dirigimos a Ud. desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con el fin de solicitarle su adhesión al recurso de Inconstitucional elaborado por nuestro equipo jurídico para ser presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley 1/2013.

    Desde la PAH hemos detectado al menos seis motivos de inconstitucionalidad en la citada ley que incurren en una vulneración de derechos fundamentales inadmisibles en toda democracia que se considere como tal.

    Como saben, la ILP por la moratoria de los desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social contó con el aval de más de 1.400.000 firmas y el apoyo mayoritario de la sociedad civil; sin embargo, las demandas ciudadanas fueron menospreciadas y desoídas y el proceso de modificación de la ley hipotecaria dio como resultado la Ley 1/2013 de 14 de Mayo. Esta ley no recoge las demandas de mínimos expuestas en la ILP y perpetuan la condena de miles de familias a un sufrimiento inadmisible y la exclusión social. La ley 1/2013 no es solución alguna a la vulneración sistemática de derechos humanos que se da en nuestro país, una situación flagrante ante la cual únicamente la sociedad civil está dando una respuesta. Así lo indican todas las encuestas realizadas sobre el tema.

    Pueden consultar y descargar el recurso de inconstitucionalidad de este enlace.

    Consideramos que brindar su apoyo al recurso de inconsitucionalidad responde a principios básicos de democracia y de protección y defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las mayorías sociales de este país, a las cuales no se les puede continuar dando la espalda.

    Por ello y habiendo detectado por parte del servicio jurídico de la PAH al menos seis causas de Inconstitucionalidad, solicitamos tengan a bien adherirse a este recurso y prestar su apoyo a la ciudadanía que así lo solicita y reclama.

    A continuación le exponemos los detalles técnicos que han de seguir para poder formalizar su adhesión al recurso:

    • cumplimentación del documento de adhesión adjunto
    • envío a la siguiente dirección postal: calle SAN COSME Y SAN DAMIAN nº 24 1º Izda Madrid 28012. Horario de 9,30 a 14,00 y 16,00 a 20,00
    • Es necesario un poder general para pleitos con facultades especiales para allanarse y absolver posiciones a nombre de la procuradora de tribunales Dña. Virginia Aragón Segura.
    • Certificado del secretario del congreso donde acredite su condición de parlamentario

    Para cualquier duda o comentario puede responder a esta misma dirección de correo. El plazo máximo de presentación del recurso, en base a las fechas de aprobación de la Ley 1/2013, es el 15 de agosto, por lo que la adhesión necesariamente tiene que formalizarse con anterioridad a la fecha señalada.

    Un saludo cordial,

    Plataforma de Afectados por la Hipoteca

    Video de la rueda de prensa del día 7 de agosto

    • Carta a la Defensora del Pueblo

    Defensor del Pueblo
    C/Eduardo Dato, 31
    28010 Madrid

    La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), junto a otros actores de la sociedad civil, ha logrado visibilizar el despojo de vivienda, ahorros y estabilidad que las entidades financieras han perpetrado contra cientos de miles de familias.

    Cuando las víctimas se han unido y han roto el silencio hemos obtenido resultados extraordinarios:

    • Hemos realizado una ILP que ha recogido un millón y medio de firmas a favor de las modificaciones legales necesarias para paralizar los desahucios, negociar daciones en pago y poner a disposición de las familias que lo necesiten un alquiler social.
    • Un amplio sector del mundo del derecho ha asumido las razones de la ciudadanía y se opone claramente al contenido de la Ley 1/2013 del gobierno del PP que ha desconsiderado las demandas del movimiento.
    • Algunos gobiernos municipales y autonómicos aplican parte de las demandas de la ILP y por ello cuentan con la oposición del Gobierno y de las entidades financieras, lo que ha provocado incluso la suspensión del Decreto del Gobierno andaluz que penaliza el acaparamiento de viviendas vacías.
    • La opinión pública considera a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como un movimiento social justo y democrático, y apoya nuestras demandas en porcentajes que superan el 80% en la mayoría de encuestas.

    La Iniciativa Legislativa Popular que recogió 1,5 millones de firmas y la sentencia europea de 14 de marzo de 2013, han forzado que el gobierno apruebe una ley de título engañoso (“Protección de protección de deudores hipotecarios, restructuración de deuda y alquiler social”). En realidad esta nueva norma no contiene ninguna de las demandas sociales expresadas en la ILP. Ni paralización de desahucios, ni dación en pago ni alquiler social. Sin embargo, al hacerlo también ha incurrido en varias causas de inconstitucionalidad de la Ley 1/2013.

    El equipo jurídico de la PAH, junto con otros profesionales del mundo del Derecho, ha elaborado en un tiempo récord un Recurso de Inconstitucionalidad contra esta Ley aprobada con el solo apoyo del Partido Popular. Se han detectado en ella al menos seis causas de inconstitucionalidad, que incluyen vulneraciones a la inviolabilidad del domicilio, la tutela judicial efectiva, la igualdad, a la protección a la infancia y al derecho a una vivienda digna para todos.

    Este recurso, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 15 de agosto, se funda en los principios jurídicos de la Constitución Española, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero también expone como fundamento de derecho el poder constituyente de una sociedad movilizada a favor de una vivienda digna y en contra de tantos abusos y corruptelas.

    Llamamos a todos los actores facultados para presentar el recurso, por eso lo hacemos ante esa institución del Defensor del Pueblo con el fin de garantizar que la reclamación popular de justicia sea atendida en los extremos que se recogen en el documento adjunto.

    La PAH luchará hasta el último momento para presentar el Recurso de Inconstitucionalidad porque tenemos detrás la energía de miles de personas perjudicadas, amenazadas y solidarias y también la capacidad jurídica y política para elaborarlo.

    Plataforma de Afectados de la Hipoteca
    C/ San Cosme y San Damián, 24
    28012 Madrid

    91 327 900
    900 101 025

    registro@defensordelpueblo.es

    Mándale la carta a la Defensora del Pueblo desde oiga.me

    Por

    Presentación del recurso de inconstitucionalidad elaborado por la PAH contra la ley 1/2013

    La PAH presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley del PP por vulnerar derechos humanos

    Rueda de prensa el miércoles día 7 de Agosto a las 11:00 en la puerta del Tribunal constitucional (C / Domenico Scarlatti, número 6) rueda de prensa de la PAH.

    La PAH ha preparado un recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

    La comisión jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH ha detectado al menos seis causas de Inconstitucionalidad en la Ley 1/ 2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

    La Ley 1/2013 no solo no soluciona el problema que está causando un sufrimiento intolerable a centenares de miles de familias, y perpetuando la violación sistemática de derechos humanos, sino que además incumple principios constitucionales.

    La PAH está recabando los apoyos necesarios para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en tiempo y forma ante el Tribunal Constitucional. Igual que hicimos en la tramitación de la ILP, interpelamos no sólo a los grupos parlamentarios sino que apelamos también a la conciencia individual de cada uno de los diputados y diputadas. Los partidos y diputados que votaron a favor de la tramitación de la ILP y contra la ley finalmente aprobada por el Gobierno (todos menos el PP), tienen la oportunidad de demostrar su coherencia y la veracidad de su compromiso apoyando y firmando el recurso elaborado por el equipo jurídico de la PAH.

    Convocamos a todos los medios de comunicación el próximo miércoles, en la que se procederá a la presentación oficial del recurso de inconstitucionalidad elaborado por la PAH, de sus contenidos, y la interpelación a las Instituciones con capacidad legal para interponerlo.
    Por

    Respuesta de la PAH a la Ley 1/2013 del Partido Popular: una ley inútil, ilegal y que vulnera derechos humanos

    Entre los muchos despropósitos de la ley, destaca el plazo de sólo un mes para que las personas afectadas aleguen cláusulas abusivas. Para ello la PAH ha elaborado un “kit de emergencia


    1. Análisis de la Ley

    El pasado 14 de marzo se hacía pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona en el caso Aziz. Dicha sentencia vino a ratificar lo que la PAH, el Poder Judicial y muchos otros colectivos venimos denunciando: que el procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía, sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.
    Tras dicha sentencia, todo el país esperaba que el Gobierno actuara de forma responsable, decretando una moratoria de todos los procedimientos hasta adecuar la norma española a la directiva comunitaria de obligado cumplimiento, así como estableciendo un mecanismo de revisión de los procedimientos ya ejecutados, puesto que se han sentenciado vulnerando la ley europea y la tutela judicial efectiva. Se esperaba también que, entre esas medidas urgentes, se adoptaran por fin las medidas de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por casi un millón y medio de firmas y por el 80% de la población según todas las encuestas: la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social de las viviendas vacías. Sin embargo, una vez más el Gobierno se plegó a la presión de las entidades financieras: despreció las medidas de mínimos recogidas en la ILP, no ordenó ninguna moratoria de procedimientos y se ha limitado a aprobar la ley 1/2013, una ley dictada por la propia patronal bancaria, que complica aún más la situación de las personas afectadas. Lo hizo en soledad, sin apoyo de ninguna otra fuerza política. Incluso el Banco Central Europeo (BCE) ha criticado la nueva ley por insuficiente (ver Dictamen del 22 de mayo de 2013).

    Resumiendo, la ley 1/2013:

    1. 1- No respeta un procedimiento con todas las garantías legales necesarias
    Nos encontramos con una primera y clara diferenciación entre los procedimientos judicialmente acabados y los procedimientos judicialmente vivos o en curso.

    • Con respecto a los procedimientos acabados, con esta nueva regulación no se aborda ninguna opción para todas aquellas personas que ya han perdido su vivienda, condenándolos de esta forma a la exclusión social. Se legaliza el abuso bancario sobre el consumidor que ya ha sido desalojado.
    • Con respecto a los procedimientos vivos:
      Se fija un plazo de caducidad de un mes, cuando hasta ahora no había plazo, y equipara la publicación en el BOE a la expresión “tener conocimiento”, provocando la consiguiente inseguridad jurídica por notificación mal realizada. En muchos casos este plazo supone absoluta indefensión, pues la mayoría de la población no tiene por costumbre leer el BOE.

    Pretende legalizar cláusulas abusivas. Así, fija los intereses de demora en tres veces el interés legal del dinero, cuando venían fijándose en 2,5 veces o incluso menos (ver Audiencia de Girona así como la ley de contratos de consumo 16/2011). En Alemania, por ejemplo, los intereses no pueden superar el 3%, y en otros países europeos se fija en el tipo legal más 1 ó 2 puntos.
    Se permite la aplicación de intereses de demora una vez declarada nula la cláusula, cuando antes se impedía su integración.
    Se permite fijar el precio para la subasta en un 75% de su valor de tasación, cuando antes era del 100%. En caso de quedar desierta la subasta, aparentemente el valor de adjudicación sube al 70% (respecto al 60% anterior); sin embargo, si ese porcentaje generara saldo a favor del deudor, la adjudicación seguirá siendo por el 60%. El banco nunca pierde.
    Se rompe el principio de ineficacia de los actos declarados nulos.
    Se produce una violación del derecho a la tutela judicial efectiva y queda patente la ausencia de igualdad de “armas” para poder defenderse. En caso de que el juez estime la existencia de cláusulas abusivas, el banco puede interponer recurso. En cambio, si el juez desestima la existencia de las mismas la persona afectada no podrá recurrir.
    Se produce incluso discriminación por edad (caso de las familias que pueden acogerse a la moratoria del desahucio sólo en caso de que haya un menor a 3 años), una discriminación que podría considerarse inconstitucional.

    1. 2-Se mantienen los desalojos forzosos
    Se permiten desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Desalojos con criterios arbitrarios, violándose la Convención de derechos del niño (ONU), y el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), entre otras normas vinculantes, anteriores a la Ley 1/2013 del 14 de mayo.

    3-Se mantiene la deuda perpetua
    Prevalece la idea de “muerte civil” del deudor hipotecario. A pesar de que formalmente introduce la posibilidad de la retroactividad (desmintiendo así la imposibilidad técnica de la retroactividad, defendida hasta ahora por el legislador), las condiciones prácticas de dicha retroactividad (poder pagar el 65% de la deuda, más intereses, en 5 años, o el 80% más intereses en 10 años) impiden llevarla a la práctica. Así, representa una condonación irreal de la deuda. Para el 99% de los afectados, en la práctica, supone mantener la deuda para el resto de su vida, produciéndose una vez más una violación de los DDHH, y condenando a la exclusión social a la inmensa mayoría de los afectados.
    La Ley tampoco acaba con el abuso fiscal que vienen sufriendo las personas afectadas por ejecuciones o aquellas que, con gran dificultad, logran la dación en pago. En ambos casos (a excepción de los pocos casos que entran en el llamado “decreto de buenas prácticas”) el estado seguirá lucrándose gravando la pérdida de vivienda como si se tratara de una compraventa beneficiosa para la persona afectada.

    Resumiendo:

    Se deniegan derechos ya reconocidos por la legislación vigente, la jurisprudencia o las directivas europeas.
    Una norma hecha al dictado de los bancos, que una vez más viola DDHH y excluye totalmente a los más vulnerables.
    Evidentemente no han querido solucionar el problema con la nueva ley y ni mucho menos con la finalidad que dicen haberla aprobado: no es su intención proteger a los deudores, sino hacer un muro de contención contra sus legítimas reclamaciones y contra el avance de las medidas respaldadas tácita o expresamente por una gran mayoría de la población a través de la ILP.


    2. Respuesta de la PAH

    • Kit de emergencia: consideramos que el plazo de un mes que establece la nueva ley para alegar cláusulas abusivas es ilegal, puesto que es contrario a la legalidad comunitaria de defensa del consumidor frente a cláusulas abusivas (Directiva 93/13/CEE y jurisprudencia del TJUE que la interpreta). Sin embargo, aunque esperamos que ese plazo podrá ampliarse en los juzgados, el equipo jurídico de la PAH ha realizado un “kit de emergencia”, con el fin de facilitar a las personas afectadas con procedimientos de ejecución en curso que puedan plantear las cláusulas abusivas dentro del plazo inicial de un mes, y que finaliza el próximo 16 de junio de 2013. El kit se compone de: consejos generales para alegar cláusulas abusivas; modelo de escrito para solicitar justicia gratuita; modelo escrito para plantear las cláusulas abusivas; modelo escrito para solicitar suspensión subasta notarial (en el caso de procedimientos extrajudiciales, acompañado también por una guía específica para las notariales). Ver documentos
    • Llamamiento a los jueces: sin duda en el último año la mayoría de los jueces han demostrado mayor y mejor conocimiento de la realidad social que el propio Gobierno, y muchos han denunciado ya la ineficacia de la ley recientemente aprobada por la mayoría absoluta del PP. Ahora les pedimos que mantengan esa sensibilidad, que no se resignen y, en aplicación de la normativa europea, vayan más allá de la Ley 1/2013. Así, confiamos en que actuarán de oficio en el análisis de las cláusulas abusivas o, en su defecto, no permitirán la indefensión de las personas afectadas (generada por la notificación vía BOE), dando traslado de la posibilidad de plantear las cláusulas abusivas a todas las personas con procedimientos en marcha. Les invitamos también a estudiar la posibilidad de trasladar las contradicciones relacionadas tanto con la indefensión, como con la contradicción con la normativa comunitaria, tanto por la vía de la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como por la vía de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
    • Llamamiento a la población: el estado español vive una vulneración de derechos fundamentales generalizada y una auténtica emergencia habitacional, a pesar de tener viviendas de sobra. Si algo no falta en este país son viviendas, pero al menos tres millones y medio de primeras residencias (según los últimos datos del INE) se encuentran vacías, muchas de ellas en manos de entidades financieras rescatadas con nuestro dinero, o directamente en manos de la gestión pública a través de la SAREB o “banco malo”. El estado prioriza la especulación por encima de los derechos humanos de la población y legisla una y otra vez a favor de los criminales que han hundido la economía entera del país.Frente a una situación tan excepcional, es más necesaria que nunca la movilización ciudadana. No sólo para seguir presionando a los poderes públicos y así forzarles a que actúen de acuerdo al interés general. Sino sobre todo para demostrar que, si hay voluntad política, sí se puede. Se puede tutelar de manera efectiva nuestro derecho a una vivienda digna, forzando a los bancos a negociar daciones en pago, condonaciones y alquileres sociales. Se puede desobedecer leyes injustas y parar desahucios gracias a la solidaridad y el apoyo mutuo entre vecinas y vecinos. Se puede recuperar las viviendas vacías en manos de los bancos y que incumplen su función social, para entregarlas a quienes las necesitan, a través de la Obra Social de la PAH.

    La ILP impulsada por la PAH y otros colectivos está más viva que nunca, porque sus medidas son más necesarias que nunca. Tarde o temprano el Gobierno se verá obligado a aprobarlas, porque sin ellas no sólo se vulneran los derechos de los ciudadanos, sino que será imposible salir de la crisis. Hasta entonces, seguiremos defendiendo la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social en la calle, rescatando personas y señalando responsables.

    ¡Sí se puede! Y lo estamos demostrando

    Kit de emergencia

    Consejos para solicitar la justicia gratuita

    También puedes descargarte todos los archivos en un .zip aquí